El sociólogo, investigador y ensayista señala que si las medidas se tomaran ahora, serían como un suave aterrizaje.
Henrry Oporto es sociólogo, investigador y ensayista. Columnista invitado de varios diarios y es autor del comentado libro ¿Cómo somos?, ensayo sobre el carácter nacional de los bolivianos.
Es director en funciones de la Fundación Milenio y, en esa condición, expone los hallazgo de su más reciente informe sobre la economía y proyecta un futuro de incertidumbre e, incluso, de inestabilidad si no se encaran reformas fiscales.
Antes de empezar a hablar de economía, quisiéramos un análisis del contexto. ¿Cuál es su lectura del momento político que estamos viviendo?
Quisiera hacer una comparación con lo vivido en 2014. Teníamos un momento estelar en la economía, lo que se tradujo en mejoras notorias de la situación social y desde el punto de vista político era evidente que todos aportaban a una revalidación de Evo en la Presidencia. En 2018, cuatro años después, la economía se ha debilitado, hay signos de incertidumbre sobre todo por ciertos desequilibrios macroeconómicos. Desde el punto de vista político aún no hay absoluta certeza a cerca de la candidatura de Evo, pero aún en el caso de que Evo consiga finalmente consolidar su candidatura, a diferencia de 2014, hoy no tiene la seguridad de que pueda ganar esta elección. Hay signos de que la estabilidad económica puede ponerse en entredicho y por lo tanto la continuidad del régimen está en juego. En resumidas cuentas, yo creo que esta coyuntura está marcada por la incertidumbre. Por otro lado, la victoria de Bolsonaro en Brasil consolida una corriente política en la región claramente adversa, incluso antagónica al régimen boliviano y eso puede plantear dificultades económicas adicionales.
¿Cuáles serían esas señales del debilitamiento económico?
La fundación Milenio acaba de emitir un informe sobre el estado de la economía en 2018. Lo que se puede advertir es que hay una buena noticia y hay otras malas noticias. La buena noticia es que estamos en un periodo de recuperación de precios de las materias primas y ello viene acompañado de una mejora en los ingresos de exportación. Eso está dando impulso a ciertas actividades económicas. Las malas noticias creo que son tres. Por un lado, hay una restricción de oferta, principalmente en dos rubros que son claves en Bolivia, la minería e hidrocarburos. Ahí se advierte que la falta de inversiones es un cuello de botella que explica la falta de reservas de hidrocarburos y de nuevos proyectos de desarrollo minero, pero además explica la declinación de la producción. La segunda mala noticia es que el déficit fiscal se mantiene todavía muy alto. En 2017 terminábamos con 7,8% de déficit fiscal, este año probablemente el déficit será menor, pero todavía en un nivel considerablemente alto y este déficit se está financiando con pérdida de reservas internacionales y con mayor endeudamiento. A mayo de este año la deuda pública total alcanza prácticamente a 20.000 millones de dólares. La tercera mala noticia es que persiste la pérdida de competitividad en la industria, en el sector agropecuario, pero incluso en sectores de servicios como el turismo. Esa pérdida de competitividad es atribuible en gran medida a la apreciación de la moneda boliviana, fruto a su vez de la política de tipo de cambio fijo. La consecuencia es que los productos bolivianos se han encarecido en el mercado externo e internamente estamos en dificultad para competir con la importación legal y con el contrabando. Eso repercute en el empleo y en los ingresos de la gente. Estas malas noticias nos están advirtiendo que hay riesgos potenciales para la estabilidad económica en los próximos años. Concretamente hay dudas razonables de la sostenibilidad fiscal. Vemos que en los próximos dos años la pérdida de reservas puede situarse a un nivel peligroso y también que el endeudamiento persistirá y puede llegar a representar dos terceras partes del PIB.
¿Cuál es el tope recomendado para el endeudamiento?
No debería pasar del 50% del PIB. Creo que el país quiere mantener la estabilidad económica, pero hay una incertidumbre. Nuestra impresión es que todo ello está exigiendo una política de reforma fiscal, pero no vemos condiciones políticas inmediatas para una reforma fiscal, no parece que el Gobierno esté interesado en ello. Lo más probable es que patee para más adelante, pero con el riesgo de que los costos sean más elevados a futuro.
