La circular 091, de 27 de septiembre de 2011, emitida por la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) toca un tema que afectará de manera importante el funcionamiento del sistema financiero y de la economía empresarial privada: El que se refiere a que la capacidad de pago del deudor se establecerá utilizando la información financiera y patrimonial presentada por el sujeto de crédito al Servicio de Impuestos Nacionales.
El horizonte para las medianas y pequeñas empresas La medida está orientada a eliminar la doble contabilidad de las empresas y de los profesionales libres y, por ese camino, dar un golpe de gracia a la evasión tributaria, pues muchas empresas presentan a las instituciones crediticias sus estados financieros reales, eufemísticamente llamados corporativos, con objeto de que sea evaluada su capacidad de pago y les sea otorgado un crédito acorde a su realidad.
El balance “fiscal” en cambio, contiene un escenario pesimista, con resultados negativos o por lo menos pobres, orientados a reducir al mínimo el impuesto a las utilidades. Con la medida, las entidades financieras deberán evaluar la capacidad de pago de sus clientes sobre la base del balance presentado al Sistema de Impuestos Nacionales, lo que quiere decir que los montos de los créditos se reducirán a los modestos límites de los flujos declarados.
Dado que las empresas no pueden satisfacer sus necesidades de capital de trabajo y de inversión sin crédito en los volúmenes reales que suponen sus operaciones, la consecuencia será que deban contar con una sola y verdadera contabilidad. Vistas así las cosas, se trata de un avance en la formalización empresarial y en la reducción de la evasión tributaria.
Sin embargo, desde el punto de vista de la banca, la medida puede acarrear una contracción importante de sus operaciones, si se toma en cuenta que la mediana y pequeña empresa posibilitaron gran parte del crecimiento de su cartera en los últimos años. Este estamento empresarial es precisamente el que en una proporción significativa recurre a la doble contabilidad.
La doble contabilidad, si bien no es justificable, tiene causas que la explican y que son responsabilidad del Estado: i) debido a la competencia desleal del contrabando y de quienes operan sin sujeción a las leyes laborales e impositivas, las medianas y pequeñas empresas tienen un mercado estrecho y márgenes muy pequeños de rentabilidad como para compartirlos en un 25 por ciento con el sistema impositivo ii) los negocios industriales que adquieren materia prima de productores primarios –que están exentos de impuestos – no obtienen crédito fiscal iii) la rigidez laboral que presiona sobre los costos empresariales se encuentra en Bolivia entre las más altas del mundo iv) la corrupción en la administración pública tiene como su presa favorita al sector empresarial.
El cuadro 1 muestra que el régimen impositivo nacional se encuentra entre los más complicados del mundo, no solamente por la cantidad de pagos y el tiempo que supone la preparación de la información de respaldo, sino principalmente porque se lleva el 64% de la utilidad bruta de las empresas, mucho mas que en Chile y los países de la OECD.
Categoría Bolivia A. Latina OECD Chile Perú Número de pagos Tiempo en días Total pagado en % de la utilidad bruta Por otro lado, tal como muestra el cuadro 2 Bolivia es el país más rígido de Sudamérica en términos de empleo (datos 2008); es decir, tiene reglamentos que dificultan y encarecen la contratación y el despido de trabajadores, altos costos de horas extras y aportes patronales de diverso tipo. Ello hace que gran parte de las pequeñas empresas no sean competitivas o prefieran mantenerse en la informalidad, evadiendo las leyes laborales.
País Indice Paraguay Banco Mundial.
Finalmente, la corrupción está presente en el conjunto de problemas que afectan la seguridad jurídica de los empresarios, principalmente de los más pequeños. El Sudamérica que deberán realizar pagos informales para que “las cosas se hagan bien” a funcionarios de aduanas, impuestos, servicios, etc. Bolivia aparece como el país más extorsivo en estos trámites después de Paraguay.
País Número (Porcentaje de empresas) Paraguay Mundial.
* Corresponde al año 2009.
La microempresa y el microcrédito Las instituciones de microfinanzas acusarán también el impacto de la normativa ASFI. Una parte importante de sus clientes son microempresarios que se encuentran en el régimen simplificado; es decir, cuentan con NIT pero pagan un impuesto muy reducido, casi simbólico, pues el capital que declararon para entrar en esta categoría es como máximo equivalentes aproximadamente US$ 5,300. Muchos de estos empresarios acuden al sistema de microfinanzas por montos mayores a los US$ 5,000, pues gracias a los créditos sucesivos que obtuvieron y a su alta moral de pago se fueron graduando como clientes exitosos. Al parecer, de ahora en adelante, estos montos deberán guardar relación con la situación patrimonial declarada, con lo que las entidades microfinancieras podrían perder a sus mejores clientes.
Se trata de un sinceramiento necesario. Sin embargo, al existir una masa mayoritaria de microempresarios que ni siquiera cuentan con registro tributario, la medida de la ASFI se convertiría en un desincentivo para que los informales tramiten su NIT como venía sucediendo y prefieran permanecer en la informalidad absoluta y probablemente deban recurrir al crédito usurero, como sucedía hace 20 años. Al fin y al cabo, la formalización supone pare el microempresario iguales o mayores complicaciones que para los más grandes.
Conclusiones
La ASFI busca reducir la evasión tributaria y ampliar el universo de contribuyentes, políticas que son saludables para el sinceramiento fiscal y para la reducción de la informalidad. Sin embargo, a pesar de los plazos de adecuación prometidos por el Ministro de Hacienda para la mediana y pequeña empresa y la eventual exclusión de la microempresa de la aplicación de la norma, ella repercutirá en algún grado en una contracción de la actividad económica y en una reducción de la intermediación financiera.
Ello es así, porque no viene acompañada de incentivos a la inversión y a la formalización, como la vinculación de los salarios y la estabilidad laboral con la productividad, la reducción drástica de la competencia desleal del contrabando y la tolerancia cero a la corrupción en el sector público. Ni qué hablar de que siguen ausentes políticas de desarrollo productivo y de fomento al crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la promoción de las exportaciones.
La norma regulatoria se orienta a incrementar la recaudación de unas arcas fiscales ávidas de mayores ingresos a costa de los formales y de los que tienen cierto grado de formalización. Ese enfoque unilateral limitará el acceso de las PyMEs al crédito y asfixiará aún más desenvolvimiento, empujándolo informalidad total.






