En 1994 morían en Bolivia 390 madres por cada 100 mil partos, y antes de llegar a cumplir el primer año de vida morían 75 de cada mil niños que nacían vivos. Aunque estas tasas de mortalidad materna e infantil se habían ido reduciendo como consecuencia de mejoras tecnológicas y campañas masivas de vacunación, eran por entonces de las más elevadas de América Latina.
Ellas señalaban que, cada año, más de mil madres perdían la vida en el embarazo o en el parto, y que un bebé moría cada 20 minutos en Bolivia. Para año esas cifras redujeron significativamente. Seguían siendo tasas elevadas, pero se bajó de 390 a 229 muertes maternas por cada 100 mil partos, y de 75 a 54 muertes infantiles por cada mil niños nacidos vivos.
Eran todavía altas, pero lo importante es que el descenso en la mortalidad se había acelerado (ver Para tener una mejor comprensión de lo que esto significa, puede estimarse que con este descenso en las tasas de mortalidad se logró salvar de la muerte a más de 3300 madres en los 16 años que corren de 1994 al presente.
Las cifras de niños que habrían muerto si no se hacía algo para bajar la mortalidad infantil son más impresionantes todavía: cerca de 42 mil niños se salvaron de morir antes de cumplir un año en el periodo comprendido entre 1994 y el presente.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA El mayor impacto de protección a la vida se produjo en las áreas rurales, donde los descensos en las tasas de mortalidad materna e infantil fueron proporcionalmente superiores a los alcanzados en las áreas urbanas. ¿A qué o a quién pueden atribuirse estos logros?
La clave explicativa se encuentra en la instauración del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez en 1996, que fue la base sobre la cual se experimentó con el Seguro Básico de Salud de 1998 que a su vez dio lugar al Seguro Universal Materno Infantil, SUMI, implantado por ley en noviembre de 2002.
Las cifras mencionadas antes fueron estimadas en base a los datos presentados en el informe de Evaluación de Impacto de los Seguros de Maternidad y Niñez en Bolivia para el periodo de 1989 a 2003, preparado por un equipo de especialistas en el marco de un convenio entre UNICEF y UDAPE. Ese equipo tuvo acceso a las encuestas nacionales de hogares y de demografía y salud, y a la información recolectada por las entidades encargadas de la administración de dichos seguros.
La referencia inicial de 1994, basada sobre todo en la disponibilidad datos, resulta particularmente afortunada porque el proceso de ampliación de los servicios de salud que permitieron alcanzar esos resultados no hubiera sido posible sin otra iniciativa que comenzó precisamente ese año, la reforma municipal promovida por la Ley de Participación Popular. Esa reforma amplió la cobertura institucional a todo el territorio de la República y ofreció una oportunidad hasta entonces inexistente, la de ampliar también la cobertura de servicios públicos como el de salud. Esa oportunidad no fue desperdiciada.
Ya antes de que los nuevos municipios cumplieran dos años se lanzó el seguro de maternidad y niñez, ofreciendo, sin condición alguna, servicios de salud a las madres gestantes y a los niños en sus primeros cinco años de edad. La cobertura fue ampliándose con lentitud, en parte porque hubo cierta resistencia en algunos municipios y en parte porque en muchas zonas del país no había ni postas sanitarias ni personal especializado.
En otros casos la falta de información fue también, y lo sigue siendo, una gran limitante, pues muchas madres no saben que pueden asistir a los centros de salud para lograr atención para ellas o para sus niños. Pero la cobertura siguió ampliándose, como lo registran todos los datos conocidos al respecto.
Algo muy importante es que esta política ha sido diseñada de manera tal que su financiamiento no dependa de ingresos extraordinarios, como los que puede provenir de las rentas del gas, tan dependientes de precios y mercados externos, sino que se financia sobre todo con la coparticipación tributaria y contiene mecanismos de transferencia solidaria entre municipios. De modo que es una política que nació en épocas de escasez, lo que permite suponer que podrá seguir cuando pase la bonanza, siempre que se le de la necesaria continuidad.
Con el SUMI y a pesar de sus limitaciones, Bolivia ha logrado algo que muy pocos países de América Latina ofrecen a su población: un seguro potencialmente universal a dos segmentos de la población particularmente vulnerables, las madres y los niños.
Si a ese seguro se añade el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que protege a toda la población de daños producidos en accidentes, y se añade la Renta Dignidad, nacida como Bonosol, que ofrece una pensión vitalicia y universal a todas las personas mayores de 65 años, resulta que con estos tres seguros Bolivia se constituye en un país pionero en la protección de su población, en condiciones mucho más avanzadas de las que han podido lograr otros países con niveles superiores de desarrollo.
Ninguno de esos seguros funciona a la perfección y probablemente en los tres casos haya necesidad de hacer ajustes, sobre todo para obligar a los proveedores y a los financiadores a cumplir lo que manda la ley. En todo caso, es fundamental continuar con estas políticas, cuyos resultados serán mejores a medida que aumente su cobertura y la población más pobre tenga la información y los medios que le permitan aprovecharla. Tales son algunas de las conclusiones del libro “El Progreso Invisible”, de Mario Galindo Soza (2010).
Hace algunos días se difundió un informe preparado por el PNUD y UDAPE referido a los avances sociales hacia las Metas del Milenio. Aunque ya se conocen los resultados de la Encuesta Demográfica del 2008, dicho documento omitió el dato de la mortalidad materna, aduciendo que por los márgenes de error de la encuesta no era comparable con el 2003.
El economista de la Universidad Católica, Gonzalo Chávez, denunció esta omisión y en una columna difundida en los medios y en su blog, afirmó que “la tasa de mortalidad materna ascendió de 230 a 310 muertes por 100.000 nacidos vivos entre 2003 y 2008, revirtiendo los logros alcanzados en los años anteriores”.
Este es un dato estremecedor pues supondría un retroceso de muchos años pero, según el mismo Chavez, “no es inesperado a la luz de los problemas de las políticas, programas y acciones del gobierno en el ámbito de la salud. Mucha propaganda y poca gestión”. Por su parte, el PNUD, sin cuestionar la validez del dato aunque recordando que existe preocupación por los errores muestrales, señala que “no habría sido acertado ni prudente hacer una comparación que podría tener divergencias la evolución del indicador de mortalidad materna”.
Ojalá que pronto se aclaren estas dudas y podamos disponer de información confiable. Mientras tanto, queda claro que la decisión de otorgar protección a las madres y los niños debe continuar.






