intenta expresar convicción democrática pero que, lamentablemente, es una promesa imposible de cumplir. Además, es riesgosa para la capacidad política del propio gobierno, porque puede disminuir sus posibilidades de tomar y ejecutar decisiones de bien común. Si esa promesa no se condiciona al cumplimiento de las leyes y al respeto a los otros poderes instituidos, y si no se basa en el reconocimiento de la representatividad de los órganos colectivos, puede desatar una dinámica populista que, aumentando expectativas promoviendo presiones, convertiría al gobierno en prisionero de las masas. E E s tiempo de preguntar si no ocurre ya esto en Bolivia. s tiempo de preguntar si no ocurre ya esto en Bolivia.
En diciembre el gobierno tomó una decisión largamente postergada y, por eso, de una magnitud enorme: el ajuste de los precios de los carburantes líquidos para eliminar la presión de los subsidios sobre el presupuesto fiscal.
En diciembre el gobierno tomó una decisión largamente postergada y, por eso, de una magnitud enorme: el ajuste de los precios de los carburantes líquidos para eliminar la presión de los subsidios sobre el presupuesto fiscal.
Intensidad de conflictos Promedio de eventos por mes H Banzer J Quiroga G Sanchez L C Mesa E Rodríguez E Morales Era necesario revertir el error que cometió Bánzer al congelar los precios impidiendo su ajuste de acuerdo a las condiciones del mercado. Pero se demoró demasiado tiempo en hacerlo. Tal vez la abundancia de recursos fiscales que llegaron por el aumento de precios de las xportaciones nos impidió percibir el costo. Cuando se tomó esa decisión, el cálculo de fuerza política del gobierno parecía asegurar su viabilidad.
Había ganado las elecciones con más del 60% y tenía control absoluto de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa. La oposición es pequeña y está fragmentada y las organizaciones sociales seguían expresando su adhesión al proceso de cambio. Por otro lado, seguramente se estimaba que el impacto del aumento de precios sería inmediato, pero pasajero, y podría compensarse con los recursos que se recaudaran con el ajuste. Y aunque la popularidad del gobierno había disminuido durante el año, el liderazgo del residente seguía muy firme.
No pasó ni una semana y la decisión fue revertida. El Presidente asumió toda la responsabilidad de la decisión de aumentar los precios, y admitió que la reversión de la medida, que considera necesaria, había sido impuesta or las bases. Durante esos pocos días le recordaron la promesa inicial de gobernar obedeciendo. Lo hicieron con violencia en El Alto y con energía en Ivirgarzama y el Presidente, pese a justificar con sobradas razones su decisión nterior, tuvo que obedecer. El gobierno había caído prisionero de las masas.
De nada sirvieron la popularidad y el poder: no pudo ejecutar una decisión tan simple como la de “nivelar los precios de la asolina y el diesel”. Desde entonces, los estrategas gubernamentales han dado prioridad a la recuperación de la popularidad del Presidente, lanzando una masiva campaña mediática con el slogan de “gobernar obedeciendo”. Todos los logros de los últimos años, propios o ajenos, son asociados a la magen de un gobernante que “manda obedeciendo”.
Es posible que, de este modo, se logre recuperar la popularidad del Presidente, que en enero de 2011 se había reducido a cerca del 36%, según la encuesta de Ipsos-Captura, que registró un rechazo del 56% al Presidente. Pero es una apuesta arriesgada, porque al dar prioridad a la popularidad reiterando esa promesa, se muestran dispuestos sacrificar aún más gobernabilidad, es decir, la capacidad de diseñar y plicar políticas, de tomar y ejecutar decisiones.
El Observatorio de Conflictos de CERES, un centro de investigaciones habitualmente vinculado con los movimientos sociales, ha encontrado que la prensa nacional registró más de 3 mil eventos conflictivos desde que Evo Morales asumió la presidencia, en enero del 2006. Esto da un promedio de 50,4 conflictos mensuales, que colocan a su gobierno en tercer lugar luego de los que presidieron Hernán Siles Zuazo (53,2), y Carlos Mesa (52,2). Pero cuando se desagregan los datos por años se observa un continuo aumento de la frecuencia de conflictos.
