Bolivia mantiene la tendencia negativa de varios años con respecto al Estado de Derecho, una de las condiciones básicas para la convivencia pacífica y un orden político que provee seguridad y respeto de los derechos humanos. Según el Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), Bolivia ocupa el puesto 129 de 139 países evaluados, con un puntaje de 0.39, en la escala que va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho.
En la clasificación regional, Bolivia se halla en el lugar 29 de 32 países, compartiendo los puntajes más bajos con Nicaragua, Haití y Venezuela, y en el puesto 29 de 35 países de ingreso mediano bajo. El mejor evaluado en América Latina es Uruguay, con un puntaje de 0.7 1 (en el lugar 25 de 139 países), seguido de Costa Rica (0.68) y de Chile (0.66). La calificación que obtiene Bolivia no solo que dista mucho de esos y otros países, sino que muestra el deterioro persistente de la situación del Estado de Derecho. Esto debe ser un llamado de atención para los bolivianos.
Definición de Estado de Derecho
Durante más de una década, el WJP ha implementado la herramienta más completa para medir el estado del Estado de Derecho en el mundo. El Índice de Estado de Derecho captura las experiencias y perspectivas de la población general y especialistas sobre diferentes dimensiones del Estado de Derecho, y presenta un panorama de las tendencias, fortalezas y debilidades institucionales sobre este tema. De ahí su relevancia.
El WJP define el Estado de Derecho como un sistema durable de leyes, instituciones, normas y compromisos comunitarios. Su vigencia es garantía de ciertos principios universales, como: i) Rendición de Cuentas, entendida como la obligación del gobierno y de los actores privados de rendir cuentas ante la ley; ii) Leyes justas, de manera que las leyes sean claras, estables y aplicadas de forma equitativa, protegiendo los derechos fundamentales de la población; iii) Gobierno abierto, que es la condición necesaria a fin de que los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes sean accesibles, justos y eficientes; iv) mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, lo que significa que la justicia se aplica de forma oportuna por autoridades competentes, éticas, independientes y neutrales.
Dichos principios se fundamentan, a la vez, en dos premisas básicas en la relación del gobierno y los ciudadanos: En primer lugar, que el Estado de Derecho impone límites a la autoridad del Estado, gobernantes y funcionarios. Y segundo, que el Estado limita las acciones de los individuos y organizaciones privadas para defender el interés general, proteger a las personas de la violencia y proveer a la sociedad mecanismos pacíficos y efectivos de resolución de conflictos y demandas.
Desde esta conceptualización, el Índice del Estado de Derecho se compone de 8 factores, que son los que se miden en cada ejercicio anual que lleva a cabo el WJP, procesando la información de miles de encuestas a la población en general y a expertos en justicia alrededor del mundo. Estos 8 factores son: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil, 8) justicia penal.
El perfil de Bolivia
A continuación, resumimos los puntajes obtenidos por Bolivia en la última medición del año 2021, a partir de los cuales se establece su posición en los rankings de comparación entre países y se define su perfil en materia de Estado de Derecho.
Límites al poder gubernamental: Para medir esta variable, se han evaluado las capacidades de los otros órganos estatales de limitar el poder del Ejecutivo, arrojando estos puntajes. Poder Legislativo 0.38; Poder Judicial 0.29; Auditorías independientes 0.33; Sanciones por conductas indebidas 0.29; Contrapesos no gubernamentales 0.48; Transición de poder 0.47. Los puntajes son muy bajos, y la conclusión evidente es que impera un régimen político de alta concentracion del poder y que los controles y contrapesos son débiles o inexistentes, lo que es contrario a la democracia.
Ausencia de corrupción: La situación que muestra el informe es esta: Poder Ejecutivo 0.36; Poder Judicial 0.20; Policía/Ejército 0.29; Poder Legislativo 0. 24. Los puntajes describen un Estado con altos niveles de corrupción.
Gobierno abierto: Leyes y datos disponibles al público 0. 31; Derecho a la información 0.41; Participación cívicas 0.48; Mecanismos de queja 0.51. Con excepción de este último, los otros puntajes dibujan un sistema de gobierno cerrado y excluyente.
