Ignorar el problema no significa que no existe. El informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, de Henry Oporto y Ricardo Calla, de la Fundación Milenio, desnuda una realidad incómoda que la desgloso: entre 2006 y 2025, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal de oro y el lavado de dinero dejaron de ser fenómenos periféricos para convertirse en componentes estructurales de la economía boliviana. El cambio político de la hegemonía de Evo al cambio de Paz, puede haber modificado el discurso, pero no logra desmontar las redes construidas durante dos décadas.
El poder social acumulado por la ilegalidad
El problema más profundo no es solamente cuánto dinero mueve la ilegalidad, sino cuánto poder social acumuló. Los autores describen un entramado de clanes familiares, microcarteles y estructuras comunitarias que ejercen autoridad territorial allí donde el Estado retrocede. Sindicatos del Chapare, contrabando de autos “chutos” y cooperativas mineras muestran distintas caras de una misma realidad, en actividades ilegales que generan empleo, ingresos y, sobre todo, legitimidad social. Entonces, cuando la transgresión paga las cuentas, aplicar la ley deja de ser una operación policial y se convierte en un conflicto político.
Captura institucional y la «lista gris» del GAFI
La captura institucional explica buena parte de esta impunidad, la Policía, golpeada por casos como los de René Sanabria, Óscar Nina y Maximiliano Dávila, exhibió hasta qué punto el narcotráfico pudo penetrar estructuras encargadas de combatirlo. La justicia tampoco salió indemne: la pérdida de meritocracia e independencia durante los gobiernos del MAS debilitó los controles que debían contener al poder político y al crimen organizado. El resultado tiene una expresión internacional contundente: Bolivia regresó a la “lista gris” del GAFI en junio de 2025, una señal inequívoca de las fallas en la prevención del lavado de activos.
El gobierno de Rodrigo Paz y los límites de la interdicción
El gobierno de Rodrigo Paz llegó con la promesa de romper ese ciclo, la reactivación de la cooperación internacional, el acuerdo “Escudo de las Américas” de marzo de 2026, el retorno de la DEA, el convenio de 20 millones de dólares con la INL estadounidense y la captura de Sebastián Marset proyectaban la imagen de un Estado dispuesto a recuperar terreno. Pero detener capos produce titulares; desmontar estructuras exige instituciones, y los mercados ilícitos no desaparecen con una fotografía policial: mutan, reemplazan operadores y reconstruyen sus redes cuando las reformas no alcanzan el fondo del problema.
La válvula de escape social y económica
Ahí aparece la contradicción central. Las economías ilegales también funcionan como válvula de escape frente al desempleo, la informalidad, la escasez de divisas y la debilidad productiva. Pretender combatirlas únicamente con interdicción es políticamente cómodo, pero estratégicamente insuficiente. Mientras el Estado no genere empleo formal, oportunidades productivas y mercados legales competitivos, millones de ciudadanos seguirán encontrando en la informalidad —y en algunos casos en la ilegalidad— una alternativa más rentable y accesible que la economía formal.
¿Administrar la crisis o transformar las causas?
Por eso la propuesta de una Estrategia Democrática de Seguridad Pública plantea una pregunta que el poder ya no puede esquivar: ¿quiere administrar la crisis o transformar sus causas? Bolivia no necesita otra narrativa de renovación mientras las viejas estructuras sigan intactas. Porque un Estado que captura delincuentes pero no recupera instituciones apenas ilumina por instantes un país que continúa caminando sobre un campo minado.
30 de agosto de 2026
Fuente: El Deber
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