Los bolivianos no solamente están a favor de la reforma judicial, sino que también tienen la predisposición de votar en un referendo nacional para introducir cambios en la Constitución que viabilicen dicha reforma. Esta es la conclusión relevante de dos encuestas realizadas en las últimas semanas. Según el estudio de CERES , en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, 7 de cada 10 personas votaría a favor si se lleva a cabo un referendo para reformar la justicia.
La encuestadora Diagnosis, por su parte, ha registrado que un 60% de las personas tienen la disposición a firmar la petición para la convocatoria a un referendo de reforma de la justicia, frente a tan solo un 23% que no piensa firmar tal petición. El estudio de Diagnosis se realizó los días 1 y 2 de octubre en los 9 departamentos del país, en poblaciones urbanas y rurales, de manera que su representatividad es aún más alta. Esta encuesta se hizo poco después que el Tribunal Supremo Electoral autorizara al Grupo de Juristas Independientes la recolección de firmas que daría lugar a un referendo para reformar el sistema judicial, previsiblemente a mediados del año 2023.
La propuesta del Grupo de Juristas es encaminar un proceso de transformación de la justicia mediante un referendo que sometería a la aprobación de los ciudadanos la reforma parcial de la Constitución en lo referente a la forma de elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental. Se trata, específicamente, de conformar una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por 6 ciudadanos independientes y confiables, designados por el parlamento, las universidades y el colegio de abogados. Esta comisión independiente sería la encargada de seleccionar a los postulantes a las altas cortes judiciales, calificando sus méritos y sometiéndolos a pruebas de aptitud para en base a ello elaborar ternas cerradas para cada cargo, y de las cuales la Asamblea Legislativa designaría a los magistrados por dos tercios de votos; finalmente, la lista de designados sería aprobada por la ciudadanía con su voto en otro referendo nacional.
El propósito de este nuevo procedimiento de elección de los magistrados es la conformación de los tribunales nacionales con jueces independientes, idóneos y probos. También se pretende que en el referendo de 2023 se apruebe incrementar el presupuesto del sistema judicial a un mínimo de 3%, de manera que los órganos judiciales cuenten con los recursos necesarios para prestar un mejor servicio. Adicionalmente, la reforma constitucional, aprobada por el referendo, permitiría crear los Jueces de Paz, para atender conflictos y controversias menores en los centros urbanos, y también revalorizar y fortalecer la justicia indígena. La participación y el voto favorable de los bolivianos en estas cuatro cuestiones tendría el significado de un mandato popular expreso para encauzar la ansiada reforma de la justicia, proceso éste que luego se completaría con la modificación de los códigos, la implementación de la carrera judicial y otras medidas administrativas y cambios institucionales.
Una vía para encarar los males de la justicia
Después de años de incertidumbre y controversia sobre el camino más viable para avanzar en la reforma judicial pareciera que, por fin, existe una alternativa con un importante respaldo social. Esto es lo que se deduce de las encuestas reseñadas. De hecho, el estudio de Diagnosis nos dice que la disposición a firmar la petición de un referendo es transversal a los distintos estratos sociales y grupos etarios y a la población residente en las capitales, ciudades intermedias y pueblos rurales; incluso entre los electores del MAS y entre quienes votaron a Luis Arce en la elección presidencial de 2020. Esta misma transversalidad se observa en el masivo apoyo registrado en la encuesta de CERES (68%), en las cuatro principales ciudades del país.
Se diría que la ciudadanía encuentra que el referendo constitucional es una vía posible para resolver los principales problemas del sistema judicial. Uno de ellos es sin duda la captura política de los órganos judiciales y la falta de independencia de los tribunales, jueces y fiscales. La gente percibe claramente este problema: en la encuesta de CERES, 8 de cada 10 personas no considera como independientes a los tribunales y jueces en sus actuaciones judiciales.
Otro gran problema es la corrupción; según esta misma encuesta, 6 de cada 10 personas atribuye las decisiones judiciales al soborno, mientras que 3 de cada 10 piensa que es el gobierno el que tiene la mayor influencia, y tan solo el 1 de cada diez sostiene que dichas decisiones se ajustan a la ley.
Tener una justicia políticamente secuestrada y con un gran problema de corrupción incide, qué duda cabe, en la crisis de confianza en el sistema judicial. Según la encuesta de Diagnosis, el 65% de las personas desconfían de la justicia. A la pregunta de CERES, de “en caso de tener un problema judicial, ¿cuánto confía usted en que se resuelva de acuerdo con la ley?”, el 54% en el eje troncal responde “nada”, y el 43% “poco”, y apenas el 3% “mucho”.
A estos males se debe añadir la deficiencia de los servicios judiciales, sus procedimientos obsoletos y burocratizados, la saturación de los juzgados y cuyos fallos demoran una eternidad. Estos problemas tienen relación directa con la desinstitucionalización que se ha producido en el sistema judicial, por la ya señalada falta de independencia, la ausencia de una verdadera carrera judicial, los nombramientos a dedo y por el favor político, la prevalencia de jueces y fiscales mediocres, faltos de preparación adecuada, la inestabilidad e incertidumbre en la función judicial.
