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Contexto y Desafíos
Bolivia llega a su Bicentenario con el ánimo marcado por la incertidumbre. Tras una década de déficits fiscales que vaciaron las reservas internacionales y dispararon la inflación, el país padece escasez de combustibles, carece de dólares para importar insumos básicos y observa cómo la actividad económica y el empleo formal retroceden. Esa debilidad económica convive con servicios públicos rezagados, una deforestación que bate récords y un sistema político polarizado y fragmentado que erosiona la confianza en la política y las instituciones. El Plan Bicentenario parte de la premisa de que todos esos frentes —económico, social, ambiental y político— forman hoy un solo nudo; desatarlo exige acciones simultáneas y coherentes.
Reordenamiento de la Economía: Componente de Estabilización
El primer paso para salir del túnel es reordenar la economía. El Plan Bicentenario, en su componente de Estabilización, contempla políticas para reducir el abultado déficit fiscal y sanear las finanzas públicas, realizar una corrección ordenada del tipo de cambio, asegurar la solvencia del sistema financiero y avanzar en una reforma tributaria. Se plantea recortar el gasto corriente del Estado, racionalizar la administración pública, redimensionar y sanear las empresas públicas, focalizar la Renta Dignidad en los adultos mayores de menores ingresos y, sobre todo, desmontar gradualmente el subsidio a los combustibles, hoy equivalente a más del 11% del PIB. Para que la transición no castigue a las familias de bajos recursos, se prevé una compensación directa en efectivo mientras suben los precios de la gasolina y el diésel. Paralelamente, el Banco Central recuperaría independencia y pasaría a administrar un tipo de cambio flexible con la ayuda de un mercado bursátil de divisas. Un respaldo financiero puente del FMI y del FLAR, estimado en USD 2.600 millones, de libre disponibilidad (que podría escalar a USD 3.840 millones, con otros créditos de organismos internacionales), permitiría recomponer reservas y contener la inflación, proyectada en alrededor de 3% a partir del segundo año de ejecución del Programa de Estabilización Económica.
Hacia una Revolución Exportadora
La estabilidad, sin embargo, es solo la plataforma de lanzamiento para una Revolución Exportadora, que impulse la transformación productiva y el crecimiento sostenible. Bolivia cuenta con recursos naturales que el mundo demanda —alimentos, minerales críticos, litio, energías, madera certificada, destinos turísticos únicos, servicios digitales— y con un mercado interno urbano que ha mejorado su poder de compra. El Plan propone aprovechar las oportunidades existentes y destrabar el potencial productivo mediante dos palancas: inversión privada y acuerdos comerciales que abran mercados. Para atraer capital extranjero se perfilan nuevas leyes de minería, litio e hidrocarburos; superándose el intervencionismo estatista de la pasada década con contratos transparentes, reglas estables, seguridad jurídica, impuestos competitivos, institucionalidad y regulación eficiente. También se plantea una diplomacia económica agresiva para que Sudamérica, los países de Asia, Estados Unidos y Europa se conviertan en mercados accesibles de la oferta boliviana de bienes y servicios. La meta es que las exportaciones representen al menos el 33% del PIB en cinco años y propicien la entrada masiva de divisas, clave para la estabilización y el crecimiento económico.
Desarrollo Humano como Pilar Fundamental
Un salto productivo requiere, además, de gente sana y bien formada. El pilar de Desarrollo Humano del Plan concentra cuatro batallas. La primera es modernizar el sistema de salud: mancomunar presupuestos municipales, financiar por resultados y crear un seguro universal que cubra, con calidad medible, a cada boliviano. La segunda es mejorar la calidad de la educación, con medidas para rescatar el aprendizaje en la escuela, evaluarlo con estándares internacionales, dotar de textos actualizados y conectar las aulas a internet, de modo que la lectura y escritura, el razonamiento matemático y las competencias digitales se conviertan en la nueva línea base. La tercera es fortalecer la protección social: elevar la rentabilidad de los fondos de pensiones para mejorar las jubilaciones, diversificar las cotizaciones para incluir a los trabajadores informales —mediante un pequeño aporte capturado en cada transacción de consumo— y ajustar las transferencias estatales, concentrándolas en la niñez, la maternidad y la vejez con menores recursos. La cuarta es una respuesta a la violencia de género con varias líneas de acción que integran justicia, salud, educación y autonomía económica de las mujeres, de manera de romper el ciclo de la violencia doméstica.