Derechos fundamentales: Ausencia de discriminación 0.39; Vida y seguridad 0.43; Debido proceso legal 0.34; Libertad de expresión 0.48; Libertad religiosa 0.63; Derecho a la privacidad 0.40; Libertad de asociación 0.55; Derechos laborales 0.52. Los problemas críticos tienen que ver principalmente con la discriminación, el debido proceso, la vida y la seguridad, en contraste con los puntajes positivos en libertad religiosa y de asociación y de derechos laborales.
Orden y seguridad: Ausencia de delitos 0.58; Ausencia de conflicto civil 1.00; Ausencia de justicia por mano propia 0.19. En esta variable es remarcable la percepción de ausencia de conflicto civil. Al mismo tiempo, llama la atención el contraste entre la nota de aprobación en el factor de ausencia de delitos con la recurrencia de la gente a tomarse la justicia por mano propia, que, por lo mismo, sugiere un alto grado de delitos que no se encauzan a través del sistema judicial.
Cumplimiento regulatorio: Aplicación efectiva de regulaciones 0.47; Ausencia de influencias indebidas 0.47; Ausencia de retrasos injustificados 0.46; Respeto al debido proceso 0.20; No expropiación sin compensación adecuada 0.43. Los puntajes denotan déficits prominentes en la regulación de la actividad económica.
Justicia civil: Justicia accesible 0.47; Ausencia de discriminación 0.30; Ausencia de corrupción 0.23; Sin influencias indebidas 0.21; Sin retrasos injustificados 0.24; Aplicación efectiva 0.30; Mecanismos alternativos e imparciales 0.58. Los datos no dejan dudas de las graves falencias del sistema de justicia civil.
Justicia penal: Investigaciones efectiva 0.21; impartición de justicia puntual y efectiva 0.14; Sistema penitenciario efectivo 0.20; Ausencia de discriminación 0.29; Ausencia de corrupción 0.24; Sin influencias indebidas 0.12; Debido proceso legal 0.34. Se repite la percepción de las graves fallas de la justicia penal, que refuerzan la sensación de aguda crisis del sistema judicial boliviano.
Conclusiones
La medición de las variables que componen el Índice de Estado de Derecho describe la situación delicada y crítica del Estado de Derecho en Bolivia. No sorprende entonces que el país figure en los últimos lugares en los ranking global y latinoamericano y que sus puntajes en la mayoría de los factores evaluados sean de reprobación y sumamente bajos.
Hay que subrayar que este último Índice (2021) no muestra progresos con relación a los informes anteriores; al contrario, el panorama es de una continuada erosión de las instituciones del Estado de Derecho, y por lo cual se puede hablar incluso de ausencia de Estado de Derecho.
Es particularmente notoria la debilidad de los poderes legislativo y judicial para ejercer como contrapesos efectivos y evitar la deriva autoritaria del gobierno. Esto, aunado al carácter cerrado del sistema de gobierno, carente de mecanismos eficaces de control ciudadano, explican la corrupción sistémica en la gestión pública.
El problema más crítico es la pérdida de independencia y el descalabro institucional que aqueja al sistema judicial, incapacitado, por lo mismo, de proteger los derechos fundamentales y proporcionar seguridad a los ciudadanos y de poner freno a los abusos del poder político y los funcionarios.
El sistema de gobierno conlleva fallas crónicas en la aplicación de regulaciones económicas, laborales, ambientales, de salud pública y de protección de los consumidores, regulaciones no condicionadas por la presión política, el soborno y otras influencias indebidas, y sin garantías de la aplicación correcta de la ley, de respeto a los derechos de propiedad de las personas y las empresas y del debido proceso en los procedimientos administrativos; todo lo cual socava la seguridad jurídica y desalienta las inversiones.
El Estado de Derecho es crucialmente relevante, puesto que afecta a todas las personas en la vida cotidiana e incide en el desenvolvimiento económico, social y político del país. El indicé del Estado de Derecho configura una tendencia negativa que el país arrastra por mucho tiempo, con las consecuencias antedichas.
Por ello, el restablecimiento del Estado de Derecho es uno de grandes desafíos que tiene la sociedad boliviana. De ello depende la posibilidad de reconstruir un sistema de gobierno democrático, abierto y transparente, y también de recrear un ambiente propicio para las inversiones, la estabilidad y el crecimiento económico.
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