Coy 20 – El Problema de la ropa usada

Problema de la ropa usada Contexto externo Las cotizaciones de las principales bolsas de valores del mundo, en las últimas dos semanas, han recuperado. Sin embargo, las estimaciones sobre el crecimiento económico muestran que en 2009 se tendrá una recesión mundial. El FMI prevé una contracción del producto mundial de 1.3 por ciento y la Comisión Europea de 1.5 por ciento.

Uno de los efectos será la disminución significativa de los volúmenes del comercio mundial, que para el FMI se reducirá en 11.0 por ciento respecto a 2008 y, en consecuencia, se tendrán precios menores de las materias primas no energéticas y del petróleo. A continuación, en el ámbito interno, se examinará la problemática de la importación de ropa usada.

Prendería usada: el cuento de nunca acabar La internación y comercialización de prendería usada se ha transformado en una irresuelta y cíclica pulseta de poder, que ya ha derivado, desde 2006, en tres sucesivas ampliaciones del plazo para que entre en vigor la prohibición de la venta de estos productos, sin que se resuelva, por tanto, uno de los problemas más serios para los emprendedores nacionales del rubro textilero.

La dinámica no cambia: cuando está a punto de cumplirse la fecha para que se haga efectiva la prohibición de comercializar la prendería usada, una movilización de los integrantes de este masivo gremio suele lograr una ampliación por otro año, con lo cual las salidas de fondo se dilatan. Lo que no se detiene, sin embargo, es la erosión que causa esta actividad en el sector productivo nacional y en la economía.

La dimensión del problema Aunque estos gremios aseguran que se precisa de una nueva prórroga para liquidar las existencias de prendería usada en el país, que llegarían a más de 11,700 toneladas, lo cierto es que este volumen es tan conservador que no refleja la realidad de los principales mercados, situados en La Paz, Oruro, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, en los cuales la oferta parece superar con creces a la demanda.

Un estudio realizado en 2005 por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estableció que las importaciones legales llegan apenas al 7 por ciento, en tanto que el contrabando responde por el restante 93 por ciento.

Es un negocio de al menos 50 mil toneladas y de US$ 40 millones anuales, entre 1995 y 2005, aunque las pérdidas globales para la economía están estimadas en US$ 80 millones al año entre 2000 y Los fardos de prendas de vestir importados de los almacenes ‘’Good Will’’ o ‘‘Second Hand’’ de Estados Unidos, principalmente, pero también de Europa y Asia, castigan con dureza a la industria textil, al comercio, a la actividad agrícola y a otros sectores de la cadena como el transporte, los servicios financieros y los servicios en general.

En lo que respecta al empleo, el mismo estudio afirma que, entre 2000 y 2005, la comercialización de prendería usada legal e ilegal causó la pérdida de 56 mil puestos directos de trabajo en el sector textil y de confecciones, de 19 mil en el sector agrícola y de 15,200 en la actividad comercial. En ese período, anualmente se perdieron 15,300 empleos. Y la suma global de puestos de trabajo perdidos alcanza a 107 mil empleos en el mencionado quinquenio.

En lo que toca a la demanda, en los mercados La Paz, Oruro, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, según el documento del IBCE, siete de cada diez consumidores son de ingresos medios, tres de cada diez es de bajos ingresos y sólo cuatro por ciento es de ingresos altos, lo cual echa por tierra la hipótesis de que la prendería usada tiene como principales destinatarios a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. ¿Soluciones?

Si hasta 2005 se creía que la guerra se ganaría en cuanto se eliminara la desregulación en que se movía cómodamente este mercado, con los consiguientes nocivos efectos para el sector productivo, las recaudaciones fiscales y la salud pública –por norma, la prendería usada debe contar con certificados de desinfección, lo cual no se cumple en los fardos de contrabando-, cuatro años después aún se pelea por aplicar varios decretos promulgados al respecto.

El Gobierno, creó en 2006 un fondo para la reconversión productiva, al que dotó de Bs 85 millones, mediante el cual todavía intenta transformar a los ropavejeros en emprendedores de distintos rubros microempresariales, para que dejen sus actividades perjudiciales y ya no pidan más ampliaciones; se ha articulado, para tal fin, una estructura pública especializada de servicios empresariales para impulsar la transformación, como Insumos Bolivia (provisión de materias primas), Pro (asesoramiento técnico) Pro Mueve (inteligencia de mercados); no obstante, según la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, se han empleado apenas Bs.

20 millones del mencionado fondo, porque se tropieza con el problema del registro de los comerciantes, al parecer reacios a transparentar sus actividades. Por añadidura, y pese a la criminalización del contrabando en la nueva Constitución Política del Estado, aparentemente nadie quiere esta ‘‘papa caliente’’ en las manos, pues el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural ha exhortado al Ministerio de Autonomías que solicite a los municipios que realicen el control y el decomiso de la prendería usada, bajo el argumento de que se trata, esencialmente, de un problema de salud pública que debe ser subsanado por las autoridades locales; la cartera de Estado aludida ha respondido, a tiempo de rechazar y devolver lo obrado o no sobre el asunto, que los municipios son autónomos, en tanto de la Federación de Asociaciones Municipales ha asegurado, más diplomáticamente, que las competencias al respecto no están claras y que en ningún caso se atreven a vulnerar el principio de legalidad.

La arista política En un intento por corregir el ambivalente accionar del Gobierno en la materia, resurge periódicamente el Comité de Defensa de la Industria Nacional, que exige medidas punitivas contra los ropavejeros, pero sólo hasta que entra en escena el Consejo Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería Usada, cuyos dirigentes han razonado que si las movilizaciones colocaron al actual presidente de la República, Evo Morales, en el Palacio Quemado, nuevas marchas y contramarchas podrían situarlo otra vez en el llano.

Es un raciocinio que, transformado en una seria amenaza, al parecer no será ignorado en un año electoral por el Gobierno ni los municipios. Como posible salida, se ha determinado (como establece la ley) que la responsabilidad del control debería ser compartida por la Aduana, la Policía e incluso las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional, mientras que los municipios tendrían que tomar al toro por las astas en sus respectivas jurisdicciones. El Poder Ejecutivo ha anunciado que no habrá otra prórroga, como en tres anteriores ocasiones.

En tanto se busca la solución más conveniente, los ropavejeros, actualidad masivamente concentrados en La Paz, sentenciaron que la reconversión fracasó –aseguran que el mismo Gobierno lo ha admitido- y, por tanto, lo único que cabe es un año más de ampliación, a lo que denominan, sin que nada tenga que ver en esto el escritor francés Marcel Proust, ‘‘reposición del tiempo perdido’’ en los planes de reconversión. El Gobierno niega la extensión del plazo, pero tampoco propone caminos innovadores y repite la receta de la reconversión.

Es decir, el cuento de nunca acabar.

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