Existe cada vez más acuerdo acerca del imperativo de actuar frente a los problemas de calentamiento global y del cambio climático y de cuyas consecuencias ningún país está a salvo. Este es uno de los grandes desafíos en el siglo XXI, y toca a todos los estados asumir iniciativas concertadas para buscar las respuestas más prontas y eficientes. En Bolivia paulatinamente cobra fuerza el debate acerca de estas cuestiones fundamentales. La respuesta pasa sin duda por transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible, en línea con los grandes acuerdos internacionales y en particular los adoptados en la Cumbre de París de 2015, que incluso ha marcado una agenda de objetivos y metas (la Agenda 2030), que compromete a los gobiernos nacionales. Para Bolivia está clara la necesidad de adoptar un conjunto de nuevas políticas que permitan encauzar un crecimiento económico sustentable, evitando la contaminación, reduciendo los impactos ambientales, mejorando la capacidad de absorción de los ecosistemas, impulsando la producción de bienes orgánicos y fortaleciendo los servicios ambientales, entre otras acciones indispensables.
Simplificar la gestión ambiental
La legislación boliviana prevé el uso de los instrumentos más reconocidos de la gestión ambiental, como las evaluaciones de impacto ambiental, las auditorías ambientales y los reportes ambientales. Los reglamentos de la ley de medio ambiente describen de manera detallada el campo de aplicación de cada uno de tales instrumentos y los contenidos y alcances de los informes. Lo paradójico es que los impactos ambientales no disminuyen, y la calidad de las inversiones no mejora. La situación concreta no condice, ni de lejos, con la legislación vigente. Ello se debe en gran medida a que se parte de un enfoque positivista del derecho: cambiando la norma, cambiará la realidad. Por otro lado, los legisladores asumieron que instrumentos más “completos” resultarían en inversiones más cuidadosas, ya que tenían que superar exámenes más exigentes. Supusieron, también, que los gobiernos colocarían el mejor personal posible para aplicar los nuevos instrumentos. Pero nada de eso ha ocurrido, más bien lo contrario. A la vista de esta experiencia, es de sentido común demandar la simplificación de los instrumentos de la gestión ambiental. A continuación, una forma de hacerlo1.
Evaluación de Impacto Ambiental:
El actual formato obliga al uso de la matriz de Leopold, una gran matriz de todas las acciones posibles con todas las consecuencias posibles. Los informes de impacto ambiental son larguísimos volúmenes que casi nadie puede leer. Y casi todos oscurecen el propósito principal de la evaluación ambiental. Por tanto es preciso cambiar el formato de los informes, obligando a que sean breves, concisos y vayan al punto central: informar si la inversión propuesta producirá impactos ambientales significativos o no, y qué medidas se podría adoptar para evitarlos, reducirlos o mitigarlos.
Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental:
este instrumento de evaluación ambiental se aplica, y sólo debe aplicarse a inversiones de gran magnitud, o a programas, o políticas que pueden producir impactos ambientales. Por consiguiente surgen tres condiciones para su aplicación: i) seleccionar cuidadosamente las inversiones, programas o políticas a las cuales se aplicará la evaluación estratégica; ii) asegurar que ésta pueda suministrar información significativa sobre los posibles impactos ambientales y el modo de eliminarlos, reducirlos o mitigarlos, y iii) prevér que ninguna inversión de gran magnitud, programa o política pueda realizarse sin que haya aprobado el examen de evaluación estratégica de sus impactos ambientales.
Auditorías Ambientales:
actualmente las auditorías ambientales se realizan sin regularidad y sin fines específicos, aunque son un instrumento extraordinario para detectar, en cualquier momento, los impactos y desempeño ambiental de cualquier entidad. Por consiguiente el gobierno debería estimular el surgimiento de empresas auditoras ambientales, a las que se pueda encargar los varios tipos de auditorías ambientales ya desarrollados.
