De los cinco decretos promulgados por el Poder ejecutivo el primero de mayo, en homenaje al día del trabajo, solamente 3 tienen como sujeto pasivo a empresas que cumplen un rol patronal en el mercado de trabajo.
Decreto Supremo 0107/2009 Establece el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas que venden servicios de tercerización, entendido como “el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato”.
Lo que hace particular a éste tipo de contrato, es que el personal involucrado, cumple tareas en la empresa contratista con la cual no tienen vinculación laboral, mientas que su relación obrero patronal es con la empresa prestadora del servicio de tercerización quien debe cumplir con todas las obligaciones laborales existentes. Sin embargo, el decreto obliga a incluir como parte de la relación contractual, una cláusula de cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratada, lo que acaba convirtiendo a la empresa contratista en un fiscalizador laboral.
El artículo 2, establece como sujetos pasivos de sanción a las empresas contratistas que realicen prácticas empresariales que tiendan evadir “relaciones típicamente laborales”, a través de modalidades de subcontratación u otras similares, remarcando así que es el contratista quien está encargado del cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratada para la tercerización, lo cual significa una transferencia del riesgo laboral que revierte el efecto benéfico de la tercerización al eliminar el sentido mismo de éste tipo de contratos.
La tercerización, es una buena práctica empresarial, debido a que se reduce el número de procesos dentro la cadena de valor de la empresa contratista y, por la simplificación de las tareas frente a terceros. La mayor especialización es otro de los beneficios importantes de la terceriazación, en razón a que permite realizar a cada empresa sus tareas con ventaja comparativa y mejores parámetros de calidad.
Un efecto previsible, sobre el mercado de la tercerización implicará la salida de las pequeñas empresas informales dedicadas a prestar estos servicios, así del personal individual contratado a tiempo parcial, para realizar trabajos para terceros, como es el caso de los consultores externos por producto, profesionales libres y empleados en ventas que trabajan sin relación laboral, bajo la forma de free lance .
Decreto Supremo 108/2009 Redunda en el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la higiene, y la salud ocupacional que deben cumplir las personas naturales que tengan una relación de trabajo con las entidades públicas. Establece que el equipo de protección provisto, debe ser de producción nacional, siempre que estos cumplan con los requerimientos técnicos, para cuyo efecto, la recientemente creada institución PROMUEVEBOLIVIA será la encargada de otorgar certificados de producción nacional.
Esta medida, establece una barrera de entrada a los productos importados seguridad salud ocupacional, que puede derivar en monopolios artificiales, con las consecuencias económicas que son conocidas por todos ante la presencia de éstas distorsiones en los mercados.
El hecho que las empresas que suministran servicios al sector público deban obtener un certificado de producción nacional otorgado por una institución estatal no técnica, puede constituirse en una barrera de entrada para las empresas al mercado compras estatales, con los efectos económicos y éticos que tienen este tipo de prácticas dentro el sector público.
Decreto Supremo 110/2009 Reconoce el derecho a la indemnización, por el desgaste físico y psiquico del trabajador luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fuera objeto o presentada su renuncia voluntaria.
Contablemente, la indemnización se provisiona desde el momento que un empleado ingresa a planilla, esto es desde que vence el período de prueba de 90 días, por lo que en términos contables no parece haber una modificación significativa, aunque si puede afectar las necesidades de capital trabajo para el caso de las empresas formales.
Por lo demás éste pago se hace efectivo al trabajador, por duodécimas si después de cumplidos los 90 días continuos de trabajo, se produce el retiro intempestivo o es presentada su renuncia voluntaria, por lo que antes que encarecer el costo del despido, lo que podemos esperar como efecto de la aplicación del presente decreto es que el período de prueba se reduzca en algunos días para evitar éste pago en caso de que el postulante no hubiera satisfecho las expectativas de la empresa, así como procesos de selección más rigurosos.
Efectos de la aplicación de los decretos La aplicación de los decretos examinados impactarán – Encarecimiento del costo de mano de obra por contratos de tercerización. – Aumento del costo de contratación de mano de obra. Lo que puede derivar en informalidad. – Incremento del capital de trabajo previsto, por efectos de la provisión a corto plazo para pago de beneficios sociales.
– Gasto adicional en equipo de protección de industria nacional, para las empresas que ya cuentan con stock de éstos bienes y son importados. En caso de no ser óptima la calidad de los productos de protección personal, de industria nacional, lo que se refleja en estos casos en el tiempo de duración del equipo, la empresa deberá adquirir un mayor número de piezas para el reemplazo por desgaste o fallas de calidad. Pérdida de la eficiencia de la especialización, debido a que es menos atractivo tercearizar procesos.
Barreras a la entrada al mercado de las compras estatales, debido a la necesidad del certificado de producción nacional. Mayor burocratización y mayores costos administrativos para acceder a vender bienes al Estado. Mayor conflictividad laboral, por exacerbación de los derechos de los trabajadores por sobre los deberes laborales.
Acortamiento del período de prueba a menos de 90 días Efectos en el mercado laboral Quisiéramos puntualizar, como reflexión final, que el excesivo proteccionismo del trabajador se convierte en un desincentivo a la contratación y, por lo tanto, deriva en una pérdida oportunidades de empleo para los trabajadores, lo que en definitiva eleva la tasa de cesantía. También alienta la actividad informal que evita todas las cargas sociales, dando como resultado peores condiciones para el trabajador.






