El incremento de las tarifas de luz, en el orden del 3%, ha desencadenado protestas en varias ciudades del país, que presagian un entorno de dificultades para la sostenibilidad de los servicios públicos. Por otro lado, hay que recordar que a fines de 2016, las ciudades de La Paz, Sucre, Tarija y Potosí vivieron situaciones dramáticas de falta de aprovisionamiento de agua potable, las peores en varias décadas. Otras poblaciones, como el área metropolitana de Cochabamba, permanecen atrapadas en una crisis permanente de suministro de agua.
La pregunta es si el país se encamina hacia una escalada de problemas sociales, políticos y de gestión, relacionados tanto con la capacidad de provisión de servicios básicos, como son el agua potable y la energía eléctrica, cuanto con el costo de estos servicios para los usuarios, en un contexto de contracción de las actividades económicas y de menores ingresos familiares y en el que variaciones tarifarias, incluso pequeñas, pueden impactar en la economía de los bolivianos, y en particular de los estratos populares. Otra interrogante es si el gobierno está preparado para prevenir una situación de crisis en áreas tan sensibles como el agua y la electricidad y si las actuales políticas públicas son idóneas para garantizar la provisión de servicios continuos, de bajo costo y de calidad aceptable.
Los factores medioambientales
Entre los factores subyacentes a la crisis en las fuentes de agua, que ponen en riesgo el abastecimiento de este recurso vital, no se puede soslayar la influencia del cambio climático. La vulnerabilidad medioambiental de Bolivia se debe, entre otras razones, a la inestabilidad de los ecosistemas, la deforestación creciente y la carencia de información científica para afrontar los problemas derivados del cambio climático. Un informe del PNUD , anota que la temperatura media en Bolivia experimenta aumentos que podrían ser de hasta dos grados centígrados en 2030 y de 5 a 6 grados hasta 2100. También advierte de los cambios significativos en los patrones de lluvia, con un descenso en las zonas secas y un incremento en el área húmeda de la selva amazónica.
Los datos del citado informe, sobre el balance hídrico general para Bolivia, indican que la disponibilidad total para el país, en el 2013, era de 1.078 mm de lluvia anual; la evapotranspiración llegaba a un poco más de 641 mm (59,4%), mientras que el caudal continuo medio de los ríos alcanza un volumen anual de 15.306 mᶟ/s. No obstante, tales cifras varían considerablemente entre cuencas. Así, en la cuenca cerrada del Altiplano las cifras de precipitación anual están en el orden de los 332 mm. de lluvia anual, de los cuales el 80% se pierden por evapotranspiración, en tanto que el caudal continuo medio anual de los rios es de 352 mᶟ/s.
Una situación similar se observa en la cuenca del Río de la Plata, ya que allí se registran en promedio 696 mm de lluvia anual, con una evapotranspiración del 80% y un caudal continuo medio anual de sus rios de 1.080 mᶟ/s. En contraposición, las precipitaciones en la cuenca Amazónica proveen 1.351 mm de lluvia anual, de los cuales solo el 55% se pierde por evapotranspiración, lo cual, junto con un caudal continuo medio anual de sus rios de 13.803 mᶟ/s, resultan en un volumen disponible al año de 435.615 hmᶟ (43 veces más que lo que se tiene en la cuenca del Altiplano).
A esos problemas se añade la falta de control de la contaminación de los ríos por cuenta de las explotaciones mineras; las cuales, a su vez, conforman un sector económico de alto consumo de agua, absorbiendo, en muchos casos, el agua que necesitan muchas áreas rurales y urbanas, además de los daños provocados en el medio ambiente por la creciente deforestación de los bosques circundantes a las cuencas mineras; particularmente en el norte de la cuenca del Altiplano.
Crece el consumo de agua
No obstante la persistencia de barreras al acceso al agua, es indudable que el crecimiento del consumo de agua en las áreas urbanas y rurales, impulsado también por las expansiones en las redes de agua, constituye una presión cada vez mayor sobre la dotación de recursos hídricos.
Esto se puede ver en los resultados del Octavo Informe de Progreso de los Objetivos del Milenio (UDAPE, 2015), que introdujo una primera estimación del acceso de la población al agua potable, construido desde la perspectiva de los hogares y con base en el uso real de los servicios, más allá de que las instalaciones de distribución estén disponibles o no. Los resultados muestran que para el año 2014, el 88% de la población nacional utiliza una fuente mejorada de agua para beber y cocinar, con un crecimiento muy importante en la zona rural, habiéndose duplicado la cobertura de fuentes mejoradas de agua. Si en 1992 se tenía una cobertura de 34%, en 2014 el 72% de los hogares rurales accedían a alguna fuente de agua potable. Entretanto que la cobertura en áreas urbanas subía en 8%, pasando de 86% en 1992 a 94% en 2014.