Análisis de ciclo de vida:
El análisis de ciclo de vida permite conocer el impacto ambiental de un producto específico y compararlo con el de otro, por ejemplo, diez mil teléfonos celulares de marca X con diez mil celulares de marca YY. El análisis compara los recursos naturales empleados, los insumos y su capacidad contaminante, el consumo de energía, el tipo de desechos que generará y sus impactos en el medio ambiente. En Bolivia no existen muchas industrias que compitan entre sí, pero sí muchas empresas que importan bienes de capital y productos para consumo final. Este tipo de análisis permitiría castigar a unos productos y premiar a otros mediante aranceles e impuestos.
Reportes ambientales:
Todas las empresas que poseen capital por encima de un cierto umbral debería presentar obligatoriamente un reporte informando lo que hacen sobre el medio ambiente. Pero, la cuestión de fondo no es conseguir simplemente el informe. Es conseguir que las empresas midan el estado inicial del medio ambiente y suministren, año a año, información sobre las variables clave del medio ambiente en el que actúan, para ver si hay degradación, mantenimiento o mejora como consecuencia de su acción. Estos informes podrían ser auditados y usados contra la empresa en caso de falsedad.
Certificaciones:
Actualmente, obtener una certificación como productor orgánico o ecológico para poder usar los sellos correspondientes conlleva un gran esfuerzo, trámites y cumplimiento de requisitos. Pero el público ignora el significado de los sellos y sus ventajas y no está listo para pagar más por los productos que llevan el sello. Habría que facilitar los trámites para la obtención de la certificación “orgánica o ecológica”, informar al público y sancionar a los que usan los adjetivos “orgánico o ecológico” sin serlo. El gobierno actual ha echado por tierra los logros de Bolivia en la certificación del manejo de bosques y ha implementado una estrategia ridículamente lenta para promover la certificación de productores orgánicos de alimentos. Dada la gran expansión de ambos mercados, urge tomar medidas correctivas.
Evaluación Ambiental Rápida:
Este instrumento debería ser introducido a la brevedad posible, para obtener un panorama rápido, pero razonablemente completo de un problema ambiental, de un área o de una actividad y darle un uso técnico, administrativo o legal.
Gestión de riesgos y desastres:
La gestión de riesgos y desastres debe estar integrada en todos los niveles de la administración del Estado. Los riesgos pueden manejarse mejor, y los desastres reducirse, si se incluye un sistema de gestión de riesgos dentro de los sistemas de gestión ambiental ya existentes o dentro, simplemente, de los sistemas de gestión. La meta debe ser reducir al mínimo la exposición a riesgos y la ocurrencia de desastres, empleando principalmente la prevención, la preparación, la adaptación y la información, y secundariamente la mitigación y la reparación. Es mucho menos costoso invertir en prevenir que en reparar, para lo cual se requiere establecer la obligatoriedad de prevenir, preparar, adaptar.
Un sistema de información sencillo y confiable
Bolivia no cuenta con un sistema de información adecuado sobre el medio ambiente ni un corpus de indicadores confiables, útiles y oportunos. Los organismos oficiales informan lo que le parece bien, o lo que les solicitan los organismos internacionales, o bien compilan datos producidos por entidades subnacionales, algunos completamente insustanciales. La página web del Ministerio de Agua y Medio Ambiente no ofrece información por indicadores. Tampoco la Autoridad de la Madre Tierra. El INE ofrece información para 17 indicadores, pero de los cuales 12 son meteorológicos; nadie puede hacerse una idea del “estado del medio ambiente” a través de dichos indicadores. Lo lógico es que Bolivia adopte el sistema de indicadores de la OCDE e intente aproximarse a ellos.
La información sobre estos indicadores debería ser recogida de varias fuentes: órganos sectoriales especializados, ministerios, gobernaciones y alcaldías, empresas, ONG y otras. La entidad nacional competente tendría que centralizar y procesar la información colectada y facilitar un amplio acceso a las bases de datos y a los informes, estudios y análisis.
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1 Basado en el estudio de Gonzalo Flores: Bolivia puede cambiar a una economía limpia y diversificada. Fundación Milenio. Serie Análisis No 18. Febrero 2018, www.fundacion-milenio.org
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