Los argumentos contrarios al recurso de inaplicabilidad de los artículos de la Constitución que limitan la reelección presidencial son profusos e inapelables. En condiciones de normalidad democrática sería impensable que un Tribunal Constitucional, como guardián de la Constitución, diera curso a dicho recurso. Pero en la Bolivia de hoy todo es posible. Quienes plantan cara al prorroguismo tienen la legalidad y la fuerza moral de su lado, pero ello vale nada en ausencia de Estado de derecho y cuando la justicia está secuestrada. No es pues la razón jurídica lo que va a imponerse, para frenar el asalto a la legalidad constitucional y la democracia.
Lo cual nos traslada al terreno de la lucha política, porque es ahí donde va a dirimirse el diferendo. La batalla clave es la de las urnas, el 3 de diciembre. Los sectores democráticos tendrán que demostrar que también tienen de su lado a la mayoría de los bolivianos, convocando y movilizando un voto masivo de rechazo a los candidatos judiciales oficialistas y, con ello, derrotando nuevamente en las urnas el afán reeleccionista de los gobernantes. De lo contrario, el régimen saldrá airoso de la prueba electoral y el prorroguismo habrá dado pasos adelante.
Los procesos eleccionarios tienen su propia lógica y sus propias reglas. Sus resultados dependen del cruce de las campañas, de la organización y la fuerza de los aparatos políticos, de los mensajes y los mensajeros, de las estrategias electorales en juego. Estos factores y las circunstancias contingentes son gravitantes para el comportamiento de los electores, el cual es hasta cierto punto impredecible. La oposición haría mal creyendo que el descrédito de la selección fraudulenta de candidatos judiciales y el repudio que genera la idea de un poder vitalicio, bastan para que la gente emita un voto de rechazo contundente. Ninguna contienda electoral está ganada de antemano. ¿No es acaso la lección amarga para la oposición venezolana?
Desde ya, las primeras encuestas sobre intención de voto para las elecciones judiciales del 3 de diciembre muestran que el Gobierno conserva una base importante y que eventualmente tiene margen de crecimiento. Los números indican que nada está definido y que el veredicto de las urnas dependerá en mucho de cómo transcurran las campañas y, lo que es tanto o más importante, de las condiciones en que se dé el recuento de votos.
La jornada del 3 de diciembre será determinante en muchos aspectos, y no solo para la justicia, sino para el proceso político venidero. Los comicios judiciales serán un plebiscito sobre la reelección de Evo Morales y sus resultados habrán de condicionar los términos bajo los cuales tengan lugar las elecciones generales en 2019. O el Gobierno impone la habilitación de Evo y logra encauzar un proceso político y eleccionario bajo su férreo control, con la justicia sometida, el órgano electoral parcializado y la cancha despejada de adversarios potentes, o bien son la fuerzas democráticas las que emergen victoriosas y fortalecidas y en posición de asegurar para el 2019 un escenario propicio de elecciones libres, limpias y competidas, para un cambio legítimo de gobierno y el inicio de una segunda transición democrática.
32 de octubre de 2017
Fuente: El Deber
