La Fundación Milenio observó que la subvención en hidrocarburos y alimentos para el 2023 haya alcanzado los 1.161 millones de dólares. El Gobierno asegura que ello estabilizó el precio de los alimentos.
La Fundación Milenio advirtió que las subvenciones a hidrocarburos y alimentos suman más de 1.000 millones de dólares en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. La fundación considera la cifra demasiado alta, factor que expone un “fracaso” del actual modelo económico. El Gobierno considera que estas medidas son necesarias para mantener la estabilidad de precios.
“Otra vez se pone de manifiesto el fracaso del modelo económico que no ha incrementado ni diversificado la capacidad productiva del país. Por el contrario, ha hecho que Bolivia sea cada vez más dependiente de la importación de energía”, se lee en el informe que fue presentado ayer por la Fundación Milenio junto con otras observaciones al PGE como el déficit fiscal o la falta de transparencia al no dar resultados del PGE 2022.
“El gasto público crece también por los elevados subsidios en alimentos como hidrocarburos -continúa el documento presentado por la entidad-. El PGE 2023 asigna a este rubro un total de 8.079 millones de bolivianos (1.161 millones de dólares), sobresaliendo el monto de casi 1.100 millones de dólares destinados a la importación de combustibles y que es superior en 59,67% al previsto en el presupuesto de 2022”.
Por el contrario, el viceministro de Presupuesto, Zenón Mamani, aseguró que la subvención es una política “importante” porque permitió regular y garantizar la estabilidad de precios de los principales productos en la economía nacional y “cuidar el bolsillo de los más necesitados”. El funcionario explicó que la subvención a los alimentos está destinada al acopio y comercialización de éstos. Por ejemplo, en el caso del maíz, el control del precio permite estabilizar los costos del pollo y en el caso del trigo, del pan.
Sobre la subvención a los hidrocarburos respondió: “No somos un país petrolero” e indicó que para abastecer el mercado nacional se debe importar diésel y gasolina. “El precio del mercado nacional está congelado en 3,72 y 3,74 bolivianos el litro de gasolina. Nosotros, a través de YPFB, importamos cada litro en más de 11 bolivianos. La diferencia se cubre con la subvención a través del Tesoro General de la Nación (TGN). Ese gasto se incrementa en 14% en relación con 2022 para 2023”.
Para reducir la subvención, explicó que los cañeros están produciendo etanol. “Este año hemos previsto comprar 160 millones de litros y el siguiente estamos acercándonos a los 200 millones de litros que vamos a dejar de importar para la gasolina”. Respecto al diésel, indicó que están haciendo “fuertes” inversiones en una planta para producir 1.500 barriles a partir del reciclaje. “Eso nos permitirá producir biodiésel y sustituir la importación. A mediano y largo plazo sí tendremos que eliminar (la importación)”, dijo.
Gastos e ingresos
Milenio también advirtió que en el PGE 2023, los ingresos corrientes aumentarían en 7,8% y los gastos corrientes en 7,1%. “La diferencia implica un ahorro de 4.292 millones de bolivianos después de cubrir gastos de sueldos y salarios, bienes y servicios, pago de intereses de la deuda pública y resto de gastos. Sin embargo, ese ahorro y los ingresos de capital no alcanzan para financiar los gastos de capital de 39.350 millones de bolivianos, de donde resulta un déficit fiscal de 33.814 millones (7,49% del PIB), que deberán ser financiados con recursos de crédito externo y crédito interno”.
Si bien el déficit fiscal que se prevé para 2023 es menor al déficit presupuestado este año (8%) sigue siendo excesivo, detalla el informe de Milenio. “No revierte la tendencia de los últimos nueve años de cuantiosos saldos deficitarios provocados primordialmente por los gastos crecientes del Gobierno”, agrega.
Los gastos corrientes se refieren a aquellos pagos no recuperables y comprende gastos como el pago de la planilla, pagos de intereses de la deuda, y otros gastos de la misma índole. Aquellos de inversión son los que están comprendidos por inversión pública con la ejecución de proyectos. Su uso está destinado a incrementar el capital.
Por su parte, Mamani dijo que en 2019, el Gobierno tenía un balance de 3,9% de superávit corriente; pero el déficit global era del 7,2% debido a un mayor nivel de inversión. “En 2020, el gasto corriente era de -6,1% y el déficit global de -12%. Eso lo que nos dejaron (en el gobierno transitorio). En 2021 reducimos el déficit global a -9,3% y el déficit corriente baja a -1,8%. Al mes de agosto (de esta gestión) tenemos un superávit corriente del 2,3% producto del manejo fiscal. Claro, el déficit global es de -1,4% hasta agosto y eso significa que estamos empujando la inversión pública”.
Milenio también observó un “defecto de partida” del PGE 2023. “No está precedido de una evaluación de los resultados del presupuesto de este año”. Mamani respondió que los estados financieros se realizan cada año, son entregados hasta el 30 de marzo y los remiten a la Asamblea. “Enviamos los estados financieros en los que se expone la ejecución de los ingresos corrientes, gastos, dónde se hicieron inversiones”.
6 de diciembre de 2022
Fuente: Página Siete
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