Como se mencionó al comienzo, el 2010 batió los records anual y mensual de conflictividad.
Este no es un indicador de más y mejor democracia. Si se trata de “gobernar obedeciendo”, más bien anticipa que se uede terminar obedeciendo pero no gobernando. En el gráfico siguiente se muestra la relación que existe entre la conflictividad social y la gobernabilidad. En este caso se utilizan los datos recopilados por el proyecto Indicadores Mundiales de la Gobernabilidad, que dirige Daniel Kauffman en el Banco Mundial. Indicadores Mundiales de la Gobernabilidad, que dirige Daniel Kauffman en el Banco Mundial.
Conflictos y gobernabilidad Efec Gub Edo Der Regul Repr Conflic La metodología empleada permite sintetizar las variables en un índice cuyo valor más alto es 2,5 y el más bajo puede llegar a -2,5 (eje izquierdo). De los cinco grupos de indicadores consideremos primero los referidos a la efectividad gubernamental, la calidad de la regulación, y el imperio de la ley (Estado de Derecho). En los tres se observa una declinación pronunciada.
Es decir, la eficacia para gobernar, el imperio de la ley y la capacidad de egulación han disminuido persistente y significativamente. En el eje de la derecha se encuentra la cantidad de eventos conflictivos en el país en esos mismos años. Se omitieron los que no tienen datos de gobernabilidad, incluyendo el 2010, cuya información aún no es pública. Resulta evidente la correlación negativa entre conflictos y gobernabilidad.
En términos estadísticos, la correlación es mayor al 69 por ciento entre conflictos y cualquiera de los res índices expuestos en el gráfico. Puede argumentarse que la mayor parte de esas lizaciones carece de contenido político y no afecta mayormente al gobierno, pues no son en oposición a sus políticas.
Es cierto que la mayor parte de las movilizaciones manifiestan adhesión y apoyo al gobierno, y no ponen en duda su continuidad, pero le plantean demandas de atención que tienen casi siempre una orientación particularista y corporativa, de manera que sí afectan la capacidad de gestión, ya sea porque le impiden llevar a cabo planes y políticas o porque esvían su atención hacia aspectos no considerados.
En defensa de la política oficial de “gobernar obedeciendo” dirá que los datos muestran, precisamente, que el gobierno está actuando en consonancia con las demandas sociales, y que se justifica el aumento de las movilizaciones porque es a través de ellas que se expresa el pueblo y se deja scuchar la voz de los de abajo. Al respecto, vale la pena observar otro de los índices calculados por Kauffmann y que mide la calidad de la “representación y rendición de cuentas”. Es la línea de puntos en el gráfico.
Aunque menos, este índice también se ha deteriorado y, notablemente, es el que mayor correlación negativa tiene con los conflictos (-81%). Esto se explica por el hecho de que las movilizaciones no son efectuadas por los grupos más vulnerables y, por eso, sus necesidades son postergadas precisamente por la presión que ejercen los grupos organizados que tienen recursos para realizar marchas, bloqueos y ocupaciones. En síntesis, la conflictividad social no es un síntoma de mayor democracia y mejor gobierno.
Podría incluso decirse que, al contrario, es una causa y un reflejo de su ebilitamiento político y deterioro institucional. promesa “gobernar obedeciendo” tiene resonancias atractivas y puede restaurar la popularidad del Presidente. Pero también puede ser interpretada como una renovada invitación a movilizarse y presionar, lo que resultaría muy costoso para el gobierno, que verá cada vez más reducidas sus posibilidades de administrar el país.
Y Bolivia pierde también porque no puede actuar positivamente para aprovechar las oportunidades que se le presentan y porque sufre el deterioro de la democracia, las instituciones de gobierno y la equidad social.






