De acuerdo al D.S. de nacionalización Nº 28701 (1º/mayo/06), se estableció un plazo de 180 días para que las empresas que “deseen” trabajar en Bolivia en el sector hidrocarburífero firmen los nuevos contratos petroleros. El plazo venció el 28 de octubre y los nuevos contratos fueron firmados por las empresas prácticamente al filo del plazo estipulado.
Con lo anterior, más el hecho de que no existió ninguna expropiación a las empresas petroleras, se confirma que esta “nacionalización” significó solamente un ajuste de contratos; sin embargo, la forma en que se sucedió este ajuste deja muchas dudas respecto a la forma, el contenido y la transparencia en las negociaciones con las petroleras.
Un día antes de la fecha límite firmaron Total (Francia) y Vintage (Estados Unidos); la primera de estas empresas opera el megacampo gasífero Itaú, uno de los cuatro más importantes del país; la segunda es una de las más pequeñas que opera en Bolivia. Las máximas autoridades de ambas empresas rehusaron hacer declaraciones una vez firmados los contratos. A partir de la firma de estos dos contratos el gobierno de Evo Morales afirmó que el Estado boliviano había recuperado la propiedad de los hidrocarburos y garantizó la producción de gas natural y petróleo tanto para el consumo interno como para la exportación a otros mercados. El ministro de hidrocarburos Carlos Villegas, por su parte, afirmó que “… se estaban regularizando las actividades irregulares que existían en Bolivia”.
Por su parte, las declaraciones del titular de ese entonces de YPFB, Juan Carlos Ortiz, señalaban un ingreso neto anual de US$ 130 millones que servirían para la refundación de la estatal petrolera.
El 28 de octubre de 2006 a altas horas de la noche se firmaron los restantes ocho contratos, luego de intensas negociaciones. Las estimaciones oficiales afirmaban en ese entonces que dentro de cuatro años, estos nuevos contratos petroleros generarían para el país ingresos por US$ 4 mil millones anuales.
Se anunció la publicación en pocos días de los contratos, mientras se declaraba que estaban garantizados US$ 2 mil millones para inversiones en exploración y explotación, además de que los contratos tendrían una duración de entre 23 y 30 años. Luego de la danza de los millones, el paso siguiente debió haber sido la homologación por parte del Congreso.
Sin embargo, el 27 de enero de 2007 Juan Carlos Ortiz renunció a la presidencia de YPFB tras denunciar intromisión política. Manuel Morales Olivera asumió el cargo (29/enero/07), y cuando se esperaba que los contratos sean protocolizados, se suspendió este trámite por la existencia de errores de transcripción. A partir de entonces se sucedieron una serie de acontecimientos que impiden la vigencia de los nuevos contratos y se cuestiona la manera en que se llevó a cabo el proceso de negociación.
La participación del Estado en el negocio de los hidrocarburos
A partir de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 que creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la participación del Estado en el negocio de los hidrocarburos alcanzaba al 50 por ciento, aplicable tanto para los hidrocarburos nuevos como para los antiguos.
Con el Decreto Supremo Nº 28701, de nacionalización de los hidrocarburos, la participación del Estado sube a 82 por ciento para el caso de los megacampos, cuya producción certificada promedio de gas natural en 2005 fue superior a los 100 MMp3d.
Con la firma de los contratos petroleros, la participación del Estado en el negocio de los hidrocarburos pasa a ser variable. Al respecto es importante realizar las siguientes precisiones:
1º La participación destinada a YPFB se calcula ahora sobre la utilidad de la operación (correspondiente a cada campo).
2º La participación de YPFB es variable en función a dos factores: a) el nivel de producción y b) un parámetro β. Según tablas y fórmulas presentes en los anexos de los contratos, se observa que a medida que aumenta la producción disminuye el porcentaje de participación de YPFB, mientras que cuando el parámetro β se incrementa también lo hace el porcentaje de participación de YPFB.
Lo primero podría incentivar el aumento de la producción; sin embargo, existiría también un incentivo perverso, toda vez que a medida que la producción del campo comienza su etapa natural de declinación, el porcentaje de participación de YPFB se incrementa, lo que incentivaría a acelerar el cierre del campo para maximizar la utilidad.
En cuanto al parámetro β, éste aumenta a medida que lo hacen las ganancias de la empresa o se recupera la inversión realizada, y cuando sube la inversión o el pago de regalías, impuestos y participaciones, este parámetro disminuye. Este tipo de relación entre el parámetro β y la rentabilidad del campo es bastante razonable; lo curioso es que, según la fórmula matemática, dicho parámetro no puede ser mayor a la unidad, pero el porcentaje de participación de YPFB considera valores de β mayores a uno según las tablas insertas en los anexos.
Estimación de ingresos y consideraciones finales
Los porcentajes de participación sobre utilidades no pueden agregarse de manera directa a las regalías e IDH establecidos en la Ley de Hidrocarburos, toda vez que las bases de aplicación son diferentes. Para poder sumar el 18 por ciento de regalías más el 32 por ciento de IDH a la participación de YPFB, se necesitaría conocer el nivel de utilidades que YPFB les reconocerá a las empresas operadoras de los campos, información que aún no está disponible.
Sin embargo, es posible estimar un rango razonable de participación, tomando en cuenta que las utilidades del sector podrían representar entre un 20 y 30 por ciento de los ingresos brutos. En base a ese supuesto, se puede estimar el posible rango de participación de YPFB sobre los ingresos brutos para sumarlo al 50 por ciento establecido en la Ley Nº 3058.
Para finalizar, se debe enfatizar que el dinero que recibirá YPFB por la firma de los nuevos contratos no genera nuevos recursos ni al TGN, ni a las regiones, ni a las instituciones que coparticipan el IDH. Por ello, financiar actividades que no pertenecen a YPFB con estos nuevos recursos recuerda antiguas prácticas rentistas mediante las cuales la empresa estatal del petróleo realizaba transferencias directas al TGN en desmedro de una política empresarial sana y eficiente.






