El crecimiento de la economía boliviana se reducirá en la presente gestión, las proyecciones internacionales fijan menos del 2%, pero el Gobierno es optimista y estima que se llegará a 3,71%.
Bolivia atraviesa un período de baja liquidez, la producción de gas se redujo, los ingresos también y la austeridad que busca aplicar el Gobierno es un reconocimiento de la crisis por la que atraviesa la economía. Ante este escenario, la Fundación Milenio presentó un anteproyecto de Ley de Fomento, Protección y Estabilidad Jurídica de la Inversión Privada, para atraer capitales nacionales y extranjeros.
El planteamiento se enmarca en un escenario adverso para la economía, pues se queda sin recursos, y lo poco que llega al mercado el Gobierno lo toma para cubrir sus gastos, como la subvención a los hidrocarburos y alimentos.
El economista Gonzalo Chávez, en entrevistas con medios, dijo que el Gobierno reconoce una crisis fiscal, es un primer paso, pero se requiere cambios estructurales para lidiar con el mal momento al que llevó la actual administración del Estado.
Comunicado
En su primer comunicado del 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso que todas las entidades del sector público debe racionalizar y/o reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento, señaló el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en su artículo de opinión titulado “¿Austeridad pública?: una caricia con una pluma a un gigante”.
Asimismo, indicó que la reducción fiscal se debe enfocar en viáticos, gastos en bienes y servicios, consumo, servicios de imprenta, pasajes y viáticos, adquisición de activos fijos y otros. Además, instruye a las entidades y empresas del nivel central del Estado, el cumplimiento del D.S. N° 27327, el cual habla sobre el uso exclusivo de vehículos oficiales, compra o alquiler de inmuebles y el gasto en el servicio de telefonía celular.
“Esa política, entre buenas intenciones y algo de demagogia, no reducirá de manera significativa el gasto público estatal. Una política pública que no establece una meta, carece de espíritu o voluntad; se debió haber determinado un monto o un porcentaje de reducción del mismo para este año. Al carecer de una normativa vinculante, como una meta a cumplir por cada entidad pública, se deja prácticamente al libre albedrio la austeridad a aplicarse; más aun considerando que municipios, gobernaciones y universidades se rigen en el marco de sus autonomías”, sostiene Romero.
Recordemos que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 de Gasto Público, tiene previsto un monto 265.558.034.072 bolivianos, un 8,9% más que la gestión pasada, donde los Gastos Corrientes representan un 59% del mismo. De estos 155,64 mil millones para gasto corriente, el 32% será destinado a “sueldos y salarios”, y el 43% a “bienes y servicios”; es decir, que ¾ partes de este monto presupuestado serán destinados a dos ítems o partidas de gasto. Hay que recordar que la inflación anual del 2023 fue de 2,12%, sin embargo, se estima que el incremento salarial este cercano al 5% para este 2024, lo que incrementará más aún el gasto público.
Norma
Ante ese escenario adverso, Fundación Milenio planteó una norma que brinde seguridad a la inversión, y de esta manera desarrollar la economía nacional, y no estar afectado por la inseguridad jurídica que actualmente se registra a nivel nacional.
Con el objetivo de promover el crecimiento de las inversiones privadas y hacer de Bolivia un país atractivo al capital extranjero y nacional, la Fundación Milenio ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Fomento, Protección y Estabilidad Jurídica de la Inversión Privada, cuyo objetivo es “el establecimiento de un régimen de promoción, incentivo y protección de las inversiones privadas, constituidas como sociedades comerciales en el país”, señala la Fundación.
El director Ejecutivo de la Fundación Milenio, Henry Oporto, explicó que la inversión privada en Bolivia enfrenta obstáculos, como la inseguridad jurídica, un régimen regulatorio defectuoso, impuestos excesivos, carencia de incentivos y otras barreras jurídicas, administrativas y políticas, que desalientan a los inversionistas, por lo que se requiere una legislación moderna y eficiente, a la altura de las leyes de promoción de la inversión en países vecinos, que provea garantías plenas al capital y haga ventajoso invertir en Bolivia.
Como se recordará, Paraguay va por ese camino, de implementar incentivos para que la inversión extranjera llegue al país, por ejemplo, el empresario boliviano, Xavier Iturralde, se fue para implementar un planta para producir diésel, a partir de llantas en desuso, propuesta que las autoridades del sector de hidrocarburos no tomaron interés.
