El Informe Nacional de Coyuntura 488 de la Fundación Milenio sostuvo que actualmente, “lo único claro es que el gobierno está en una encrucijada: o persiste en imponer un sistema estatizado de pensiones que tantas dudas y desconfianza genera o bien resuelve con sensatez por dar marcha atrás a fin de preservar un sistema de administración privada que hasta ahora ha venido funcionando con relativa eficacia y evita así destruir la institucionalidad de un sistema que la sociedad boliviana ha aceptado y a la que se ha adaptado sin mayores resistencias y contratiempos”.
En su artículo, que tuvo la colaboración de Armando Álvarez, Milenio advirtió que al pasar la administración de los aportes de los trabajadores de las AFP a la Gestora Pública se generó un potencial conflicto de interés, por el hecho de que el Estado es el principal deudor de los fondos de pensiones que pasarán a ser administrados por la Gestora, pues debe más de 7 mil millones de dólares. Además, indicó que esta Gestora Pública no es independiente del Gobierno y está supeditada a las decisiones del Ministerio de Economía.
A ello agrega que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que debe supervisar, fiscalizar, controlar y regular a la Gestora Pública, es también un brazo operativo del Ministerio de Economía, “con lo cual se configura una situación anómala en la que el administrador, regulador y principal deudor de los aportes de propiedad de los trabajadores es el mismo organismo, es decir el Estado”. Esa situación genera dudas y desconfianza en la población, advirtió.
Posteriormente, Milenio cita al artículo 123 de la Constitución, que establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, salvo para ciertos casos en materia laboral, penal y de corrupción.
En ese sentido, Milenio advierte que la obligatoriedad de que los aportes para la jubilación pasen o sean administrados por la Gestora Pública debería ser aplicable tan solo para los trabajadores afiliados al sistema a partir de la promulgación de la CPE, en 2009, y en ningún caso para los aportes de los más de 1.200.000 trabajadores que ya estaban afiliados a las AFP, y que representan la mitad de todos los afiliados a junio de 2022.
“Una interpretación distinta, que, de facto, y sin más, traslade los aportes de todos los afiliados a la Gestora Pública, independientemente del momento de su afiliación, supondría desconocer las garantías constitucionales y los derechos de los trabajadores”, acotó Milenio.
20 de octubre de 2022
Fuente: Brújula Digital
