El 2010 la cantidad de conflictos superó un record de 25 años. De acuerdo a los registros de prensa procesados por CERES y Ciudadanía, ese año se produjeron 811 eventos conflictivos. Tal record no duró nada, pues el 2011 se registraron 884 conflictos, marcando un nuevo nivel. Lo que va del 2012 muestra una tendencia similar.
Los dos primeros meses del año la cantidad de conflictos disminuyó un poco pero se mantuvo cerca del promedio que corresponde a todo el periodo gubernamental presidido por Evo Morales. Pero en marzo subieron a 80 en el mes y en abril rondaron los 100, incluyendo el prolongado conflicto con los médicos y el personal de salud que tenido manifestaciones múltiples, cubriendo prácticamente todo el territorio nacional. No ha concluido.
El Día del Trabajo, una celebración que ha sido tradicionalmente utilizada por los sindicatos para movilizar a sus bases en demanda de mejores condiciones laborales, tuvo nuevamente ese carácter a pesar de que el gobierno realizó un gran esfuerzo para recuperar la adhesión de la militancia obrera. Decretó un aumento salarial del 8 por ciento subiendo el salario mínimo a Bs.
1,000 y, sabiendo que esa disposición no sería suficiente para satisfacer a los sindicatos, amplió el feriado en un día y arriesgó su imagen ante los inversionistas internacionales nacionalizando Transportadora de Electricidad como “un regalo a los trabajadores”. Pero los dirigentes laborales se mostraron insatisfechos y han preparado un cronograma de movilizaciones y presiones crecientes.
La cuestión del TIPNIS ha vuelto también a la agenda con el inicio de la Novena Marcha Indígena que ya ha empezado a poner en tensión a los pueblos de su ruta y seguramente convocará la solidaridad urbana. Y en ese ambiente emergen con fuerza creciente los conflictos locales. En Cochabamba se movilizaron los transportistas en contra del reordenamiento vehicular y en La Paz el mismo sector expresó su rechazo a la ley municipal con la que se pretende reformar el servicio de transporte urbano.
En este caso el paro de dos días tuvo momentos de violencia al enfrentarse bloqueadores y bloqueados y al pretender, los primeros, imponer su protesta por la fuerza. Un agravante en este caso fue la actitud de las autoridades que replegaron a las fuerzas del orden, supuestamente para evitar violencia pero, en los hechos, dejando a la ciudadanía a merced de los violentos.
No es primera vez que esto ocurre. Todavía está fresco el recuerdo de los enfrentamientos en Huanuni, entre trabajadores sindicalizados y cooperativistas, que concluyó con varios muertos, y los enfrentamientos en Sucre, cuando los campesinos que asistían a una manifestación apoyo gobierno fueron desprotegidos y sufrieron la furia de los jóvenes que demandaban la capitalidad. Peor aún fue el caso de Porvenir, donde la ausencia policial y militar permitió un enfrentamiento entre civiles con graves consecuencias para muchos de ellos. Cuando se observan las tendencias de largo plazo en los conflictos sociales se advierte fácilmente que los riesgos de violencia son ahora mucho mayores que en el pasado (ver gráfico 1).
Pasivas Activas El gráfico muestra en términos porcentuales la clasificación de los conflictos sociales que han ocurrido entre 1970 y el 2011. La línea verde punteada registra conflictos de adhesión pasiva y la línea roja los de adhesión activa. Puede verse con nitidez cómo la relación se ha invertido totalmente. Hasta mediados de los años 80 predominaban los conflictos de adhesión pasiva, pero desde entonces aumentado significativamente el porcentaje de conflictos que son de adhesión activa.
De acuerdo a la metodología de CERES, los conflictos de adhesión pasiva son aquellos en los cuales se participa, por así decirlo, dejando de actuar. Es decir, dejando de hacer lo que es habitual. En esta categoría entran todos los tipos de huelgas, que implican la suspensión de las actividades laborales. Por el contrario, los conflictos de adhesión activa requieren de los participantes la realización de acciones no habituales, como salir a marchar, bloquear calles o carreteras, ocupar locales u oficinas.
