Por: Henry Oporto
Entre las opciones de Evo para volver a las urnas en 2019 no estaba un nuevo referendo. Su derrota en la consulta del 21-F debió dejarlo escaldado y con temor de arriesgar un nuevo fracaso. Su única carta era jugarse a una decisión del TC (‘modelo nicaragüense’). Su disyuntiva era hacerlo antes o después de las elecciones judiciales del 3 de diciembre. Al final, ha optado por lo primero, quizá sopesando menores riesgos y costos políticos. No por nada hoy en día ejerce un control de hierro sobre los miembros del TC, que ya están de salida y pueden cargar con el muerto. Dejar la decisión a los futuros magistrados, aunque su elección esté digitada por él mismo, entraña un peligro latente. Lo ha experimentado con Gualberto Cusi y otros.
También es posible que los estrategas de Palacio quisieran ‘zanjar’ la habilitación de Evo, mediante una sentencia rápida del TC, e intentar así ‘judicializar’ la contienda de diciembre. Sin embargo, el tiro puede salirles por la culata. De hecho, la cuestión de la reelección se reinstala con fuerza en el debate público, con el agravante de que ya no se trata, como antes, de un periodo presidencial más, sino de la reelección indefinida, que es lo que se desprendería de una sentencia favorable del TC al recurso presentado por el MAS. La maniobra del oficialismo convierte frontalmente la elección judicial en un plebiscito sobre el ‘derecho’ de Evo de eternizarse en el poder.
En su adicción al poder, los gobernantes no dudan en dinamitar el orden constitucional, con graves consecuencias para la estabilidad del país. Si la Constitución no vale nada, volvemos a la época de las dictaduras, cuando se vivía un conflicto incesante de legalidad y legitimidad. El dictador de turno ejercía un poder impuesto por la fuerza, mientras que los adversarios sentían que era su derecho y su deber resistir y buscar su derrocamiento. La política transcurría entre asonadas y cuartelazos.
Únicamente con el advenimiento de la democracia pudo superarse ese conflicto, al reponerse la Constitución como el marco de legalidad de la vida de los bolivianos, y todos nos sometimos a él. Las reglas de juego para las disputas políticas y el ejercicio del Gobierno quedaron fijadas, sobre todo el principio de no reelección, que al asegurar la alternancia democrática, ponía freno a las ambiciones y tentaciones de un Gobierno único, permanente y totalitario.
Pero si ahora la Constitución deja de ser el ordenamiento jurídico respetado y acatado por todos, todo se pone en entredicho. ¿Por qué otros bolivianos tendrían que someterse a las decisiones de unos poderes arbitrarios, que han perdido legitimidad? La lucha política vuelve a ser una caja de Pandora. En ausencia de un orden constitucional efectivo volvemos a los tiempos en que nada era plenamente legal y todo podía ser impugnado, incluso por medios no democráticos. La reelección sin límite socava la estabilidad política e institucional, y nos arroja a un tobogán que nadie sabe adónde conduce. El horizonte se tiñe de nubarrones que presagian tormentas y tempestades.
2 de octubre de 2017
Fuente: El Deber
