Los sucesos de la Chiquitania interpelan sobre la naturaleza de un régimen político que hace de Bolivia un país más frágil y vulnerable, al desestructurar instituciones, empobrecer la función pública, socavar las capacidades estatales y alentar conductas sociales corrosivas de la convivencia constructiva y la responsabilidad ciudadana.
Todo indica que los incendios forestales en el país son un desastre ambiental de gran magnitud. De mi parte, sería ocioso abundar en más cifras y descripciones de este trágico suceso. Otros más calificados que, yo mismo, pueden hacerlo. Aunque no está demás tomar con beneficio de inventario ciertas cosas que hemos escuchado durante estas semanas, ya que también hay exageraciones, medias verdades, análisis ligeros, conclusiones apresuradas y especulaciones sin respaldo de evidencias ciertas: hay que separar la paja del trigo.
Cuanta falta hace un organismo oficial competente y con la credibilidad técnica y la independencia de juicio necesaria, para llevar a cabo una investigación prolija de los hechos, de las causas y circunstancias que las provocaron y las responsabilidades sobrevinientes, y por cierto una auditoría de los daños.
Se extraña aún más no tener un Legislativo respetable, digno de tal nombre, que asuma su función fiscalizadora y realice su propio proceso de investigación basado en reportes oficiales, convocando y recibiendo los testimonios de ministros y funcionarios, de gobernadores, alcaldes, fiscales, productores y comunarios, en audiencias públicas con amplia cobertura mediática; desplazando comisiones e indagando in situ, para finalmente debatir un informe de conclusiones mínimamente objetivo y fiable, que sirva para encauzar las acciones judiciales y parlamentarias que correspondieren; lograr que la verdad salga a la luz y las responsabilidades individuales e institucionales se identifiquen y se sancionen; que no pasemos sin más de las lamentaciones a la naturalización de la catástrofe, sin apenas intentar sacar lecciones y enseñanzas.
Tanto más ahora que ya sabemos de la vulnerabilidad de nuestro territorio a eventos ambientales y climáticos críticos, que podrían repetirse en el futuro.
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