Análisis No. 42. Un campo minado. Economías ilícitas – captura institucional – erosión del tejido social. ¿Cómo construir una estrategia democrática de seguridad pública?

28 de agosto de 2026

Analisis No. 42. Un campo minado. Economias ilicitas captura institucional erosion del tejido social. Como construir una estrategia democratica de seguridad publica
AUTORES: Henry Oporto / Ricardo Calla
FECHA: Agosto de 2026
PÁGINAS: 32

La Fundación Milenio presenta la Serie Análisis N° 42, titulada «Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social. ¿Cómo construir una estrategia democrática de seguridad pública?», redactada por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla.

Esta nueva entrega se inscribe dentro del proyecto internacional Redes en la sombra. Crimen Organizado Transatlántico y la Influencia Autoritaria en América Latina, conducido por el Centro para el Estudio de la Democracia (CSD) de Europa, en colaboración con diversos centros de pensamiento del continente.

Diagnóstico: Vulnerabilidad estructural y expansión de mercados ilícitos

El estudio examina de forma minuciosa la penetración de las economías ilegales en la estructura económica, política y social de Bolivia durante las últimas dos décadas (2006-2025). Se describe cómo actividades como el narcotráfico, el contrabando masivo, la minería ilegal del oro, el lavado de activos y el tráfico de personas han prosperado amparadas en zonas de penumbra entre la legalidad y la ilegalidad, una informalidad laboral cercana al 85% y la porosidad de las fronteras nacionales.

Entre los ejes centrales del análisis destacan:

  • Inserción en el tejido social: La articulación de redes delictivas descentralizadas, clanes familiares y estructuras comunitarias o sindicales que ejercen mecanismos de gobernanza informal y control territorial.

  • Desinstitucionalización y captura estatal: La grave penetración de la corrupción en la Policía Boliviana y sus unidades operativas, sumada al colapso del sistema judicial tras la implementación del sufragio popular para la selección de magistrados.

  • Precarización del control del lavado de dinero: El reingreso de Bolivia a la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), consecuencia de limitaciones técnicas, falta de autonomía de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) e insuficiente fiscalización sobre activos digitales y sectores vulnerables.

  • Ataque a la sociedad civil y a la libertad de prensa: Las presiones administrativas sobre organizaciones no gubernamentales y las crecientes vulneraciones a los derechos de periodistas y medios independientes.

Propuestas para una estrategia democrática de seguridad

Frente al riesgo que representan las mafias y la delincuencia transnacional para la gobernabilidad y la soberanía nacional, el informe sostiene que los esfuerzos parciales resultan insuficientes. Se requiere una estrategia sistémica, preventiva y basada en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, articulada en torno a cinco pilares de reforma:

  1. Reforma policial integral: Profesionalización académica, despolitización de la fuerza pública, mejora salarial y reestructuración del sistema penitenciario con enfoque de rehabilitación.

  2. Regeneración del sistema judicial: Formulación de un Pacto Nacional por la Justicia que devuelva la independencia, meritocracia y previsibilidad jurídica al Órgano Judicial y al Ministerio Público.

  3. Fortalecimiento del control financiero: Autonomía operativa para la UIF, implementación de registros públicos de beneficiarios finales y fiscalización rigurosa sobre el comercio del oro y los flujos transfronterizos.

  4. Transparencia e integridad pública: Promulgación de una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales modernizada para eliminar la opacidad en la administración del Estado.

  5. Cooperación internacional y regional revitalizada: Coordinación estrecha con organismos multilaterales (UNODC, Unión Europea, EUROPOL) y acuerdos bilaterales con países vecinos y agencias especializadas en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

El documento concluye que la viabilidad del proceso de estabilización y crecimiento de Bolivia depende de su capacidad para reconciliar la seguridad ciudadana con el imperio de la ley y el desarrollo de la economía formal.

 

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