Basilea I y II El año 1974 el Banco Central de Alemania decidió cerrar el “Bankhaus Hersttat”, lo que ocasionó la falta de liquidación y compensación de varias operaciones internacionales. Esta situación significó un serio problema no solo para Estados Unidos, sino también para el sistema financiero mundial.
A raíz de este evento es que el Grupo de los 10 (conformado por Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suecia, Suiza y Estados Unidos) decidió crear el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, con la finalidad de que se encargue de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios internacionales, permitiendo de manera oportuna minimizar el riesgo al que se exponen las instituciones financieras y en último caso evitar crisis bancarias.
Las recomendaciones de dicho Comité no tienen fuerza legal ni ningún tipo de coercibilidad. Es en 1988 que el Comité decidió introducir un sistema de medida de capital de las instituciones financieras que fue llamado el Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I), que a diferencia de la creación del Comité, contó con una cantidad mayor de países participantes. Este sistema introdujo un estándar de capital mínimo de 8 por ciento de la cartera para reducir el riesgo de crédito a partir de 1992.
Después de varios años de aplicación, la revisión del acuerdo de Basilea I se hizo necesaria; una de las mayores críticas al documento era la simplicidad de los parámetros. Se veía que era necesario abordar temas más específicos, que se ajusten a los avances que había sufrido el sistema financiero desde el acuerdo de Basilea I. Es así que en 1999, el Comité publicó una propuesta con tres pilares: 1) Los requerimientos de capital mínimo. Que refinaba las reglas de cálculo de capital de Basilea I, incluyendo los riesgos operacionales.
2) La supervisión de la adecuación de capital y de su proceso de asignación interna. Que en términos generales significa que los organismos supervisores nacionales tienen la potestad de incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, se debe revisar y validar tanto los métodos estadísticos utilizados para calcular los parámetros del capital mínimo como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función de los resultados.
3) La transparencia y disciplina de mercado. El Comité vio que estos dos elementos son un gran incentivo para que la dirección del banco tome las medidas necesarias para mejorar la gestión y conducirla dentro de unos niveles prudentes de solvencia. Después de varias consultas y reuniones con los bancos, grupos del sector y autoridades de supervisión, se aprobó la propuesta conocida como el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), publicado el año 2004.
Basilea III Con el convencimiento de que las regulaciones existentes no eran suficientes para prevenir y frenar el excesivo riesgo que tomaron las entidades financieras en el mundo, el conjunto de reformas a la regulación bancaria como consecuencia de la crisis de 2008, propuestas por el Basel Conmmittee on Banking Supervision (BCBS) y conocidas como “Basilea III”, han sido rápidamente aprobadas y deben ser puestas en vigencia desde fines de este año, aunque el plazo para su total implantación se extiende hasta 2018.
Siendo su objetivo fundamental reducir los riesgos y evitar que se repitan situaciones de crisis, Basilea III busca fundamentalmente que los bancos cuenten con más y mejor capital. Para ello, se exige más capital directamente, a través de mayores requerimientos respecto a exposiciones a riesgos e, indirectamente, a través de coeficientes de apalancamiento y colchones de capital a ser usados en situaciones de crisis.
Al mismo tiempo, se demanda capital de mayor calidad, usando una definición más restrictiva del capital ordinario y reservas (core capital), además de observar con más cuidado a los pasivos subordinados. Asimismo, Basilea III limita el apalancamiento, lo que puede conllevar a una contracción de las inversiones, incluidas las crediticias, incidiendo en el negocio principal y generando impacto negativo en la rentabilidad de las entidades financieras.
Por último, la mayor presión regulatoria busca consolidar una banca más pequeña, pero más fuerte, con la solvencia y la liquidez necesarias para adecuarse a la dinámica de la economía, lo que tendría efectos positivos en la estabilidad macroeconómica.
En definitiva, con Basilea III lo que se busca es minimizar el riesgo sistémico y con ello los costos macroeconómicos de las crisis del sistema financiero, las que hasta hoy han tenido como fatal efecto frenar el crecimiento económico, obligando a los gobiernos a realizar polémicos y costosos rescates bancarios y ahondando los efectos recesivos de esas crisis, con serias consecuencias políticas y sociales.
Hace unas semanas, el Centro para el Desarrollo Global (CGD) con sede en Washington, divulgó un análisis de tres economistas, Arturo Galindo, Liliana Rojas Suarezy Marielle del Valle, en el que se evalúa la situación general de los sistemas bancarios de varios países de América Latina con los criterios y parámetros de Basilea III. Su conclusión es que “no solamente la cantidad sino la calidad del capital es adecuada” en los países estudiados: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La legislación boliviana actual y la forma de exposición de los estados financieros de la banca aún no consideran la mayoría de las exigencias y deducciones de Basilea III, por lo que corremos el riesgo de que los indicadores de coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) y los de solvencia y liquidez no reflejen realmente los requerimientos de calidad en el capital bancario y en la capacidad de respaldo intrínseco a posibles crisis sistémicas.
Sin embargo, un estudio más detallado de las cifras de evolución del estado de situación del sistema financiero boliviano, muestra indicadores que permiten ser optimistas respecto al cumplimiento de los nuevos parámetros. Este optimismo debe ser administrado con cautela. En la misma aplicación del Convenio y en lo que se teme en el entorno financiero respecto a la nueva Ley de Bancos, podrían estar las dificultades para alcanzar esas metas.
En el primer caso, las exigencias son tales que pueden afectar el spread bancario y el nivel de capitalización y generación de reservas, reduciendo sensiblemente rentabilidad las entidades financieras; lo que hará más difícil la captación de capital fresco. En el segundo, si se impone un control normativo (o político) sobre el spread y se imponen obligaciones de mantener un porcentaje artificial de la cartera en actividades específicas (productivas o sectoriales), podría aumentar riesgo incobrabilidad, afectando negativamente cumplimiento de Basilea III por parte de la banca boliviana.
En otras palabras, mientras Basilea III apunta a reducir los riesgos de la gestión bancaria, una mayor intervención política sobre misma podría acrecentarlos, anulando así los avances registrados en los últimos años.
Valores (Porcentaje) INDICADORES Disponibilidades/activos Disponibilidades/obligaciones a corto plazo Cartera/activos Cartera vigente/total cartera Cartera calificada «A» Cartera vencida y en ejecución/patrimonio Previsiones/cartera Coeficiente de adecuación patrimonial






