Coy 90 – Salario e inflación

Incremento salarial e inflación 25 de marzo de 2011 Nº 90 El pasado 2 de marzo se emitió el D.S. 0809 que dispone un incremento de 10 por ciento para ciertos sectores de la administración pública y excluye a varios otros. Asimismo, define este 10 por ciento como base para la negociación salarial en el sector privado nacional. Los sectores beneficiados son el Magisterio Fiscal, Salud, Policía y Fuerzas Armadas.

En el campo de la salud gestionada por entidades públicas como las cajas, donde el financiamiento de la planilla se cubre con aportes de los afiliados, se establece que el incremento podría llegar a 10 por ciento, previa presentación de estudios que demuestren la viabilidad financiera de tal medida. En general, el resto de los funcionarios públicos ministerios, entidades descentralizadas, regulatorias gobiernos sub nacionales no estarían recibiendo ningún incremento durante la presente gestión. Tampoco los trabajadores en las universidades públicas.

El decreto establece que en el sector privado prevalece la negociación sobre la base de un mínimo de 10 por ciento a incrementarse y finalmente fija el salario mínimo nacional en Bs. Sin duda que esta es la primera vez que se establece un criterio de austeridad en el incremento salarial que contrasta con los generosos incrementos realizados en gestiones pasadas.

Esta vez se aplica en un valor levemente superior a lo que reporta el INE como inflación anual y tiene una cobertura limitada en cuanto a los funcionarios estatales nacionales y sub nacionales. Solo Salud, Educación, Fuerzas Armadas y Policía reciben incremento. Algo parece haber cambiado respecto al pasado y todo apunta a la implementación de un criterio más cauto y focalizado para los incrementos salariales. Igualmente, detrás de todo esto tiene que existir una previsión de flujos limitados y erogaciones crecientes como el subsidio a los combustibles.

En efecto, todo ajuste que dependa en su financiamiento del TGN parece haber llegado a un momento donde la bonanza es parte del pasado. En el pasado se había fijado como norma en materia de incremento salarial la reposición de la inflación. Hubo como en el caso presente ocasiones en las que se excluyó a varios sectores del total de la planilla pública, con la sutil diferencia que en esas ocasiones la inflación fue baja.

En 2010 el IPC general creció en 7.18 por ciento, pero en el componente de alimentos la subida fue de 21.16 por ciento. Según las encuestas del INE el peso de los alimentos en el gasto del ciudadano promedio han bajado de 49 a 39 por ciento. En contraparte se han incorporado costos de diversa índole como los asociados a maestrías, sauna y otros. Desde entonces prevalece en la opinión de muchos analistas la duda respecto a la validez de la medición de inflación en el país.

Si el grueso de la población dedica la mayor parte de sus ingresos a la alimentación, como parece ser el caso, ciertamente un incremento de 10 por ciento al salario significaría una caída en el salario real, medida que es la relevante desde la perspectiva del poder de adquisición del mismo. Sobre materia las organizaciones sindicales se han pronunciado en rechazo a la oferta del 10 por ciento, pero a diferencia del pasado, no se han generado protestas y presiones.

Lo que ello muestra es un importante control sobre las dirigencias y consecuentemente el aplacamiento de cualquier presión adicional. Tomando los viejos ponderadores del IPC y recalculando su valor con ellos se tiene que la inflación para el año 2010 habría alcanzado 12.46 por ciento y en ese escenario el incremento de 10 por ciento resultaría siendo menor a la reposición del valor adquisitivo perdido y no existiría ningún incremento real de salarios. Es decir, el ajuste sería insuficiente frente a la subida de precios de 2010.

(A diciembre 2010) Ponderación 2007 Ponderación 1991 Variación (Porcentaje) Ponderación Incidencia (Porcentaje) Participación (Porcentaje) CAPÍTULO Ponderación Alimentos y bebidas (1) Transporte y comunicaciones (2) Equipamiento y funcionamiento del hogar (3) Vivienda (4) Vestidos y calzados (5) Bienes y servicios diversos Esparcimiento y cultura (6) Salud Educación Bebidas alcohólicas y tabaco Índice General (1) Comprende: «Alimentos y bebidas no alcohólicas» y «Restaurantes y hoteles».