Sin embargo, el Gobierno todavía promociona la idea de bonanza económica basado en el crecimiento del PIB. ¿Usted cree en el índice de crecimiento o es que hay una manipulación?
Hay dudas respecto de la fiabilidad de las cifras que arroja el INE e incluso sobre la propia medición del Producto Interno Bruto. El problema es que el INE se ha desinstitucionalizado hace varios años. Hoy es difícilmente aceptable que no exista una presión, una influencia político-gubernamental que esté afectando la confiabilidad de las cifras. Sin embargo, el país se está favoreciendo de una recuperación de los precios de las materias primas; por eso es que hay una mejora en los ingresos de exportación y eso hace que todavía la sensación de estabilidad política y económica persista.
El problema es que este abultamiento de las cifras del crecimiento lleva al pago del doble aguinaldo.
Yo creo que el doble aguinaldo es una medida política de beneficios dudosos y con costos fiscales empresariales y laborales altos. Según nuestros análisis, la población trabajadora que se beneficia del doble aguinaldo no pasa del 15%. En ese sentido, quizás el Gobierno peca de demasiado exitismo, quizás los cálculos electorales que está haciendo en términos de rédito político sean equivocados. Tengo la impresión de que los réditos no van a ser tan significativos desde el punto de vista político-electoral. A cambio de eso el doble aguinaldo va contra lo que debería ser una política sana, que es achicar el déficit fiscal. No sería raro que otra vez el déficit fiscal esté alrededor del 7%, lo que sigue siendo una cifra muy significativa. Pero el costo mayor, sin duda, lo pagan las empresas que ya están agobiadas por un creciente aumento del costo laboral. Esto no favorece a nuevas inversiones, a la creación de empleo.
Sin embargo, el Gobierno calcula que el 30% de la población económicamente activa recibiría el doble aguinaldo.
¿A qué se debe la diferencia?
El informe nuestro señala que el beneficio directo no sobrepasa el 15%. Se puede hablar de un beneficio indirecto mayor, pero es difícil apreciar con precisión. Por otro lado, creo que el Gobierno sobreestima también el impacto que puede tener en términos del aumento de la capacidad de consumo y por lo tanto de la demanda interna, que es uno de los pilares del modelo de crecimiento actual.
¿Entonces, cuál será el motivo por el que el Gobierno apuesta a esta medida?
Tal vez el Gobierno apuesta mucho al impacto político, a un impacto más bien de carácter mediático como un signo de prosperidad económica y quizá el Gobierno está urgido de eso para remontar un mal momento después del revés que hemos sufrido con el fallo de La Haya.
¿Cuál es su análisis sobre la situación de la venta de gas en un contexto en el que han caído las reservas y Argentina ha empezado a producir para exportar?
La cuestión de los mercados se está constituyendo en otro cuello de botella. Ahora ya sabemos que la Argentina no está cumpliendo con los pagos acordados y además hay el anuncio de que podrían no tener ya interés en seguir comprando gas boliviano a futuro. Es decir, el mercado argentino está en entredicho. Por el lado de Brasil ya sabemos que está pendiente la renegociación del contrato de exportación. Este factor tendrá que dilucidarse con Bolsonaro, por lo que probablemente el Gobierno enfrentará dificultades mayores para una renegociación exitosa del contrato de exportación. Da la impresión de que el contrato tendrá dificultades de precios, de tiempo de duración, pero además de condiciones de estabilidad. Eso ya se advertía, pero podría acentuarse con Bolsonaro, que se sitúa en las antípodas de Evo Morales. Esto da una idea de que el contexto internacional introduce todavía más incertidumbre a la política en Bolivia.
¿La incertidumbre no será una buena noticia para impulsarnos de una vez a dejar de depender exclusivamente del gas?
Los riesgos que estamos advirtiendo en la evolución de la economía boliviana confirman la fragilidad del modelo de crecimiento que ha imperado en los últimos 12 años. Sabemos que es un modelo extractivista, rentista, es decir, un modelo que está fuertemente concentrado en la exportación de materias primas, que no aporta gran cosa en términos de valor agregado y que además ha tenido un visible retroceso en el impulso a la diversificación económica y productiva. Desde esa perspectiva, esto debería ser una oportunidad para que el país replantee las bases de su economía. Necesitamos ahora más que nunca diversificar las fuentes de producción y de ingresos en el país. Tenemos que ir mas allá de las materias primas, sin dar la espalda a las materias primas porque el país no podría darse el lujo de no producir, de no vender su gas, sus minerales. El desafío es cómo utilizamos la renta que se genera de las materias primas para más bien impulsar otros sectores.
