La Fundación señala que la desconfianza hacia la Gestora proviene del hecho de que el Estado, el principal deudor de los fondos de pensiones, ahora pasará a ser su administrador, generando así un conflicto de interés.
De acuerdo con un análisis de la Fundación Milenio, el rechazo de varios sectores laborales hacia el traspaso de los fondos de pensiones al control estatal en las últimas semanas plantea una encrucijada para el Gobierno: insistir en la Gestora Pública o dar marcha atrás.
“El Gobierno está en una encrucijada: o persiste en imponer un sistema estatizado de pensiones que tantas dudas y desconfianza genera o bien resuelve con sensatez por dar marcha atrás a fin de preservar un sistema de administración privada que hasta ahora ha venido funcionando con relativa eficacia”, expresa la Fundación en su último Informe Nacional de Coyuntura.
Milenio agrega en su análisis que, teniendo en cuenta la desconfianza y las presiones de ciertos sectores, mantener a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) evitaría “destruir la institucionalidad de un sistema que la sociedad boliviana ha aceptado y a la que se ha adaptado sin mayores resistencias y contratiempos”.
Conflicto de interés
La Fundación señala que una de las principales razones para la desconfianza hacia la administración estatal de los fondos de pensiones proviene del hecho de que el Estado, el principal deudor de estos fondos, ahora pasará a ser su administrador y fiscalizador, generando así un posible conflicto de interés.
“Al pasar la administración de los aportes de las AFP a la Gestora, se genera un potencial conflicto de interés, por el hecho de que el Estado es el principal deudor de los fondos de pensiones que pasarán a ser administrados por la Gestora, entidad que no sólo no es independiente del gobierno, sino que además está supeditada a las decisiones del Ministerio de Economía”, señala el documento.
Milenio agrega que las posibilidades de conflicto se agravan aún más por cuanto la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), que debe supervisar, fiscalizar, controlar y regular a la Gestora Pública, es también un brazo operativo del Ministerio de Economía.
“Con lo cual se configura una situación anómala en la que el administrador, regulador y principal deudor de los aportes de propiedad de los trabajadores es el mismo organismo, es decir, el Estado”.
Milenio señala que un sistema con tales anomalías no puede menos que generar dudas y desconfianza, por lo que todo indica que los trabajadores que se oponen al traspaso de sus aportes a la Gestora Pública “han captado ese riesgo de conflicto de interés y son conscientes de los peligros para la administración de sus ahorros pensionales”.
63% cree que habrá corrupción
Según una encuesta realizada por la empresa Diagnosis, el 63% de los encuestados cree que existirá corrupción en la Gestora Pública una vez que se haga cargo del sistema de pensiones.
Asimismo, la encuesta reveló que sólo un 25% de las personas consultadas está de acuerdo con el traspaso de los fondos de pensiones al Estado.
“El 52% de los entrevistados prefieren la administración privada de los aportes de los trabajadores para su jubilación, frente al 25% que optan por la Gestora. En la encuesta se observa también que la imagen de una administración pública signada por la corrupción es mayoritaria en la población”, señala la firma encuestadora.
21 de octubre de 2022
Fuente: Página Siete
