LA ECONOMÍA NACIONAL NO ESTÁ MAL PERO VA PEOR
No está mal porque se mantiene un ritmo de crecimiento positivo. En 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 4.3%, la tasa más alta en América Latina. Pero va peor porque el crecimiento se ha desacelerado y existen varios otros síntomas de que la economía se va frenando.
Al primer trimestre de 2017, la economía redujo su crecimiento a tan solo 3.3%, que es la tasa más baja en siete años, confirmándose la tendencia de un crecimiento más lento y débil.
La dinámica económica general se asienta cada vez más en actividades no transables (servicios financieros, construcción, transporte), que se expanden por encima de la tasa de crecimiento del conjunto de la economía.
En contrapartida, los sectores productivos mantienen un desempeño negativo. Así, en 2016 el sector de hidrocarburos ha continuado con una tasa de crecimiento negativo de -4.4%, y de -14.1% al primer trimestre de 2017. Agricultura, por su parte, exhibió en 2016 un crecimiento débil de 3.1% en 2016, con un mayor aporte de la soya y derivados, y la contracción de la mayoría de productos agrícolas y alimentarios.
En tanto que la minería, que en 2016 había repuntado con 4.7% de crecimiento, al primer trimestre de 2017 decrece nuevamente en -1.6%, debido sobre todo a la contracción en el sector de cooperativas y minería chica.
Ello significa que la económica se sostiene sobre bases frágiles, y por lo cual la continuidad de la caída en el ritmo de crecimiento resulta previsible.
LOS DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS
El principal de ellos, pero no el único, es déficit fiscal que se dispara. Este 2017 tendremos déficit fiscal por cuarto año consecutivo, y con una cifra más alta: 7.8% del PIB. En 2016 el déficit fiscal fue 6.6%.
Sin embargo, el déficit fiscal no petrolero ha sido mucho más alto: 9.5%. El balance deficitario en las cuentas públicas refleja la caída de los ingresos públicos (sobre todo por el desplome de las exportaciones de gas natural), y también la sostenida expansión del gasto público.
El déficit fiscal se financia con un mayor endeudamiento (en una proporción de 30%) y con la pérdida de reservas internacionales, en proporción de 70%. De hecho, en 2016 se perdieron $us 3.000 millones de reservas internacionales. Lo cual provoca, a su vez, un déficit en la balanza de pagos: 6% del PIB en 2016.
Este déficit refleja también un saldo comercial negativo: pasamos de un 3% de superávit en la balanza comercial en 2014 a un déficit de 7% en 2016. Exportamos muchos menos que lo que importamos.
PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD
La política de tipo de cambio fijo -inalterable desde el año 2000- erosiona la capacidad de contrarrestar las devaluaciones en los países de la región, lo que ha afecta directamente a las exportaciones nacionales y también a los productos que pueden sustituir importaciones. La apreciación del tipo de cambio real ha sido de casi 30% en el período 2010-2016.
La pérdida de competitividad de las exportaciones nacionales, por efecto de la sobrevaloración de la moneda local, ocasiona un crecimiento desmesurado de las importaciones. A pesar de la importante pérdida de ingresos por exportación, las importaciones se mantienen en un nivel considerablemente alto.
La producción nacional tiene muchas dificultades para competir con la producción extranjera. Como resultado, aumenta la dependencia de los bienes importados, incluso de alimentos, con grave perjuicio para los productores e industriales bolivianos. De mantenerse esta tendencia, Bolivia puede llegar a convertirse en un importador neto de alimentos.
Otro factor que incide en la pérdida de competitividad son los incrementos salariales, sin mejora de productividad laboral, y que encarecen excesivamente los costos de producción de las empresas.
De este modo, hay cada vez más negocios que se refugian en la informalidad, y no únicamente por eludir obligaciones y controles sino por la gran diferencia en los costos laborales. El costo laboral en el sector formal es, en promedio, 40% más que en el sector informal.