Pero esa transformación puede tomar sus años y se viene un panorama sombrío.
¿Qué pasará con el Gobierno que venga, ya sea Evo u otro?
En la Fundación Milenio decimos que de no mediar una reforma fiscal oportuna los signos de deterioro en torno a las reservas, de mayor endeudamiento, el déficit fiscal se acentuará. El próximo Gobierno, sea del signo actual o de otro diferente, tendrá que tomar probablemente medidas mucho más duras que las que podrían darse actualmente. Ahora hay posibilidades para un aterrizaje suave de la economía, pero en la medida en que este tipo de reformas se posterguen para el futuro, los indicadores se deteriorarán. El próximo Gobierno probablemente tendrá que enfrentar la eventualidad de un ajuste mucho más severo en la economía por no tomar medidas oportunas. Por ejemplo, el Gobierno prefiere no tocar el tipo de cambio, pero eso es imposible de mantener por mucho tiempo más. Es como quemar la casa para pasar el invierno. Entonces con seguridad que a futuro el nivel de devaluación será mucho más alto del que habría sido razonable en un momento oportuno. La experiencia de Argentina puede ser muy aleccionadora.
Así como hubo un acuerdo con los microempresarios para el pago del doble aguinaldo en cuotas, ¿cree que debería haber un acuerdo con las empresas privadas que están al apronte?
No sería la primera que se les da a las Pymes la posibilidad de diferir el pago. Lo que a mí me resulta curioso es que se piense ahora en un pago en especie, eso quiere decir que los trabajadores se convertirán en vendedores de los productos de su empresa porque ellos mismos no van a poder consumir lo que reciban de la empresa. Respecto a los empresarios, tienen que buscar algún tipo de salidas que les permitan reducir al menos el impacto mayor que podrían tener.
Hablemos un poquito de su más reciente libro. ¿Cuáles son esos males que aquejan a los bolivianos y cómo podemos hacer para salir de esto?
En el libro lo que hago es tratar de identificar aquellos rasgos del carácter nacional que parecen ser más disfuncionales con los retos del desarrollo económico, la construcción democrática, de integración al mundo. Uno es el individualismo familiar atomizado. Existe la idea de que los bolivianos somos unos comunitaristas, pero no es cierto. Yo creo que somos bastante más individualistas de lo que tendemos a creer. Es un individualismo familiar porque en Bolivia es muy fuerte la familia, incluso para hacer empresa. Tenemos una desconfianza muy grande entre nosotros, hay una desconfianza atávica en las relaciones interpersonales y por supuesto una desconfianza muy grande en nuestra relación con los extranjeros. Por eso es que en la política prevalecen la fragmentación, el sectarismo, el faccionalismo. Entonces, es un individualismo que atomiza los esfuerzos de las personas. Un segundo rasgo es el victimismo, somos una sociedad muy quejumbrosa, tendemos al lamento permanente. El victimismo explica nuestra incapacidad para reconocernos autocríticamente en nuestras falencias y responsabilidades porque es más fácil para nosotros trasladar la responsabilidad a los otros y en términos de país trasladamos con mucha frecuencia a los extranjeros, como los españoles, los gringos, los británicos, los chilenos. Un tercer rasgo es la aversión a la competencia, no nos gusta competir, siempre estamos buscando un atajo, el favor político, la muñeca, el padrinazgo. No favorecemos una cultura meritocrática y eso va acompañado de una cuarta característica, es la aversión a la ley, al Estado de Derecho. Tendemos a ser una sociedad caótica, revoltosa, preferimos la política de las calles que la política de las instituciones.
¿Luego del fallo de La Haya, no será la oportunidad el tema marítimo para replantearnos?
Creo que sí. Tal como afirma Robert Brockmann este sería el final de la Guerra del Pacífico. A mí me parece que también estamos ante el final del mito del mar, entendido como la fuente de reparación histórica. Esta idea que hemos sublimado de “puerto soberano o muerte”, que la falta de salida soberana al Pacífico es la causa de nuestros males, ese es un mito. Tal vez en este caso podríamos decir que no hay mal que por bien no venga.
4 de noviembre de 2018
Fuente: Página Siete
