BRÚJULA DIGITAL: Surgen propuestas para enfrentar el rechazo de sectores a la Gestora Pública
20 de octubre de 2022
El Informe Nacional de Coyuntura 488 de la Fundación Milenio sostuvo que actualmente, “lo único claro es que el gobierno está en una encrucijada: o persiste en imponer un sistema estatizado de pensiones que tantas dudas y desconfianza genera o bien resuelve con sensatez por dar marcha atrás a fin de preservar un sistema de administración privada que hasta ahora ha venido funcionando con relativa eficacia y evita así destruir la institucionalidad de un sistema que la sociedad boliviana ha aceptado y a la que se ha adaptado sin mayores resistencias y contratiempos”.
En su artículo, que tuvo la colaboración de Armando Álvarez, Milenio advirtió que al pasar la administración de los aportes de los trabajadores de las AFP a la Gestora Pública se generó un potencial conflicto de interés, por el hecho de que el Estado es el principal deudor de los fondos de pensiones que pasarán a ser administrados por la Gestora, pues debe más de 7 mil millones de dólares. Además, indicó que esta Gestora Pública no es independiente del Gobierno y está supeditada a las decisiones del Ministerio de Economía.
A ello agrega que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que debe supervisar, fiscalizar, controlar y regular a la Gestora Pública, es también un brazo operativo del Ministerio de Economía, “con lo cual se configura una situación anómala en la que el administrador, regulador y principal deudor de los aportes de propiedad de los trabajadores es el mismo organismo, es decir el Estado”. Esa situación genera dudas y desconfianza en la población, advirtió.
Posteriormente, Milenio cita al artículo 123 de la Constitución, que establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, salvo para ciertos casos en materia laboral, penal y de corrupción.
En ese sentido, Milenio advierte que la obligatoriedad de que los aportes para la jubilación pasen o sean administrados por la Gestora Pública debería ser aplicable tan solo para los trabajadores afiliados al sistema a partir de la promulgación de la CPE, en 2009, y en ningún caso para los aportes de los más de 1.200.000 trabajadores que ya estaban afiliados a las AFP, y que representan la mitad de todos los afiliados a junio de 2022.
“Una interpretación distinta, que, de facto, y sin más, traslade los aportes de todos los afiliados a la Gestora Pública, independientemente del momento de su afiliación, supondría desconocer las garantías constitucionales y los derechos de los trabajadores”, acotó Milenio.
20 de octubre de 2022
Fuente: Brújula Digital
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