(2) Comprende: «Transporte» y «Comunicaciones».

(3) Muebles y artículos domésticos para el hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.

(4) Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

(5) Prendas de vestir y calzados.

(6) Recreación y cultura. No se puede eliminar de esta discusión el efecto del incremento de combustibles a finales del año pasado. El ajuste llamado gasolinazo fue a partir del 26 de diciembre y la mayor parte del impacto en precios se produjo durante la semana que duró la medida, pero también durante el mes de enero 2011. Inclusive, según el INE, la inflación de febrero siguió siendo alta y mayor a la de enero.

Entonces, queda evidente que en 2011 se siguen sumando los efectos de subida de precios y éstos no son considerados en el ajuste salarial sino hasta la próxima gestión. Lo señalado no es nuevo, ha sido así desde varios años atrás. El ajuste de 10 por ciento no cubre la inflación calculada con los antiguos ponderadores.

Sin embargo, si con las negociaciones se llegara a una cifra cercana al 12.5 por ciento, la política de ajuste salarial habría regresado a la lógica de siempre – que se considera como correcta- sea que antes se haya llamado neoliberal y ahora se llame de diferente manera y ello es compensar para mantener el nivel real de los salarios constantes.

Lo central es que existe un manejo prudente y si a ello se sumara un esquema también prudente en cuanto al manejo de expectativas, la política de ajuste estaría consolidándose como un principio estable y sano, sin importar la tendencia de los gobiernos en ejercicio. Dentro todo esto, en el pasado se establecía que el ajuste en el sector privado sea negociado entre partes y el incremento del sector público era solo referencial.

Ahora es el piso de la negociación y donde no existe capacidad de presión sindical también es el techo. Al respecto, lo ideal sería regresar a la negociación pero generando condiciones de igualdad entre los negociadores. La base para la negociación bilateral a nivel de cada empresa entre empleador y sindicato (trabajadores) es que ellos son los que mejor conocen las capacidades reales de la empresa para enfrentar un determinado ajuste.

Ahora, si las cifras de estados financieros no son transparentadas a los trabajadores y estos no tienen datos reales para negociar, en el fondo lo que se tiene es un esquema de presiones. Si el sindicato es fuerte, doblegará al empleador aunque esto signifique poner en riesgo la empresa. Al contrario (y seguro lo más frecuente), si el sindicato es débil, el resultado será un ajuste por debajo de las posibilidades de la empresa.

Lo señalado implica que regresar a la negociación exige fortalecer a las organizaciones sindicales para que tengan acceso a información de sus empresas y tengan apoyo en asesoramiento en la negociación. Un principio básico de negociación es la simetría en el acceso a la información, cosa que no se cumple al presente. Dicho ello, también cabe un comentario importante respecto al rezago en el nivel salarial.

Los sectores sociales reclaman con derecho que con los sueldos actuales no se puede cubrir costos de una canasta básica de para una familia promedio. Este problema se arrastra en el país desde hace mucho tiempo y ciertamente no tiene solución hasta ahora. ¿Cómo enfrentarlo? En el sector público depende de márgenes fiscales y de que los incrementos no sean inflacionarios. Entonces, todo parece indicar que se deben aprovechar bien los pocos periodos de baja inflación y saldo fiscal superavitario para hacer correcciones graduales pero también importantes.

Los tiempos de bonanza son escasos y solo en ellos se puede hacer lo requerido para nivelar algo más los salarios. En el caso del sector privado la solución pasa por la productividad de la mano de obra. En la medida que ésta suba, se podrán transferir mayores ingresos a salarios. Caso contrario es muy difícil que los salarios suban.

En un mercado laboral imperfecto, donde regularmente y con mayor fuerza la oferta es mayor que la demanda, los salarios tienden a bajar y es cada vez más fácil encontrar trabajadores dispuestos a desempeñar labores por menores retribuciones. Las mejoras en capacitación y productividad pueden hacer la diferencia, de modo que trabajadores más capacitados y productivos sean menos fáciles de sustituir por otros baratos pero con poco impacto en la producción.

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