El SUS es una idea que refleja solamente buenas intenciones, las condiciones actuales dan cuenta que solo responde a objetivos políticos.
Evo Morales cierra el 2018 con el anuncio de la implementación el Seguro Universal de Salud gratuita (SUS), luego del trabajo realizado por diferentes organizaciones sociales y sectores afines al oficialismo congregadas en las denominadas cumbres de salud.
El sector de médicos en Bolivia se mostró totalmente en desacuerdo con este anuncio, e hizo notar que el actual sistema de salud no tiene las condiciones para poder atender más beneficiarios. Proponerse hacerlo sería una irresponsabilidad cuando aún hay tareas pendientes por parte del Nivel Central.
La propuesta, tal cual se presentó según el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, no ha sido contemplada en el Presupuesto General del Estado 2019. Sin embargo, se comprometieron 200 millones de dólares desde el Nivel Central. El origen de estos fondos son todavía un misterio.
Entre tanto el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, ha develado extraoficialmente (el SUS no ha sido promulgado por ley aún) que existen tres fuentes de financiamiento, la primera ya citada por Guillén parte del Nivel Central con la inversión inicial de 200 millones de dólares americanos destinados exclusivamente para el servicio de salud de tercer nivel; una segunda que proviene de los recursos de la coparticipación tributaria de los municipios (15,5%), alrededor de 239 millones de dólares americanos para atender los servicios de salud de segundo y primer nivel.
Finalmente, la tercera fuente serían los aportes de las gobernaciones conforme al actual marco de competencias. Rocabado acotó que, paralelamente a la implementación del SUS, se continuará con el plan de construcción de hospitales con una inversión de 2.000 millones de dólares (Los Tiempos, 1 de diciembre 2018).
Analizando los datos presentados por Fundación Milenio (¿Cuánto gasta Bolivia en la salud de la población?, 29 de agosto 2018) para empezar, tenemos un gasto público promedio en salud de 5,3% del PIB (2003-2013) el año 2014 el gasto público en salud se situó por debajo de aquel promedio (4,30% del PIB).
La Organización Mundial de la Salud (2014) estipuló una meta de inversión en salud de 6% del PIB entre los países de Latinoamérica y el Caribe. Bolivia, tanto antes como después de dicho acuerdo, no dio cumplimiento a la meta asumida y suscrita voluntariamente.
Bolivia tiene alrededor de 4.011.797 ciudadanos cubiertos por el servicio brindado por las diferentes Cajas de Salud. Se tienen registrados 1.485.056 afiliados titulares a estos servicios, cada uno de ellos en promedio beneficia en calidad de dependientes a 2,70 ciudadanos adicionales.
El seguro del cual se beneficia este privilegiado grupo de bolivianos se ha sustentado el año 2017 a partir de los aportes per cápita por afiliado de 2.799 bolivianos (402 dólares americanos) deducido de sus salarios. De manera global, el Aporte a la Seguridad Social ascendió a 4.330 millones de bolivianos (622 millones de dólares americanos).
Si comparamos al gasto en salud per cápita en salud realizado por el Estado tenemos que por ciudadano se destinó solamente 185 dólares americanos; existe una brecha de 217 dólares por ciudadano, o 2.418 millones de dólares americanos globales entre lo que aportan individualmente los afiliados y lo que invierte efectivamente el nivel central.
De aplicarse el SUS, el Gobierno debería subvencionar la afiliación de 5,5 millones de personas (51% de la población nacional) adicionales en el actual sistema de salud, con todas las limitaciones y debilidades presentes. La inversión comprometida por el Estado supone tan solo el 10% del total de la inversión que realiza en salud por año (2.000 millones de dólares americanos) según estimaciones de Fundación Milenio.
20 de enero de 2019
Fuente: Página Siete