Propuesta
El anteproyecto propone crear un régimen de incentivos tributarios, financieros, administrativos, laborales y migratorios para las inversiones privadas, entre los cuales destacan la reducción del 50% del Impuesto a las Utilidades y la exención del 100% del Impuesto a las Transacciones y del 50% de cualquier impuesto a la remesa de utilidades al exterior, para las nuevas inversiones en el país, en efectivo o en volúmenes de exportación superiores a 5 millones de dólares.
También establece un régimen de garantías para proteger las inversiones extranjeras y nacionales, amparadas por un Contrato de Inversión y Estabilidad Jurídica, suscrito por las empresas con el Estado. Los contratos especificarán las características del proyecto de inversión, las garantías de estabilidad jurídica y los procedimientos de resolución de controversias.
Otro aspecto sobresaliente es la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, como órgano especializado para ejecutar programas de atracción de inversiones, firmar contratos de inversión y estabilidad jurídica, evaluar su cumplimiento y producir información e indicadores para la toma de decisiones.
El directorio de esa nueva entidad tendrá una composición paritaria de los sectores público y privado, y designará un director ejecutivo en base a méritos profesionales, precautelándose el carácter técnico y la plena autonomía de la Agencia de Promoción.
La propuesta legislativa se halla justificada y fundamentada por estudios económicos y jurídicos elaborados por el economista Jaime Dunn, el jurista Antonio Peres Velasco y el propio Henry Oporto. Según el investigador, en la elaboración de los estudios y la propuesta legislativa se recogieron las sugerencias de varias personas, organizaciones económicas, sociales y académicas.
Inversión
El Director de Milenio recordó que la inversión privada cayó el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2000 a un exiguo 6% en 2021, mientras que la inversión pública que llegó a un máximo de 14% del PIB en 2015, se redujo a 11% del PIB en 2021; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por su parte, evidenció que en 2022 se registraron en Bolivia entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) negativas de 26 millones de dólares, arrastradas por desinversiones en hidrocarburos de 307 millones de dólares.
Por todo ello, subrayó, que la propuesta de Milenio es una respuesta a la urgencia de revertir la sequía de inversiones y de incrementar las exportaciones nacionales.
“Los bolivianos debemos construir una política de fomento de la inversión privada, con perspectiva de largo plazo y vocación de consenso. Este desafío no es tanto una opción ideológica como una necesidad práctica. La salida de la crisis actual pasa por encauzar un nuevo modelo económico sustentado en la productividad, la trasformación tecnológica, las exportaciones y el capital humano y con la inversión privada como motor de modernización y desarrollo sostenible”, finalizó.
En su momento, el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, indicó que la mejor manera de generar divisas es la exportación, por ello es importante anular el control de ventas a los productos agrícolas a nivel internacional.
PGE 2024
“Nuestro PGE 2024 está basado en un precio del barril del petróleo de 71 dólares, cualquier incremento extraordinario hará que nuestro gasto público se eleve más, y sea menos sostenible la ejecución del mismo; el año pasado se gastó 2.682 millones para importar carburantes, y 1.818 millones para subvencionar el consumo de los mismos. El problema estructural es un elevado gasto fiscal que dio lugar a una creciente deuda pública y a la casi liquidación de nuestras RIN, para financiar el mismo. Actualmente, la escasez de dólares y la inestable generación de divisas por nuestra economía, hace que cualquier cambio importante en nuestro gasto público, pueda llevarnos a una crisis financiera mayor”, señala.
Una austeridad de este tipo, es una caricia con una pluma a un gigante que es el gasto estatal. Nuestra economía tiene un déficit fiscal sostenido desde el 2014, y se espera que este 2024 sea del -7,80% de nuestro PIB. La tendencia es una menor ejecución presupuestaria y de inversión pública para aminorar la brecha fiscal, al costo de un menor crecimiento económico y de empleo en el país, apunta.
Empresarios
En su mensaje en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente de Argentina, Javier Milei, al finalizar su discurso, envió un mensaje a los empresarios: “No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado, no se entreguen a una clase política, que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios”.
Les dijo que: Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son creadores del período de prosperidad más extraordinario que hayamos vivido. “Que nadie les diga que su ambición es inmoral; si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a mejor precio, contribuyendo de esta manera al bienestar general”.
“No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina, como un aliado incondicional”, finalizó.
19 de enero de 2024
Fuente: El Diario
