En el ámbito fiscal, propone suprimir la alícuota adicional del IUE, crear una sobretasa a las utilidades extraordinarias con deducciones por inversión y otorgar exenciones tributarias por 15 años para maquinaria e insumos.
El documento “Hacia una minería sostenible, competitiva e inclusiva: Estrategia de Desarrollo Minero Anteproyecto de Nueva Ley de Minería”, elaborado por la Fundación Milenio, plantea una reforma estructural del sector minero boliviano basada en la idea de un “nuevo comienzo, un nuevo camino”. La propuesta nace de la constatación de una contradicción persistente: Bolivia posee un potencial geológico excepcional, pero enfrenta un panorama marcado por la falta de inversiones, la inseguridad jurídica y una institucionalidad debilitada.
La estrategia diseñada por Milenio se sostiene sobre tres pilares —sostenibilidad, competitividad e inclusión— que conforman la visión de una “nueva minería”. Según el estudio, esta transición requiere no solo modernizar la producción y atraer capitales, sino también corregir las profundas desigualdades laborales y productivas del sector cooperativista, además de garantizar estándares ambientales y sociales alineados con las buenas prácticas internacionales.
El documento propone dos ejes de política como núcleo del cambio. El primero es el fomento al “capital constructivo”, que plantea un régimen de promoción y protección de inversiones que dé certidumbre a los actores privados, incluyendo a inversionistas extranjeros. El segundo es la modernización del sector cooperativista, con el objetivo de revertir la creciente informalización y transformar a las cooperativas en unidades productivas eficientes, formales y con responsabilidades claras.
A partir de esta visión, la Estrategia de Desarrollo Minero identifica cinco áreas prioritarias de intervención. La primera es el fomento y protección de la inversión, que incluye medidas como reemplazar el actual Contrato Administrativo Minero por un Contrato de Concesión de 30 años prorrogables, la posibilidad de someter disputas a arbitraje con expertos extranjeros, y la creación de una Superintendencia General de Minas. En el ámbito fiscal, propone suprimir la alícuota adicional del IUE, crear una sobretasa a las utilidades extraordinarias con deducciones por inversión y otorgar exenciones tributarias por 15 años para maquinaria e insumos.
La segunda área prioritaria es la modernización y formalización del sector cooperativista. Milenio sugiere permitir asociaciones con privados nacionales o extranjeros, establecer un Régimen Especial del Impuesto sobre Utilidades del 4,8% anual, crear un fondo de aval que facilite acceso a financiamiento y garantizar la formalización laboral de trabajadores no asociados mediante la destinación de parte del impuesto para su afiliación a la seguridad social. El documento también contempla la opción de que las cooperativas puedan transformarse en sociedades de responsabilidad limitada sin perder derechos adquiridos.
La sostenibilidad socioambiental constituye la tercera área clave. La propuesta incluye la obligación de prever recursos para el cierre y remediación de operaciones, la implementación de un plan nacional para eliminar el uso de mercurio en la minería aurífera —en cumplimiento del Convenio de Minamata— y una redistribución de la regalía minera que asignaría el 5% directamente a las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos.
La cuarta área de reforma es la profesionalización del capital humano. El documento advierte que Bolivia carece de suficientes técnicos e investigadores especializados, por lo que plantea impulsar programas de formación de alta calidad y fortalecer escuelas de minería orientadas a operarios, técnicos e ingenieros, con el fin de elevar la productividad y la innovación en toda la cadena.
El fortalecimiento institucional es la quinta prioridad. La propuesta incluye la creación del Consejo Nacional de Minería como un órgano técnico consultivo público-privado, la reestructuración del Sergeomin (Servicio de Geología y Minería) y el Ceimm (Centro de Investigaciones Minero-Metalúrgicas) para mejorar la investigación geológica, y la implementación de un servicio civil meritocrático en el Ministerio de Minería. Además, sugiere una reingeniería de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), basada en un diagnóstico independiente, y confirma la posibilidad de que esta entidad suscriba contratos de riesgo compartido con privados mediante licitación internacional.
En conjunto, el estudio de la Fundación Milenio plantea abandonar el marco legal vigente —la Ley 535— que considera “disfuncional, anacrónico e ineficiente”, para dar paso a una nueva normativa que priorice la inversión, la seguridad jurídica y la sostenibilidad como condiciones indispensables para transformar el sector. La propuesta se presenta como una hoja de ruta para que la minería boliviana inicie finalmente un “nuevo comienzo”, capaz de convertir su potencial en desarrollo efectivo para el país.
20 de noviembre de 2025
Fuente: ANF