Coy 233 – La actividad legislativa en el 2013

Durante el 2013 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó 131 leyes, en un total de 210 sesiones ordinarias, esto significa que en promedio, se ha necesitado 1,6 sesiones por cada ley aprobada. Si se observa la naturaleza de las leyes por su alcance, 10 leyes, de las 131 aprobadas, son de carácter general, es decir, que se aplican a estructuras institucionales que afectan a la ciudadanía en general.

Entre estas, destacan las leyes referidas a la incorporación de artículos al código penal (Ley Nº 367), la Ley de Aplicación Normativa, Nº 381, cuyo objeto es el de determinar la aplicación de cuatro preceptos establecidos en la actual Constitución Política del Estado, entre los que se encuentra el concerniente a la reelección presidencial.

También se pueden identificar dentro de las normas de carácter general la del Presupuesto General del Estado, con sus respectivas modificaciones, la de modificación de distribución de escaños de diputados entre departamentos y el nuevo Código Procesal Civil. Por ámbito geográfico de aplicación, 74 leyes son de carácter nacional, 28 de carácter regional y 29 de orden estrictamente municipal.

Santa Cruz es el departamento para el que más leyes específicas se han aprobado (tanto regionales como municipales), con un total de 23, entre las que se encuentran, además de las referidas a la aprobación y/o modificación de contratos de exploración y explotación de diversas áreas hidrocarburiferas en poder de YPFB y a favor de otras empresas, la aprobación de varios créditos con organismos multilaterales (CAF y BID) destinados a los proyectos de construcción de la doble vía Montero – Cristal Mayu y Montero Yapacaní, así como para programas de infraestructura rural, la declaración como Patrimonio Nacional, Cultural y/o Turístico, según corresponda, del Museo de Historia de la Universidad Gabriel Rene Moreno, de las cabañas del Rio Piraí, de las artesanías elaboradas en el municipio Urubichá y el monumento “Cristo Redentor” entre otros.

Cochabamba, con leyes respectivamente, son los departamentos que siguen en número de leyes aprobadas para sus regiones. Se debe hacer notar que en ambos casos resalta la predominancia de las leyes de autorización, aprobación o modificación de contratos en el ámbito hidrocarburífero. En el caso de Chuquisaca, esta característica tiene más importancia, ya que solo 3 de las 9 leyes de aplicación exclusiva en el departamento no están relacionadas al este sector.

Específicamente, estas leyes están referidas a la declaración de prioridad nacional de la reforestación del Parque Nacional de la Serranía del Iñao (Ley Nº 383), la aprobación de un préstamo entre el gobierno nacional y la CAF para la construcción de la carretera Padilla – El Salto (Nº 419) y la Ley de Delimitación Interdepartamental con Cochabamba (Nº 431).

Por su parte, las leyes de aplicación en el departamento de Cochabamba, además de la ley de delimitación interdepartamental, están referidas a la declaración de patrimonio cultural de las pinturas rupestres de Rumi Plaza en Tiquipaya (Nº 411), la aprobación del préstamo para el financiamiento parcial de la doble vía Quillacollo – Suticollo y Sacaba – Chiñata, ambas con la CAF (Nº 347) y la declaración de prioridad nacional de la construcción de un nuevo centro penitenciario en el departamento (Nº 410).

Para el caso de La Paz, en la gestión 2013 se han promulgado 7 leyes, de las cuales resalta la Ley de aprobación del préstamo concedido por el BID (35 millones de dólares) para la rehabilitación de la autopista La Paz – El Alto.

Para Potosí y Oruro se han aprobado 5 leyes en ambos casos, mientras que para Tarija se promulgaron 4 leyes, 3 de ellas autorizando la firma de contratos para exploración hidrocarburifera y una referida a la declaratoria de prioridad nacional de la construcción del «Proyecto Múltiple Puesto Margarita – Sistema de Riego Villa Montes» (Nº 472).

