Según el thin tank, la atracción de la inversión extranjera hará posible incorporar a la actividad productiva los recursos minerales del Escudo Precámbrico Boliviano y de las zonas fronterizas del territorio nacional, en condiciones compatibles con la producción agropecuaria, protegiendo el medio ambiente y con apego a las normas constitucionales.
Bolivia es un país con importantes recursos mineralógicos, pero sin las capacidades tecnológicas, productivas, financieras y empresariales para aprovechar ese potencial en su vasta geografía andino-amazónica. La falta de inversiones, la inseguridad jurídica, el intervencionismo estatal, la incertidumbre política, la informalidad en la actividad extractiva y el deterioro ambiental, entre otros, son barreras que frenan la minería nacional.
De acuerdo al libro de la Fundación Milenio, Hacia una minería sostenible, competitiva e inclusiva. Estrategia de Desarrollo Minero, presentado hoy en la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, Bolivia tiene una oportunidad histórica para desarrollar su industria minera, respondiendo a la creciente demanda de metales en el mercado internacional. En la última década, el comercio mundial de metales ha crecido un 10% anual, impulsado por la transición energética y la cuarta revolución industrial.
Henry Oporto, director de Milenio, afirma que, de 38 metales, catalogados como “minerales críticos”, por su relevancia estratégica y su escasez en el mundo, Bolivia posee 31 de ellos, entre metales básicos y otros que la industria utiliza para producir bienes y servicios tecnológicos.
Oporto llama la atención sobre los recursos existentes en el Precámbrico Boliviano, una franga geológica situada en el extremo Este del país, que cuenta con una variedad de depósitos de oro, cobre, níquel paladio, osmio iridio, metales del grupo del platino, uranio, torio, niobio, tierras raras, fosfatos y muchos otros.
“A la vista de esta vasta riqueza minera, que permanece inexplorada y sin aprovechamiento productivo, Santa Cruz tiene como asignatura pendiente integrar la actividad minera sostenible en su estructura económica, de manera de diversificar su producción y su oferta de bienes de exportación”, sostiene el representante de Milenio.
También considera necesario crear un régimen jurídico, económico, administrativo y de seguridad, en las zonas de frontera del territorio nacional, para aprovechar los recursos naturales en esas áreas, y principalmente minerales, tal como lo hacen los vecinos Perú, Chile, Brasil y Argentina, promoviendo y facilitando las inversiones extranjeras.
Actualmente, un área aproximada de 260.600 Km2, comprendida dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera internacional que posee Bolivia, permanece vedado a la inversión extranjera, debido a que la CPE prohíbe a cualquier persona extranjera poseer propiedad o título sobre el suelo o subsuelo, excepto en caso de necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa.
“El Anteproyecto de Nueva Ley de Minería, formulado por Milenio, crea el Instituto de Promoción de Inversiones en Zonas de Seguridad Fronteriza, como entidad autárquica y especializada, para administrar ese régimen especial, respetando la previsión constitucional”, explica el investigador.
Una de las metas de la Estrategia de Desarrollo Minero es que, en 5 años, el valor de la producción minera se duplique, pasando de 2.751 millones de dólares a 5.322 millones. De este modo, la participación de la minería en el PIB total subiría de 5.26% al 10%; un porcentaje equivalente al que tiene el sector minero del Perú en el PIB total de ese país.
A fin de poder dar este salto productivo, Bolivia requiere movilizar al menos 5 mil millones de dólares de inversiones en nuevos proyectos mineros, en un quinquenio. De lograrse esta meta, la minería se afirmaría como el sector líder en exportaciones y en generación de divisas, además de ser el motor de crecimiento de la economía nacional, asevera el documento de Milenio.
“Se trata de un objetivo ambicioso, pero no imposible de alcanzar si se crea el ambiente propicio para una minería dinámica, con reglas claras, impuestos equitativos, incentivos a la exploración, protección a las operaciones mineras, estabilidad económica y social, Estado de derecho y gobernanza en el sector minero”, argumenta Oporto.
26 de noviembre de 2024
Fuente: EJUTV
