Coy 144 – La falta de dinero no es el problema

La decisión del gobierno de aprobar una ley sin precedentes para utilizar las reservas internacionales del país, hace pertinente cuestionarse si, en la actualidad, es la falta de dinero la que impide que el país crezca más rápidamente. Para ello es relevante considerar qué acontece con el crecimiento potencial de nuestra economía. Muchos, incluso aquellos con alguna formación en economía, se interesan más por el dato del incremento anual del Producto Interno Bruto (PIB) y no así por lo que sustenta esta cifra.

Resulta que desde una perspectiva del desarrollo nacional, lo que más interesa es ocuparse de lo que el país puede producir de manera sostenida en el tiempo, es decir, de las condiciones que tengamos para desarrollar nuestra capacidad de producir bienes y servicios y así mejorar los ingresos y las oportunidades de empleo productivo para la población. La medida que nos acerca a este concepto se conoce como la tasa de crecimiento potencial de la economía.

La poca atención a este indicador nos hace pasar por alto que no obstante la masiva afluencia de divisas y los abundantes recursos con los que cuenta el Estado, producto de un ascenso extraordinario en los precios internacionales de las materias primas, nuestra economía no logra crecer, en promedio, más allá de las tasas que ya se observaron en el pasado, excepto cuando habían crisis internacionales que deprimían los precios de nuestras exportaciones (ver gráfico 1).

PIB (a precios de mercado) * Datos al tercer trimestre del año. Bolivia está entrampada en tasas de crecimiento promedio que bordean el 4.5 por ciento, a pesar de la bonanza para la materias primas, porque las condiciones internas que hacen al desenvolvimiento de nuestra economía no son las apropiadas. Los cuantiosos recursos que el Estado ha gastado en el pasado reciente no consiguen conformar un ambiente favorable al desarrollo. Son muchas las condiciones que están ausentes y que impiden imprimir un mayor dinamismo a la economía nacional.

Para citar algunas de ellas, podemos comenzar por el trillado argumento de la falta de seguridad jurídica, y continuar con aspectos menos explorados como el escaso desarrollo de nuestras instituciones y, también, la ausencia de infraestructura productiva, entendida en un sentido amplio que incluye no solamente a las carreteras (aquellas que se justifican económicamente y no con caprichos) sino también al abastecimiento de energía, a las telecomunicaciones, al riego y a los servicios urbanos básicos.

Pero además, es necesario considerar otros aspectos que están relegados de la agenda pública, como son los casos de la educación y de la adopción de nuevas tecnologías que eleven la bajísima productividad nacional. Todas estas áreas se las desarrolla orientando correctamente el gasto público y privado. En pocas palabras, no se trata de gastar más sino de hacerlo eficientemente. Si no se hace así, no debería extrañarnos que a pesar del significativo incremento del gasto público, la economía nacional tenga todavía un bajo umbral de crecimiento.

El mayor gasto estatal, en un contexto de distorsiones de precios por subsidios cruzados mal diseñados en sectores clave como el eléctrico o los hidrocarburos, o en un contexto de inflación reprimida porque algunos precios importantes están congelados fijados administrativamente, o en un ambiente donde el tipo de cambio está sobrevaluado, es muy difícil que se pueda fortalecer el potencial productivo nacional. Es con ésta óptica que hay que examinar las previsiones del gasto público para éste y los próximos años.

Un repaso rápido a la cantidad de fondos a la que el Gobierno fácilmente podría tener acceso en este y los próximos años, nos revela un cuadro que haría levantar las cejas al más indiferente frente a estos temas (ver cuadro 1).

Sumando los créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) para diversos proyectos de las entidades del Estado, aprobados a partir de las leyes de presupuestos del año 2010; los créditos ya contratados de organismos internacionales y que aún no se han desembolsado; más los bonos que pretende el gobierno ofrecer en los mercados internacionales; el uso de las reservas internacionales; y, los fondos que mínimamente estarán disponibles para las inversiones públicas en los presupuestos anuales de los próximos años, llegamos fácilmente a sobrepasar los US$ 20,000 millones, sin duda una cifra que el Estado nunca ha tenido a su disposición para invertirla libremente.

Nótese que en éste cálculo, no se ha incluido la proyección del monto que gastará el Estado en las partidas corrientes, que, anualmente, son superiores a las de inversiones.

Fondos Uso de reservas internacionales Emisión internacional de bonos Saldos de créditos del BCB al SPNF YPFB EASBA COMIBOL Presupuesto de inversión pública* Créditos externos contratados y no desembolsados Nueva deuda con organismos multilaterales y bilaterales** * Asumiento el mismo presupuesto para el 2012, ** Estimada en base al ritmo de contrataciones de últimos años. EASBA: Empresa Azucarera San Buenaventura. Tanto dinero merece un mejor destino del que tuvo el que recibió el país hasta ahora, gracias a la bonanza de los precios internacionales de los últimos años.

Bolivia debería encarar los próximos años, que coincidirán con el fin de un largo ciclo de buenos precios para las materias primas, corrigiendo las distorsiones que han creado un ambiente de artificialidad como si el boom de las materias primas fuera eterno y, ciertamente, acumulando una pequeña reserva para cuando esta bonanza termine y las cosas se pongan difíciles. Algunas las formas extraordinarias financiamiento que se persiguen en la actualidad deberían revisarse.

Las reservas internacionales no son un ahorro del que el Estado puede disponer libremente, como muchos creen por falta de conocimiento de lo que realmente éstas representan; tampoco la emisión de bonos en los mercados internacionales parece ser una buena idea si se considera que su costo será bastante más elevado que el que tienen los préstamos ya contratados por el Estado y que hasta ahora no son desembolsados, pero, además, no tendrán los largos plazos de la deuda a la que el país puede acceder de los organismos multilaterales, si es que tuviera proyectos rentables para ser presentados en esas instancias.

En suma, en la actualidad, el Estado Boliviano no enfrenta una situación de escasez de recursos. Lo que hacen falta son las condiciones a las que nos referimos líneas arriba, a las que habrá que añadir una mejor capacidad de gestión de parte de los operadores públicos. El país ha ingresado a un prolongado periodo electoral desde el momento que el oficialismo ha comenzado a promocionar a su candidato y la oposición ha iniciado la búsqueda de su convergencia.

El ambiente es propicio para priorizar lo inmediato y aquello que da réditos a los ojos de la masa. No obstante, no debería ser mucho pedir que en este final del ciclo de alza de las materias primas, se inviertan sus resultados de la manera más productiva posible. Por ejemplo, la tan difundida industrialización de las materias primas, debería ser promovida alentando el capital de riesgo privado y la incorporación de tecnologías probadas en su aprovechamiento.

La satanización de la inversión privada, especialmente la extranjera, está alejando del país a los actores que están acelerando el desarrollo de nuestros vecinos, Perú y Chile. Las experiencias que estamos viviendo con la imposibilidad de arrancar la industrialización de los hidrocarburos a seis años de la denominada “nacionalización” de este sector, o los avatares de la explotación del hierro del Mutún que en su momento fue anunciado como el más exitoso contrato jamás concebido por el Estado, o las idas y venidas con la explotación del litio que tras años de anuncios no arranca y si lo hace será en una escala y en condiciones de experimento.

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