SE CRECE MENOS Y CON UN ALTO COSTO FISCAL
La política económica que mantiene el gobierno conlleva altos costos fiscales, que se traducen en déficit fiscal elevado y en saldos negativos de la balanza comercial y de pagos. El problema más acuciante tiene que ver con la sostenibilidad fiscal de un modelo económico sustentado en la inversión pública, en actividades no transables y en la demanda agregada, las cuales, en ausencia de una oferta interna competitiva, presionan por importaciones demandantes de divisas baratas.
Los riesgos de insostenibilidad son inherentes a la política fiscal expansiva, como también al peso creciente del sector público en la economía. El peso relativo del sector público es tendencialmente creciente: si el año 2010, el gasto total representaba el 32% del PIB, en 2015 llegó a representar el 45% del PIB, un nivel mayor al promedio del gasto público en América Latina.
Un problema crítico es que la mayoría de las empresas públicas registran déficits crecientes. Inclusive YPFB ha reducido sus utilidades a $us 36 millones en 2016, que es un 80% menos de utilidades que en 2015. En los años 2011 y 2014, YPFB tuvo utilidades superiores a $us 900 millones.
Pero no solo eso: en los años 2004 y 2005, con bajos precios, YPFB obtuvo utilidades de alrededor de $us 160 millones anuales, es decir cuatro veces más que ahora. Todo esto muestra la gravedad de la situación de la estatal petrolera y en realidad del conjunto de empresas públicas a las cuales el gobierno ha destinado $us 4.000 millones de crédito del Banco Central en 2016.
BOMBAS DE TIEMPO
La orientación expansiva de la política fiscal conlleva no solo el potencial de un mayor escalamiento del déficit fiscal, sino también del déficit en cuenta corriente y, consiguientemente, de la pérdida de reservas internacionales. Una economía que crece menos, pero demandando un esfuerzo fiscal cada vez mayor, no es sostenible en el mediano plazo.
Los desequilibrios macroeconómicos son potencialmente críticos. Son como bombas de tiempo que pueden estallar en algún momento, y lo que actualmente es un aterrizaje suave de la economía puede derivar en aterrizaje brusco y forzado. Urge pues corregir los desequilibrios macroeconómicos: Todos los países vecinos los están haciendo, sacudidos por choques externos y forzados a emprender ajustes macroeconómicos.
¿Puede Bolivia sustraerse a la necesidad de implementar reformas fiscales y monetarias, sin correr el riesgo de ver socavada su estabilidad macroeconómica?
La falta de acción pueda socavar la estabilidad económica del país. Nuestra economía ya no puede funcionar con la inercia de los años de bonanza; requiere de mucho más que parches o medidas sueltas. No hacer nada es una receta segura a la crisis.
LAS REFORMAS NECESARIAS
El país necesita un plan coherente para corregir los desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, pérdida de reservas internacionales, déficit de las cuentas externas, baja competitividad de las exportaciones, dependencia excesiva de importaciones, un sector público sobredimensionado, ineficiente y con mucha corrupción.
La tarea prioritaria es resguardar la estabilidad económica, saneando las cuentas públicas, recortando el gasto público dispendioso y devolviéndole competitividad a la producción nacional.
La situación inmediata requiere de un renovado impulso de política económica para una recuperación sostenible y con cimientos sólidos y estables.
La disyuntiva actual es la continuidad de un modelo económico con claros signos de agotamiento, o bien transitar a un nuevo modelo de crecimiento con diversificación económica y una competitividad basada en productividad y con protagonismo de la iniciativa privada.
Bolivia tiene que apostar a la productividad, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo empresarial como los nuevos motores de crecimiento. Desarrollar estas capacidades productivas y humanas es el desafío estratégico central, lo que además presupone que se den las condiciones políticas e institucionales necesarias para promover la inversión privada y mejorar el clima de negocios.
29 de octubre de 2017
Fuente: La Patria
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