Transición Energética y Sostenibilidad Ambiental
Ninguno de esos avances será sostenible si el país mantiene su dependencia de los combustibles fósiles y continúa perdiendo bosques a un ritmo alarmante. De ahí el énfasis del Plan en la Transición Energética y la Sostenibilidad Ambiental. La eliminación del subsidio al diésel y la gasolina abre la puerta para que la energía solar, eólica e hidroeléctrica gane terreno. El Gobierno deberá apoyar la instalación de plantas renovables con precios competitivos, la electrificación del transporte y mayor uso de GNV como combustible puente. En paralelo, se busca reanimar la industria forestal gestionada de manera sostenible, impulsar la venta de bonos de carbono y prohibir el mercurio en la minería aurífera. La meta es reducir emisiones, crear empleos verdes y blindar la biodiversidad.
Gobernabilidad Democrática y Modernización del Estado
Todo lo anterior necesita de Gobernabilidad Democrática y un Estado moderno, eficaz y honesto. Para ello, se debe recomponer los tribunales judiciales y encauzar la reforma que devuelva independencia a la justicia; un servicio civil meritocrático que eleve la calidad del sector público; una fuerza policial moderna capaz de enfrentar al narcotráfico, con la cooperación regional e internacional. La descentralización será revitalizada, de modo que las autonomías departamentales y municipales reciban competencias claras y recursos para ejecutar obras, mientras que un Poder Legislativo renovado deberá aprobar leyes urgentes, ejercitar una fiscalización constructiva y consensuar la reforma de la CPE para liberar la iniciativa privada y abrir los candados de las inversiones, a la vez de fortalecer el Estado de derecho. Estas reformas institucionales se resumen en un nuevo contrato social: un pacto de mínimos de la sociedad boliviana que cierre la etapa de polarización y divisiones y permita gobernar con orden, legalidad, diálogo y consensos básicos.
Calendario de Implementación del Plan
El calendario de implementación del Plan abarca un quinquenio. Inicialmente, se prioriza las medidas de estabilización: reducción del déficit fiscal, acuerdo financiero externo, plan de compensaciones y tipo de cambio unificado. También se gestionan las leyes sectoriales y se remodelan las instituciones, sentando las bases para que la inversión productiva y la revolución exportadora puedan despegar; se extiende la cobertura médica y educativa, se digitalizan los servicios y se desburocratiza la administración pública. En el mediano plazo, las instituciones fortalecidas y los avances palpables en empleo, precios y servicios se traducen en recuperación de confianza, estabilidad social y gobernabilidad, que consolidan un clima de cohesión social y convergencia de los bolivianos en torno a un proyecto de desarrollo nacional.
Perspectivas de Crecimiento y Conclusión
Si bien, en un primer momento, se registra una contracción de la actividad económica, en los años siguientes la economía se recupera y retoma una senda de crecimiento, con la inyección de nuevas inversiones privadas de aproximadamente USD 6.500 millones en un quinquenio. Con ello, el crecimiento tendería a estabilizarse en torno a una tasa de 3.5% del PIB, incrementándose la creación de riqueza, con impactos sobre la calidad de los empleos y los ingresos de la población.
El Plan Bicentenario no anuncia milagros, pero sí delinea un rumbo nítido para un mejor futuro: disciplina hoy para crecer mañana, apertura al mundo y protección social inteligente. Compete al Gobierno, partidos, empresas, academia, medios de comunicación y ciudadanía en general debatir sus contenidos y propuestas. A 200 años de su fundación, Bolivia puede quedar atrapada en la crisis o atreverse a cambiar. El camino está trazado; avanzar es responsabilidad compartida de la sociedad.
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El Plan Bicentenario en la Prensa