Coy 103 – La Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

La Ley alcanza solamente a las organizaciones comunitarias indígenas y en algunos casos a las asociaciones de productores, OECAs y productores individuales, pues no considera a las pequeñas, medianas y grandes empresas agropecuarias que constituyen la principal fuente de la producción de alimentos en el país, aunque las incorpora – en absoluta minoría- en la institucionalidad sectorial que crea a partir de los enominados Consejos productivos.

La Economía Comunitaria no existe El principal problema de esta ley es que norma sobre la Economía Comunitaria como si ella fuera algo existente y propio de las comunidades indígenas y originarias, donde se planifica, se produce y se distribuye excedentes.

Las comunidades son entidades territoriales equivalentes a las juntas de vecinos urbanas, aunque con mayor control social; se llaman sindicatos agrarios, federaciones, centrales campesinas, OTBs, ayllus o capitanías, pero dentro de ellas son las familias las que planifican la producción, producen y se apropian de los excedentes, sin que la comunidad tenga mayor injerencia.

La propiedad comunal, por su parte, todavía existe en el área rural, pero con estas características: en altiplano y valles es una forma de tenencia marginal, superviviente en las poco útiles tierras de altura para áreas de pastoreo o de agricultura de barbecho, paulatinamente apropiadas por las familias en las regiones guaraníes cada familia tiene áreas en tierras comunales para su aprovechamiento, tal como antes lo hacían en las tierras patronales en zonas bajas y selváticas los integrantes de las TCO cuentan con enormes extensiones comunitarias, pero su aprovechamiento es familiar.

Incluso sus empresas comunales turísticas están conformadas por “grupos de interés” que pagan a las comunidades una suerte de regalías. La ley reconoce a las comunidades como organizaciones económicas y las hace sujetos centrales de sus beneficios, lo que equivale a reconocer como tales a unidades vecinales conformadas por familias intereses económicos heterogéneos.

Esa heterogeneidad llevó al fracaso los programas comunales de desarrollo rural emprendidos por las ONG y el Estado en la década de los 80, tras de lo cual los campesinos se dieron una salida más realista: crearon asociaciones de productores, que constituyen la expresión más moderna del atomizado mundo rural, pues supera la dispersión de las unidades económicas familiares. Por diferentes caminos, pero especialmente a través de fondos concurrentes departamentales, la Ley establece la transferencia directa de donaciones a las comunidades para fomento de la producción.

Este mecanismo, que supone la transferencia de recursos públicos a privados aplicado por programas financiados por cooperación internacional, aunque siempre a favor de entidades con alguna capacidad de gestión, como las asociaciones de productores y con la exigencia de contrapartes. Financiar a comunidades (sindicatos, centrales campesinas u OTBs) es mucho más riesgoso y entraña una responsabilidad de seguimiento para a la aplicación de los recursos.

El fondo creditico que crea la Ley aparece también como específicamente dirigido a las comunidades, aunque esta vez añade OECAs y pequeños productores, con una tasa de interés real y garantías flexibles, lo que permite suponer que los créditos no serán muy diferentes a los ue actualmente ofrecen las entidades microfinancieras.

Productos Estratégicos Controlados La Ley establece también productos estratégicos para la soberanía alimentaria y los somete a por lo menos dos restricciones: i) obligatoriedad de constituir reservas en silos estatales, departamentales y comunales ii) regulación de sus precios en el mercado interno y control o regulación de su exportación.

El Consejo Productivo, a la cabeza del Primer Mandatario, definirá cuales son estos productos, pero transitoriamente son: maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes, avicultura, caña de azúcar, quinua y sorgo; una variedad tal que puede conllevar un control generalizado de precios y con ello desincentivos a la producción y a la larga escasez.

En materia de comercialización ratifica la regulación de la exportación de alimentos, lo que permite deducir que continuará la política de fijar cupos a los productos que se vean afectados por elevación de precios o escasez, como ha venido sucediendo con la prohibición de exportación de trigo, arroz, maíz y azúcar y la fijación de cupos a la exportación de soya, harina de soya, girasol y harina de girasol, así como sus derivados en aceites.

