Hace varios años, desde la Unidad de Conflictos de CERES en Cochabamba se planteó una propuesta de reforma policial con los objetivos de mejorar la seguridad ciudadana y dignificar la función policial. Proponía fortalecer el comando y descentralizar operaciones, involucrando en el financiamiento a las alcaldías y gobernaciones. Nos parece de extrema urgencia reformar la policía para enfrentar la creciente inseguridad en el país y satisfacer una de las demandas más sentidas.
Delitos comunes denunciados Total Nacional C ontra la Propiedad C ontra la Libertad (eje derecho) La reforma integral de la Policía Nacional tiene que basarse en mejores condiciones de trabajo de manera que los policías sean profesionales expertos en preservar la seguridad ciudadana y defender los derechos y las libertades de la gente.
Esto se puede lograr si se unifica bajo un comando real de la Policía Nacional todas las funciones de seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, se descentralizan las operaciones unidades especializadas cuya jurisdicción y competencia estarían definidas por los niveles de gobierno más cercanos a las mismas.
En ese marco, una profunda reforma del sistema de seguridad ciudadana debería definir como parte de la Policía Nacional todas las fuerzas organizadas que se encarguen de proporcionar servicios de control, protección, seguridad, prevención e investigación del delito, cualquiera sea la fuente de sus recursos y su ámbito jurisdiccional. Esto implica poner bajo «mando único» a todos los servicios de seguridad, incluyendo los privados, que deben ser supervisados, regulados y normados por el Comando de la Policía Nacional y, en caso de guerra internacional, depender de las Fuerzas Armadas.
La designación del Comandante General de la Policía Nacional y los ascensos deben ser claramente regulados por la Ley Orgánica, de manera que la carrera policial no esté sujeta a favores políticos o personales. Es fundamental que la Policía Nacional cuente con un Comando General de alto nivel profesional y bien remunerado, opere través Servicios Descentralizados.
Las funciones del Comando General deberían concentrarse en lo esencial, que es: a. Formar y capacitar a los policías, clases, suboficiales y oficiales, otorgando credenciales que habilitan a los profesionales de la seguridad ciudadana en sus diversas especialidades y grados. Hasta los guardias privados deberían ser acreditados por el Comando General. b. Ofrecer cursos de especialización y ascenso, en coordinación con otras unidades académicas (Universidades, Academias Policiales y Militares, de dentro y fuera del país). c.
Preparar y tomar exámenes de ascenso, certificando especialidades y grados, y otorgando ascensos en niveles suboficiales. d. Supervisar y controlar a todos los servicios de seguridad ciudadana, disponiendo para ello de un Servicio Interno de Investigaciones que haga de «policía de las policías» y pueda prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción, negligencia, abuso de poder, etc. e. Coordinar, armonizar y difundir las normas, reglas y procedimientos que sean aprobados en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional.
A su vez, los servicios especializados deberían ser administrados por las entidades que mejor pueden apoyarlos y controlarlos, rigiéndose todos bajo reglamentos y «normas de calidad» comunes. Esos Los Servicios de Bomberos, Municipales. Los Servicios de Auxilio y Rescate (SAR) y unidades especializadas que deben crearse para manejar situaciones de riesgo y desastre natural, formadas por voluntarios, deberían depender de las Municipalidades.
Esta propuesta necesita de un financiamiento adecuado que podría combinar transferencias del Tesoro General de la Nación (aumentar la coparticipación tributaria permitiría que las Municipalidades dispongan de recursos adecuados para las nuevas responsabilidades), asignaciones presupuestarias propias y recaudaciones por servicios. La descentralización permitiría que los servicios de seguridad ciudadana mejoren, recuperando legitimidad, de modo que el público no evadiría sus obligaciones y los recursos que se recauden serían también mejor administrados.
Un Comando unificado en la emisión de normas, la formación profesional y la vigilancia puede garantizar que las unidades de servicio desarrollen sus labores en los marcos legales, evitando su manipulación y utilización por las autoridades políticas, cualquiera que sea el nivel del Estado en que se encuentren.
Al mismo tiempo, la existencia de unidades descentralizadas que funcionan con personal profesional y bajo la administración de las autoridades que se encuentran en la mejor posición para comprender los problemas que enfrentan, evitaría el uso de la Policía Nacional como instrumento de represión al servicio de poderes efímeros. Así, esta propuesta no solamente apunta a resolver la crisis inmediata de la Policía Nacional, confiando profesionalización, sino que contribuiría decisivamente a la institucionalización del país y el fortalecimiento de la democracia.
Defender los derechos humanos y las libertades individuales requiere de una buena policía. servicios no emplearían a personas sin certificación del Comando General. La descentralización de operaciones permitiría tener varios cuerpos especializados. Una Policía Técnica Judicial administrada por el Ministerio Público y que haga la investigación de los delitos en respaldo de la labor de los fiscales. Las Oficinas de Tránsito a cargo del tráfico vehicular en las ciudades dependerían de las Municipalidades (que por fin podrían aplicar sus planes de vialidad y ordenar el transporte urbano).
Las actividades de prevención y control del delito, y de protección de las personas y la propiedad, pasarían a las Municipalidades. La protección ambiental, guardaparques, protección de los recursos naturales, dependerían las gobernaciones. El Patrullaje de Caminos también a cargo de las gobernaciones. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico podría mantenerse como cuerpo nacional dependiente del Comando General. La protección ciudadana en mercados y lugares públicos, seguiría como dependencia Municipalidad pero según normas, controles y supervisión del Comando General, con personal debidamente especializado.
Los Servicios Privados de Seguridad, seguirían bajo dependencia de las empresas que tengan autorización del Ministerio del Interior y que funcionarían según normas, reglamentos y supervisión del Comando General, y por tanto sujetas a su control y vigilancia. Podría crearse una Seguridad Universitaria, dependiente de las Universidades pero con normas, controles y supervisión del Comando General.






