Coy 242 – SUMI

SUMI POBLACIÓN Número de personas Menores de 5 años Mayores de 60 años Mujeres embarazadas TIPO DE DIFICULTAD Hombres Ver, aún si usa anteojos Oír, aún si usa audífono Hablar, comunicarse o conversar Caminar o subir escalones Recordar o concentrarse Otra dificultad El mismo presupuesto para más gente Las fuentes de financiamiento del Servicio Integral de Salud establecidas en el Artículo 8 de la Ley No. 475 son: Fondos del Tesoro General del Estado. Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo Recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal. Recursos del Impuesto Directo los Hidrocarburos.

El Artículo 10 de la misma norma legal, establece la alícuota del 15.5 por ciento de los recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente de los recursos provenientes del IDH municipal. El Sumi se financiaba con el diez por ciento de la coparticipación tributaria y el SSPAM se financiaba con primas procedentes del IDH que equivaldrían al cinco punto cinco por ciento. Las fuentes de financiamiento y el monto son exactamente las mismas del SUMI y del SSPAM. La Ley No.

475 con los mismos recursos financieros incorpora también como beneficiarias a las personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD. No es posible financiar las prestaciones de salud de las personas con discapacidad solamente con el presupuesto que se destinaba a financiar al SUMI y al SSPAM.

La prestación de servicios de salud sin garantía de sostenibilidad Es presumible que no solo los discapacitados tendrán dificultades en recibir las prestaciones comprometidas por la ley sino que además es lógico concluir que quienes se perjudicarán también son los adultos mayores, las mujeres en edad fértil y los niños menores de cinco años, pues los ingresos destinados a financiar sus atenciones ahora tendrán que costear también la atención a los discapacitados.

Adicionalmente esta Ley permite, con los mismos recursos del SUMI y del SSPAM, financiar aparte de los discapacitados a otros grupos vulnerables que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, refrendado y aprobado por Decreto Supremo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la mencionada Ley. Centralización La Ley No 475 crea el Fondo Compensatorio Nacional de Salud, que será administrado por el Ministerio de Salud y Deportes, destinado a complementar los recursos de las Cuentas Municipales de Salud.

Por el contrario, el artículo 4 de la Ley No. 2426 del SUMI establecía que las Cuentas Municipales de Salud se utilizaban para atender única y exclusivamente, las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil demandadas en la jurisdicción municipal por todo beneficiario que provenga de cualquier municipio y estaban compuestas por: El 10% de los recursos de la Participación Popular (Coparticipación Tributaria Municipal) Los recursos del Fondo Solidario Nacional provenientes de la Cuenta Especial del Diálogo 2000, se usaban para compensar a aquellos municipios, una vez que se haya utilizado.

En la Ley del SUMI, las cuentas municipales estaban compuestas por los recursos del Fondo Solidario Nacional, en cambio, con la nueva ley ahora pertenecen al Ministerio de Salud y Deportes. En efecto, la Ley 475 establece que el Fondo Compensatorio Nacional de Salud permitirá administrar: El diez por ciento (10%) de los recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 hasta su cierre.

A partir del cierre de la Cuenta Especial del Diálogo 2000, el Tesoro General del Estado asignará un monto similar al promedio otorgado al Fondo Solidario Nacional del SUMI en el periodo 2009-2012. Comparando el contenido de ambas leyes se colige que el Fondo Compensatorio ya no pertenece a los Municipios sino más bien al Ministerio de Salud y Deportes.

Órgano ejecutivo con capacidad de legislar Según la Ley 475, el Ministerio de Salud y Deportes y las entidades territoriales autónomas, a través del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, podrán acordar el incremento de los porcentajes de las fuentes de financiamiento asignados a las Cuentas Municipales de Salud y al Fondo Compensatorio Nacional de Salud – COMSALUD, o la inclusión de otras adicionales destinadas a la ampliación de las prestaciones, de beneficiarias y beneficiarios de acuerdo a priorización del sector y disponibilidad financiera.

Cabe aclara que el Consejo de Coordinación Sectorial es un órgano ejecutivo que tiene facultad para reglamentar pero no para legislar ni para incrementar los porcentajes de las fuentes de financiamiento asignados a las cuentas municipales.

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