En el marco de esa impopularidad que la banca tiene en el mundo y de las relativamente importantes utilidades que el sistema financiero nacional ha obtenido en los últimos años, el gobierno ha decidido ponerle un conjunto de restricciones, las principales de las cuales constituyen un regreso a los lineamientos de política que ya existieron hasta los años ‘90 y que generaron distorsiones en los mercados financieros y en el comportamiento de su clientela.
Los principales elementos restrictivos del Proyecto de Ley del Servicios Financieros que merecen nálisis son los siguientes. Límites a las tasas de interés El artículo 60 del proyecto de Ley establece que serán reguladas mediante decretos supremos las tasas máximas que deberá cobrar el sistema financiero para sus créditos en general y para los dirigidos a los sectores de producción y vivienda en particular. Asimismo, establece que se regularán las tasas mínimas a pagarse por los epósitos.
La medida gozará sin duda de popularidad, pues es natural que los demandantes de crédito quieran pagar menos por ellos y que los ahorristas busquen obtener un mayor rendimiento de sus depósitos. Sin embargo, si se fijan topes demasiado bajos a las tasas de interés activas, las primeras entidades en verse afectadas serán las de microfinanzas; es decir, aquellas que tienen como clientela a pequeños prestatarios, quienes pagan tasas más altas debido a que obtienen créditos pequeños, por plazos cortos y generalmente sin garantías hipotecarias.
Sus tasas son altas debido a que i) deben destinar mayor cantidad de personal y recursos tanto a la evaluación del flujo de caja de los clientes como al seguimiento de sus operaciones, pues de ello depende el repago ii) debido al riesgo de prestar sin garantía deben realizar previsiones específicas voluntarias, incrementando con ello sus costos.
Si estas tasas son forzadas artificialmente hacia abajo, la certidumbre de operar a pérdida hará que se restrinja el crédito a los pequeños prestatarios y microempresarios, exactamente al contrario de lo que dice buscar el gobierno. Con ello se habrá echado por la borda veinte años una experiencia financiera que tiene reconocimiento internacional y antes de la cual el crédito sólo era accesible a los estratos medios y altos.
Fijar límites mínimos al rendimiento de los depósitos puede ser interesante para inducir a la banca a una mayor eficiencia y a tener una infraestructura menos ostentosa, siempre y cuando dichos límites consideren con realismo sus costos operativos y las nuevas obligaciones que le impone la propia ley: cursos anuales de educación financiera, contribución al fondo de protección al ahorrista, cumplimiento de metas sociales a ser establecidas por la ASFI, mayores impuestos a la venta e moneda extranjera y mayor impuesto a las utilidades.
Direccionamiento del crédito sector productivo Varios artículos del proyecto de ley, pero principalmente el 67 y el 68, definen como beneficiarios privilegiados del crédito a los sectores productivo y de vivienda social, estableciendo en su favor no sólo tasas menores, sino también un porcentaje mínimo de la cartera, siempre y cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas o productores artesanales, campesinos y de economía omunitaria.
Este proyecto no toma en cuenta que el sistema financiero no es el responsable de que el sector productivo nacional sea reducido y represente menos del 15 por ciento del universo empresarial. Se trata en todo caso de un fenómeno estructural, debido al riesgo que supone la inversión industrial en un país que tiene problemas de mercado interno y externo, deficiencias en sus servicios energéticos y de transporte y descontrol del contrabando; sumado a ello, la política cambiaria del gobierno encarece la producción nacional y abarata la oránea.
La obligación de dirigir montos crecientes de la cartera de crédito hacia un sector productivo tan reducido, generará inicialmente una lucha descarnada entre las instituciones financieras por arrebatarse clientes y más adelante las empujará a colocaciones de alto riesgo, poniendo en peligro los ahorros del público y la estabilidad del sistema en su conjunto. Con este modelo, años atrás, se generó incluso corrupción al hacer figurar como productivos créditos que pertenecían a otras ramas actividad.
Desarrollo de servicios rurales El Artículo 102 del proyecto y algunos otros se refieren a la necesidad de desarrollar los servicios financieros rurales en beneficio principal de campesinos, indígenas y otras organizaciones productivas, para lo que también mediante decretos supremos se establecerán metas de xpansión.
No se puede estar en desacuerdo con esta orientación, pero los proyectistas parecen desconocer que i) existen El principal problema del proyecto de Ley de Servicios Financieros es que asume que las entidades financieras deben transformarse en instrumentos de la política de gobierno, incluyendo el curioso concepto del “vivir bien” (artículo 4).
Ello desconoce que se trata de un servicio importante, pero que poco puede incidir en los indicadores económicos y sociales ni apoyar el desarrollo del sector productivo si su intervención no está acompañada de políticas públicas eficaces y eficientes, que promuevan la inversión, el desarrollo del sector productivo y el empleo. En este sentido, sería más importante liberar a las empresas industriales de obligaciones como el aporte solidario a las AFP, vincular los incrementos salariales anuales a la productividad y promover la calificación de la mano de obra.
Si el gobierno no es presa de una confusión de conceptos, querría decir que tiene la voluntad de reducir las dimensiones del sistema financiero privado o ir sustituyéndolo paulatinamente por bancos estatales; un proceso más lento pero idéntico al planteado en la amenaza del Ministro de Economía: la nacionalización (léase estatización) de la banca (Página Siete.
en el país 11 ONG (Instituciones Financieras de Desarrollo) y 4 entidades reguladas de microfinanzas con importante presencia rural, con tecnologías financieras adecuadas para los habitantes del campo y que en conjunto tienen allí una cartera de US$ 737 millones; ii) que la población rural representa menos del 30 por ciento de la población total y que en su gran mayoría está compuesta por ancianos y niños, pues la gente en edad productiva ha migrado mayoritariamente a las ciudades; iii) que el 33 por ciento (385) de las agencias del sistema financiero nacional son rurales; iv) que para abrir nuevas agencias rurales se requiere una masa crítica que no la tienen localidades de menos de 2,000 habitantes cuya PEA es indudablemente ínfima; v) que muchos de los pobladores rurales tienen como fuente de ingreso principal actividades extra prediales.
Todo ello implica que la eventual obligación de abrir nuevas agencias rurales conlleva nuevos costos para las entidades financieras sin que puedan ellas garantizar más ingresos. Es decir, se está por introducir un nuevo factor e riesgo para el sistema financiero. La banca como instrumento del Vivir Bien (A diciembre de los años indicados) Depósitos Cartera (A diciembre de los años indicados) Activa Pasiva (caja de ahorro)