Es claro que ambos tipos de conflictos entrañan también niveles de violencia diferentes. Los de adhesión pasiva suelen limitarse a los centros de trabajo, y la presión se concentra en la empresa o institución. Los de adhesión activa tienen como escenario lugares públicos, y por tanto el público está más expuesto a ser víctima de la violencia de los conflictos. Por pacífica que sea una marcha, al impedir la libre circulación vulnera los derechos de las personas que no participan del conflicto y, por tanto, ejercen cierta violencia sobre ellas.
Más aún si lo que se produce es un bloqueo que, explícitamente, tiene el propósito de impedir la libre circulación. La presión de este tipo de movilizaciones se dirige casi siempre a las autoridades pero a través del daño (real o potencial) que puede provocarse a terceros, que muchas veces no tienen responsabilidad alguna con el problema, ni capacidad alguna de darle solución.
Al observar nuevamente el gráfico resulta pues muy evidente que estamos viviendo una situación cualitativamente diferente a la de los años 70, con riesgos más altos para los derechos individuales. Una de las explicaciones de este cambio se encuentra en el tipo de actores sociales que protagonizan los conflictos. En los años 70 y principios de los 80 los principales actores eran los sindicatos, tanto de obreros como de empleados.
Y ellos estaban bien organizados y tenían referencias institucionales vigorosas en sus Federaciones y Confederaciones, hasta confluir en la Central Obrera Boliviana. Para ellos, la forma más apropiada y práctica de expresar sus demandas y ejercer presiones era la huelga y a ella recurrían con más frecuencia. En los últimos años han ganado protagonismo sectores sociales que tienen otro tipo de relaciones laborales, como por ejemplo los transportistas y comerciantes, o que no están agrupados por su condición laboral, como las juntas de vecinos y los comités cívicos.
Para ellos no tiene sentido la huelga y por tanto se ven en la necesidad de utilizar otros recursos de presión y lucha, como las marchas y bloqueos. Al ser éstos más ruidosos y visibles, terminan siendo también necesarios para los otros grupos, que sienten que si no acompañan su huelga con marchas y bloqueos, tampoco serán escuchados. Al final, la tendencia se refuerza a sí misma.
El otro determinante de este predominio, y también del aumento generalizado de los conflictos, está relacionado a la manera en que se los gestiona desde el gobierno. Desde el ascenso del General Bánzer a la presidencia por la vía electoral, en 1997, los conflictos han ido aumentando debido en gran medida a la tolerancia gubernamental. Por razones distintas, los últimos gobiernos han mantenido la misma actitud, estimulando con ello a los grupos con mayor capacidad de expresarse mediante la presión sobre los ciudadanos.
Bánzer quería demostrar su conversión a la democracia y se inhibió de reprimir, mientras los grupos de oposición ponían a prueba a su gobierno cada vez que podían. Sánchez de Lozada, en su segundo gobierno, fue absorbido por las tensiones internas y cuando trató de poner freno a las presiones desencadenó una violencia que, finalmente, le obligó a renunciar. Carlos Mesa anticipó su decisión de no reprimir y tuvo también que renunciar ante la imposibilidad de gobernar.
Luego del interinato de Rodríguez Veltzé nos encontramos con un gobierno que no solamente ofrece evitar la represión sino que se proclama “de los movimientos sociales” y promete “obedecer al pueblo”. Si bien esta actitud puede comprenderse como resultado de un respaldo extraordinario en las urnas y una gran fortaleza en el parlamento, también alienta las presiones conflictivas tanto de los opositores como, sobre todo, de quienes se definen como sus aliados.
hecho, una proporción importante las movilizaciones que se realizan son protagonizadas por los aliados del gobierno, en competencia por lograr la satisfacción de sus demandas o el cumplimiento de promesas de campaña. Tal vez por esta razón el gobierno parece despreocupado por los conflictos. Son sus aliados y no quieren derribarlo. Pero lo están inmovilizando y le impiden gobernar, además de afectar seriamente a los ciudadanos y dañar sus esfuerzos productivos y laborales.
Algún rato tendrán que preguntarse ¿de qué sirve acumular poder, cuando es tan poco lo que se puede? Lo más grave, sin embargo, es que los riesgos de violencia sobre la gente son hoy mucho mayores y el gobierno tiene una responsabilidad que esos mismos ciudadanos se la empiezan a exigir.