La consecuencia de estos y otros problemas endémicos es el descalabro de la justicia. El sistema judicial simplemente ha colapsado, y es completamente disfuncional, salvo como instrumento al servicio del poder político y de otros poderosos que pueden ser la gente con dinero, algunas empresas, los sindicatos y otras organizaciones con mucho poder, los grupos o personas mafiosas.
Frente a este panorama desolador no hay duda de que lo que la justicia requiere es una cirugía mayor, esto es, una reingeniería institucional del sistema judicial y la regeneración moral en la administración de justicia, que debe comenzar por restablecer la independencia del Poder Judicial, bajo la premisa de que la independencia de los tribunales, jueces y fiscales es la piedra angular para la jerarquizar la función judicial y lograr que la justicia opere con probidad, idoneidad y eficiencia.
Ese es el sentido de la reforma judicial que Bolivia necesita. Y únicamente de esta manera se puede esperar que el sistema de justicia: i) sea un efectivo control y contrapeso del poder político, limitando el poder del gobierno y del parlamento y asegurando que sus decisiones se enmarquen en la Constitución y la legalidad; ii) provea a la sociedad y a los ciudadanos de una administración de justicia imparcial, confiable y eficiente; iii) garantice la seguridad jurídica en las actividades económicas, los negocios y las inversiones.
La oportunidad política de iniciar la reforma
Las encuestas validan la idea de que el referendo para la reforma judicial impulsaría los cambios en la justicia y los arroparía de gran legitimidad.
Al respecto, es elocuente la conformidad de la gente con el principal cambio que se propone en la forma de elegir a los magistrados de los altos tribunales. En el estudio de Diagnosis, el 52% manifiesta su acuerdo de que esta elección pase por una comisión independiente de notables, cuyo trabajo de calificación de los postulantes basada en los méritos y en pruebas de excelencia sería la garantía de una selección idónea de los futuros magistrados (en esta encuesta el 19% está en desacuerdo con este mecanismo de filtro, en tanto que un 29% se muestra indiferente). Vale decir que una mayoría de las personas favorece la elección de los magistrados fundada en los méritos de los candidatos. La designación meritocrática de las autoridades judiciales es también el criterio que se recoge en la encuesta de CERES: el 52% se pronuncia porque los magistrados sean seleccionados por concurso de méritos, y solamente el 14% se inclina por el mecanismo de la votación popular.
Los referidos datos sugieren que la gente parece haber aprendido de la experiencia de las dos elecciones de magistrados por votación popular (elecciones judiciales de 2011 y 2017), que este método de conformación de los altos tribunales de justicia no garantiza, en absoluto, la selección de los mejores y que, por el contrario, ha facilitado la cooptación política de los mismos, además de haber dado paso al nombramiento de autoridades judiciales incompetentes y carentes de méritos profesionales. Por ello mismo, se plantea la urgencia de incorporar en el texto constitucional la creación de la Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por ciudadanos notables, para la calificación y concurso de méritos. De no mediar esta reforma constitucional, el país se expone a repetir en 2023 una nueva elección de magistrados por voto popular, con iguales o peores resultados que en los comicios anteriores, y, en consecuencia, a prolongar ad eternum la desastrosa situación actual de la justicia.
La buena noticia es que 2 de cada 3 bolivianos apoya la iniciativa de la reforma judicial y está predispuesto a suscribir la petición de convocar a un referendo nacional para modificar la Constitución en los aspectos claves para encaminar un proceso de transformación de la justicia. Partiendo de este dato, se puede ser razonablemente optimista en cuanto a la posibilidad de reunir el millón y medio de firmas de ciudadanos, requerido para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de convocatoria a dicho referendo. Este objetivo supone organizar con éxito la campaña de recolección de firmas en todo el territorio nacional. Pero no es el único desafío.
Como se observa en la encuesta de Diagnosis, un obstáculo que deberá afrontar el grupo de juristas que impulsa la consulta ciudadana para el referendo, son las bajas expectativas de que la reforma judicial pueda efectivizarse en el corto plazo: si hay un 60% de personas dispuestas a firmar la petición de referendo, sólo el 30% cree que es posible una reforma en los próximos tres años. Así pues, será menester un gran esfuerzo de información y comunicación a la población no únicamente centrada en los temas que serán motivo de la consulta ciudadana, sino también en convencer a la gente de que es posible adelantar la reforma de la justicia a partir de la realización del referendo nacional.
También se debe considerar el bajo respaldo (27% según Diagnosis) que, por ahora, suscita la propuesta de aumentar el presupuesto para el órgano judicial, lo cual es probable que tenga que ver con la percepción de corrupción en la administración de justicia, y que advierte de que mientras la población no comprenda cómo los cambios planteados pueden lograr una justicia menos corrupta y con igualdad de derechos para todos, el apoyo ciudadano no está asegurado.