En 2013 no se ha aprobado ninguna ley de aplicación específica para el departamento de Pando y solo 2 para el Beni (relacionadas a la expropiación de un terreno del Municipio de San Ignacio de Moxos a favor de la Universidad “José Ballivián” y del Municipio de Riberalta a favor del Ministerio de Gobierno para la construcción de la carceleta pública).

Las leyes en el ámbito económico Durante el 2013 se han aprobado 6 leyes de autorización para la firma de contratos de exploración entre YPFB y las empresas operadoras en 6 áreas de exploración reservadas para YPFB y concedidas a operadores privados.

A partir de estas 6 normas y conforme a la actual normativa, se requiere, después de la autorización expresa, la aprobación de dichos contratos por parte de la Asamblea Legislativa, también a través de una ley, por lo que se han aprobado además 5 leyes de autorización para la firma de contratos, referidas a las áreas Azero (ubicada entre Santa Cruz y Chuquisaca), Huacareta (Chuquisaca y Tarija), Cedro (Santa Cruz), Isarsama y San Miguel (Cochabamba). Adicionalmente se ha aprobado los contratos de exploración para el área Sanadita, ubicada en Tarija.

También, en 2013, se han modificado, por ley, dos contratos de explotación para el área Ipati y Aquio, ambas entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. En total, la labor de autorización, aprobación y modificación de los contratos petroleros ha implicado el tratamiento de 14 leyes, lo que representa más del 10 por ciento del total. En minería, se han aprobado 4 leyes.

La más importante (Ley Nº 403) está referida a las causales de reversión de los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) y Contratos Mineros, en función al carácter estratégico y de interés público de los recursos naturales, previa verificación de la inexistencia de la implementación o del desarrollo de actividades mineras. También se aprobó la Ley Nº 386, que aprueba el contrato de Asociación entre la COMIBOL, la Sociedad Minera Illapa S.A.

y la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A., destinados a desarrollar e implementar operaciones mineras para el tratamiento de las reservas y recursos mineralógicos existentes en las minas Bolívar y Porco, en los departamentos de Oruro y Potosí, respectivamente, bajo una nueva modalidad de contrato de Asociación para la prospección, exploración, explotación, beneficio y comercialización de concentrados de minerales, que serviría como modelo para futuros emprendimientos.

Finalmente, en mayo, se aprobó la Ley Nº 368, de Autorización de Suscripción de Contratos Mineros que faculta transitoriamente Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera a suscribir contratos mineros a nombre del Estado, con actores productivos de industria minera estatal, industria privada cooperativas mineras hasta tanto se promulgue la nueva ley del sector. En leyes transversales, destaca la aprobación de la Ley Nº 393, de Servicios Financieros, aprobada en agosto, que cuenta con más de 500 artículos y que modifica completamente normativa aplicada sistema financiero.

En la misma gestión se aprobó también la Ley General de Cooperativas, que identifica a las mismas por sectores: productivas (mineras, agropecuarias y otros), de servicios (vivienda, educación y otros) y servicios públicos (telecomunicación, electricidad, agua y otros), creando un nuevo organismo de supervisión y que les permite la asociación con capitales extranjeros.

Otras leyes aprobadas fueron la Nº 337, de Participación y Control Social de febrero, la Ley Nº 430, de modificación a la Ley de Pensiones, así como la Ley Nº 341 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, aprobadas entre enero y febrero, junto con la Ley Nº 453 de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios de las Consumidoras y los Consumidores (junio) y de Empresa Pública, aprobada en diciembre.

A manera de conclusión Por la cantidad de leyes aprobadas en 2013, se advierte un volumen de trabajo extenso. Sin embargo, si se observa el tipo de normas que se han aprobado, hay una dicotomía en el tratamiento de las normas, ya que la aprobación de éstas ha alternado entre un gran número de carácter estrictamente declarativo, y leyes de carácter estructural (como la de servicios financieros o de cooperativas) o sumamente técnico, tal es el caso de las que están referidas a la aprobación de los contratos de exploración en los sectores minero e hidrocarburifero.

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