En los últimos tres años, Bolivia ha sido el país que menor Inversión Extranjera Directa (IED) ha recibido en Sudamérica (sin contar a Venezuela, del cual no se tienen datos), de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta situación de rezago en la captación de capitales privados puede revertirse trabajando en tres ámbitos planteados en una investigación elaborada por ocho especialistas en la materia.
Esta semana, la Fundación Milenio presentó el libro “El capital constructivo”. Éste concluye que en Bolivia “no se ha generado ni la institucionalidad, ni los incentivos necesarios para las inversiones (…). Además, que el Gobierno no se ha esforzado ni ha sido eficaz en captar el interés de los inversionistas de capital extranjero. Más bien ha espantado la inversión”.
Las barreras para la IED son: la inseguridad jurídica, “los sofocantes” controles y fiscalización, las restricciones a la iniciativa privada y al emprendimiento, y la ausencia de un Estado de derecho en el que impere un sistema judicial independiente de intereses políticos, señaló el director de la Fundación Milenio y coordinador del estudio, Henry Oporto.
El investigador añadió que hoy en día se tiene un Gobierno que no cree en la inversión extranjera y apuesta más bien por aplicar cada vez mayor control en la economía. Esto “va a contracorriente de las necesidades del país”: libertad económica, incentivo a la inversión y al emprendimiento.
De esta manera, Bolivia es percibida como un país de “incertidumbre institucional y muy problemático para la inversión privada, con un clima de negocios que desalienta las inversiones y mantiene al sector privado constreñido, por debajo de su potencial de crecimiento”, apuntó Oporto.
Según el Índice de Libertad Económica 2020, de la Heritage Foundation, Bolivia es el número 172 de 178 países evaluados. Ocupa los últimos puestos junto a Cuba y Venezuela.
La investigación plantea que la IED puede generar “una buena cultura de negocios” y ser fuente positiva de inversión para el país receptor, siempre y cuando ésta se desarrolle en “entornos institucionales eficaces, fiscalizada por reguladores competentes e independientes, y supervigilada por una ciudadanía atenta y activa”.
Tres ámbitos de trabajo
El estudio plantea tres ámbitos en los que se debe trabajar para cambiar la actual situación y apostar por una “Agenda de Inversión para el Desarrollo”. Éstos son: apertura de mercados, innovación y tecnología, y seguridad jurídica. En este último se plantea la creación de una ley de inversión extranjera, la modificación del arbitraje internacional y la reforma del sistema judicial para contar con uno óptimo e independiente.
Oporto reconoció que es difícil que el Gobierno actual cambie su política, por eso habló de la necesidad de promover una “coalición social amplia”, que reúna a empresarios, académicos, políticos, pensadores, trabajadores y otros, para presionar a una apertura al capital constructivo.
“Quizás este planteamiento sea insuficiente si no emerge una corriente de opinión con el vigor para posicionar en la agenda pública los temas de la IED y el capital constructivo, e incidir en los decisores de políticas”, se lee en el documento.
Capitalismo estatal
Este término implica “el control estatal de la propiedad y la gestión de las principales empresas de producción y en la provisión de servicios, además de constituirse en un sistema intervencionista para el sector privado que debe operar bajo la tutela estatal”, de acuerdo a la investigación.
Este modelo es el que se aplica en Bolivia, al igual que en otros países autoritarios como Rusia o China, donde no se puede hablar de socialismo.
Oporto señaló que este modelo limita el crecimiento del país. De hecho, dijo que en Bolivia el 80 por ciento de los empleos son generados por el sector privado.
EL CAPITAL CORROSIVO GENERA CORRUPCIÓN Y DAÑOS AMBIENTALES
REDACCIÓN CENTRAL
En la investigación resaltan dos términos contrapuestos: el capital constructivo y el corrosivo. El primero hace referencia a la inversión privada que fomenta el desarrollo del país receptor; el segundo, en cambio, le genera perjuicios como corrupción, daño ambiental y abusos laborales.
10 de abril de 2022
Fuente: Los tiempos
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