Desagregando la cobertura por categoría de fuente de agua, la estimación para el año 2014 muestra que el 76% de la población boliviana tiene acceso a agua por cañería dentro de la vivienda; pero en el área rural, tan solo el 43% tiene agua de red en sus viviendas o lotes, mientras que la población urbana llega al 92% de cobertura. Los datos del mismo informe, indican que en zonas rurales el incremento de cobertura proviene sobre todo de un mayor acceso a otras fuentes de agua mejorada: agua de pileta pública, pozo perforado o protegido, vertiente protegida; priorizadas por los esfuerzos de la política gubernamental. Véase el Gráfico 1.
Mayor consumo de energía eléctrica
El crecimiento de la demanda de energía eléctrica del sector industrial, en el periodo 2000-2005, fue de 3%, como promedio anual, habiéndose incrementado al 11% en los años 2006 y 2011, para luego descender drásticamente. De hecho, entre 2012 y 2014, el incremento promedio se redujo a 5,2%. En el caso de los hogares, el consumo entre 2000 y 2014, creció a una tasa promedio del 5,2%, registrándose un ritmo más acelerado a partir del año 2011, en torno al 6,4%, en promedio. El crecimiento de la demanda ha sido impulsado, ante todo, por el incremento en el consumo. Esto, a diferencia de lo sucedido con el agua. En este segundo caso, es el crecimiento de la cobertura de la red lo que primordialmente explica el aumento en el acceso al agua.
Sin embargo, en términos tarifarios, los incrementos fueron relativamente menores, ya que en el período 2000 – 2015, las tarifas de luz para todos los sectores crecieron 2% al año, en promedio, con un incremento más alto en 2012 y 2013, de 4,6 y 5%, respectivamente. Véase el Gráfico 2.
El ajuste de las tarifas de luz
Para este año 2017, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, ha autorizado un incremento tarifario de 3%, a partir del segundo semestre. Dicho incremento implica, en términos nominales, un crecimiento de entre 90 centavos de boliviano y 30 bolivianos, dependiendo del nivel de consumo de los usuarios, aunque manteniéndose vigente la Tarifa Dignidad, con un descuento del 25%; tarifa que se aplica a los usuarios de bajos recursos, y que no reportan un uso excesivo de energía.
Por cierto, el alza reciente de las tarifas eléctricas no es un hecho extraordinario, puesto que esta medida se inscribe en reajustes semestrales aplicados desde el año 2001, con base en la actualización de los costos de operación y mantenimiento de las unidades generadoras y de las instalaciones de transmisión, y que además se respalda en el Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico.
Algunos desafíos
En el caso del agua, no se puede pasar por alto el hecho de que la expansión de la cobertura no estuviera acompañada de programas enfocados en sensibilizar a la población acerca de la necesidad de un consumo racional y ahorrativo del agua. Esto, a pesar de los informes técnicos que alertan sobre la vulnerabilidad de Bolivia, y particularmente del área del altiplano, a las variaciones en los ciclos climáticos.
Otra cuestión relevante es la intensificación del proceso de deforestación, que corre paralelo a la ampliación de la frontera agrícola. Al respecto, se debe subrayar que organismos internacionales, como el PNUD, no han dejado de mencionar en sus recomendaciones, la necesidad de poner freno a la deforestación y, de un modo más general, la urgencia de proceder al diseño de un nuevo marco regulatorio eficaz, para hacer frente a los impactos en Bolivia del cambio climático.
Son también conocidos los problemas de ineficiencia en la gestión de las empresas proveedoras de agua y cuya responsabilidad en la provisión deficitaria de este servicio, está fuera de duda. Es muy elocuente que las cifras de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), registren una pérdida por fugas de entre 30% y 45% de agua potable, en una envejecida red de tuberías.
En cuanto a la energía eléctrica, la situación de suministro se presenta menos crítica, por cuanto en los últimos años no se han registrado mayores interrupciones ni amenazas. No obstante, la cuestión que ahora parece aflorar tiene que ver con el ajuste tarifario, y la resistencia que esgrimen algunos sectores sociales. Esto último, no obstante que los incrementos de las tarifas, tal como se mostró líneas arriba, han sido recurrentes desde el año 2001.
En ese sentido, las protestas de las últimas semanas, de ciertos sectores, advierten de que el espacio social para la continuidad de una política de ajuste tarifario gradual puede haberse reducido sustancialmente, lo cual plantea nuevos y complejos desafíos para la sustentabilidad de los servicios públicos, para los programas de subsidios y, por cierto, para la solvencia y eficiencia de las empresas proveedoras.
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