La calidad de la inversión en un país depende, en gran medida, de la cultura de su población y la fortaleza de sus instituciones públicas, resaltaron expertos nacionales e internacionales en un seminario organizado el miércoles por la Fundación Milenio.
Bolivia, actualmente, atraviesa una marcada debilidad institucional que ha sido altamente politizada, y parece predominar una cultura de sacar provecho aun a costa de las normas.
“El insumo del crecimiento es la inversión, la integridad es el entorno cultural necesario que actúa como filtro para controlar la inversión corrosiva y el impacto es el resultado final sobre el bienestar de la sociedad”, manifestó el director del Centro Internacional para la Empresa Privada, Erik Hontz.
En el Seminario Capital Constructivo y Desarrollo Sustentable, Hontz resaltó el valor de la cultura social y el cumplimiento de las normas para conseguir que el flujo del capital privado al país se mantenga en el marco de la legalidad y sea en beneficio de la población. La inversión en sí no es ni buena ni mala, añadió, sino el cómo se la utiliza.
De acuerdo a dos textos publicados por la Fundación Milenio, el capital constructivo es aquel que se rige en las leyes, beneficia a la sociedad en su conjunto, protege el medioambiente y fomenta el desarrollo económico sostenible de un país.
En cambio, el capital corrosivo es aquel que se mueve según prácticas corruptas, no respeta los derechos laborales ni los controles ambientales, aprovecha los recursos del país para beneficiar a unos pocos y deja más daño que verdadero progreso.
El investigador en temas energéticos Francesco Zarati enfatizó que el capital constructivo depende de las “buenas prácticas empresariales” y la robustez de la institucionalidad en el país. Si estas condiciones favorables no se dan, el capital tiende a convertirse en corrosivo.
En su criterio, Bolivia necesita una nueva clase política constructiva que esté orientada a alcanzar logros a corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, apuntó que las barreras para la inversión privada constructiva están compuestas por la inseguridad jurídica que predomina en el país, las decisiones muchas veces discrecionales del gobierno, los controles y fiscalizaciones sofocantes, las restricciones a la iniciativa privada y un sistema judicial envilecido y cooptado políticamente.
Un cambio de modelo
En el seminario, se coincidió en la necesidad de impulsar la inversión privada con capitales constructivos, como el mecanismo más importante para superar la crisis y aprovechar las oportunidades que el entorno internacional brinda a la economía boliviana.
Oporto recordó que el país ingresó en una etapa de bajo crecimiento económico en los últimos años, después del boom de los hidrocarburos, y que esto repercute en la generación de empleo de calidad.
Bolivia tuvo nueve años consecutivos de déficit fiscal. Acumula una deuda pública superior al 80 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), deuda que es utilizada para hacer frente a este déficit, dijo el economista.
Asimismo, las reservas internacionales caen a un ritmo acelerado, lo que despierta preocupación en la población sobre la estabilidad del tipo de cambio y la disponibilidad de dólares.
Asimismo, la balanza energética ha resultado en un déficit de casi 1.400 millones de dólares, pues se importa en valor más combustibles de lo que se exporta en gas natural. La disminución de la producción del gas amenaza con convertir a Bolivia en un importador de este hidrocarburo para después de 2030.
A esto se suma que la capacidad de Bolivia para captar inversión es “muy baja” por los factores antes ya mencionados por Oporto.
Por ello, el analista dijo que es necesario trabajar en una ley marco de inversiones, además de hacer ajustes en leyes sectoriales, en mecanismos de arbitraje internacional, regulación independiente y una forma judicial.
Una mejor coordinación entre la inversión privada y pública permitiría la generación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y de la informalidad, que en opinión de Hontz no permite avanzar en la cadena de valor, que es justamente una de las metas del gobierno.
Diversificación
La administración de Luis Arce enarboló la industrialización como una de las metas (y logros a la vez) de su gestión. Sin embargo, más del 70 por ciento de las exportaciones del país aún continúan siendo productos de poco valor agregado. La extracción de los recursos naturales, como los hidrocarburos y los minerales, continúa siendo el sostén económico de Bolivia.
Las exportaciones de oro metálico y de gas natural representan juntas el 44 por ciento de las exportaciones totales del país. Hontz recomendó en este aspecto que un Estado debe diversificar sus fuentes de ingresos para que su economía sea más productiva y sostenible, y menos sujeta a riesgos ajenos a su control.
Asimismo, el expresidente de la Corporación Andina de Fomento, Enrique García, invitado a comentar las disertaciones, explicó que existen buenas posibilidades para que el país revierta su situación de crisis, siempre y cuando se abra a la inversión y a la coordinación privada, fortalezca su institucionalidad y garantice un sistema de justicia probo, e incorpore aspectos como la tecnología.
Preparan ranking de inversiones
La Fundación Milenio anunció que trabaja en un proyecto de ranking de calidad de inversiones privadas y públicas. Esto permitiría medir la calidad del flujo de capital y comparar distintas inversiones tanto en el sector privado como en el público.
19 de febrero de 2023
Fuente: Los Tiempos