Ello significó en 2008-2010 $us 178 millones que dejaron de percibir los productores, con la consiguiente pérdida de mercados. La constitución de reservas alimenticias suena interesante como medida tendiente a regular los precios; sin embargo, el almacenaje de alimentos constituye una función técnica especializada que difícilmente podrán cumplir las reparticiones estatales o las gobernaciones.

La comercialización de productos a través de empresas estatales y la construcción de mercados para la venta directa del productor al consumidor parten del supuesto de que es necesario eliminar a los intermediarios con objeto de mejorar los precios a nivel del productor y abaratarlos para el consumidor.

Sin embargo, la experiencia demuestra que: como EMAPA, las empresas estatales son canales ineficientes y burocráticos de distribución en comparación con los intermediarios nacionales que trabajan prolongadas jornadas en el acopio y la venta, acampan en camiones sin cobrar viáticos y utilizan mano de obra familiar los mercados campesinos construidos organizados por el Estado y las ONG en las décadas de los 80 fracasaron, debido a que los costos de transacción se elevan demasiado para los productores cuando deben trasladarse a los puestos de venta y permanecer en ellos con pequeñas cantidades de su oferta familiar; terminaron por ello en manos de los eficientes intermediarios.

La Ley crea por otro lado dos empresas estatales: la de apoyo a la producción de semillas, que pretende ser una continuación del exitoso Programa Nacional de Semillas, afectado por la politización y el clientelismo desde 2006 y la de fertilizantes orgánicos a partir de reciclaje de basura que, refleja una necesidad sentida, pero que requiere apacidad de gestión empresarial.

El Seguro Agrícola Este seguro constituye una aspiración de todos los productores, que se viene concretando en América Latina debido a que los precios de los alimentos permiten pagarlo y a la mayor disponibilidad de recursos en las economías. En el caso de la propuesta boliviana, llaman la atención lo siguiente: Habla de seguro agrario y no de seguro agropecuario, lo que induce a pensar que la ganadería podría no estar cubierta, debido a que se trata de una actividad de poca incidencia en las comunidades indígenas y campesinas.

Cubrirá todos los fenómenos climáticos y desastres naturales, lo que podría hacerlo insostenible y provocar que las aseguradoras privadas no estén dispuestas a asumir el riesgo. Normalmente estos seguros se aplican a cultivos de alta tecnología y a ganado de alta calidad genética. Establece un subsidio total a la prima de los productores más pobres, lo que implica por una parte una difícil medición de la condición de pobreza de cada afectado y, por otra, genera un incentivo perverso a descuidar la protección de los cultivos.

La verificación de daños caso por caso representa un costo que puede ser más alto que las indemnizaciones a pagarse; por ello, los seguros agropecuarios existentes tienden más bien a establecer riesgos “elegibles” que –si se producen- se pagan utomáticamente.

Otros temas importantes Además de lo dicho, destacan las intenciones de construcción de infraestructura de riego en un país cuya agricultura depende demasiado del régimen de lluvias, la tímida aceptación de la posibilidad permitir la incorporación semillas transgénicas, fortalecimiento de los servicios de sanidad vegetal, animal e inocuidad alimentaria y la constitución del observatorio agroambiental con servicios de alerta temprana para los productores. Sin embargo, se trata de beneficios dirigidos casi exclusivamente las comunidades.

Que se obligue a las gobernaciones a cofinanciar recursos para varios componentes de la Ley hace suponer que habrán nuevas restricciones a las autonomías. Que no se hubiese introducido una flexibilización de la Función Económico-Social de la tierra (FES), en sentido de ampliar los plazos de la verificación de su cumplimiento de 2 a 5 años, quiere decir que se mantiene la inseguridad jurídica para quienes no son comunarios, pues pende sobre ellos la amenaza de reversión de las tierras sin indemnización si se retrasan en el pago a sus empleados, si un menor de edad ayuda a su padre, si desmontó sin autorización, si hay contradicción entres los usos actuales los recientemente normados, si se les degradó la tierra y si dejan de trabajar un pedazo así fuera por causas justificadas.

En fin, se trata de un diseño tan dirigido a las comunidades y grupos indígenas que incluso se llega a dudar si no constituye una Ley de promoción específicamente para ellas y que luego podría sobrevenir una verdadera Ley de Desarrollo Agropecuario.

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