La llamada Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promulgada el 15 de octubre de 2012, hace parte de la serie de leyes que el gobierno de Evo Morales ha promovido en los últimos años, relacionadas con el sector rural, agropecuario y los recursos naturales. Su contenido prosigue y profundiza los lineamientos de la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra de 2010, una norma que, sin embargo, ha pasado completamente desapercibida.
Puesto que la nueva ley apenas ha entrado en vigencia, y pendiente como está su reglamentación, no es posible por ahora evaluar sus efectos y resultados. La perspectiva de análisis en este trabajo se enfoca principalmente a examinar su orientación y propósitos, el alcance de sus disposiciones, la consistencia de sus enunciados y principios con los medios e instrumentos para el logro de sus objetivos.
Más allá de los aspectos formales, lo que interesa primordialmente es reflexionar y discutir sobre el sentido (o sinsentido) de esta ley y, también, sobre sus posibilidades de aplicarse y lograr cambios o impactos importantes.
Confieso que no me ha sido fácil lidiar con la abrumadora retórica de este texto legal (supongo que no solo a mí me ocurre), de ribetes grandilocuentes y con un título tan pretencioso como enigmático, para tratar de entender la lógica de su entramado normativo. Difícilmente se podrá encontrar en la literatura legal boliviana un texto tan confuso, de tanta estridencia discursiva y a la vez tan carente de precisión, rigor conceptual y técnica legislativa.
Henry Oporto
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