LA RAZÓN: Estudio de Milenio ratifica la vulnerabilidad de Bolivia ante el crimen organizado
30 de agosto de 2026
Durante las últimas dos décadas, Bolivia experimentó una expansión de las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas.
El crecimiento de estos mercados estuvo acompañado por una creciente vulnerabilidad institucional, según dos estudios presentados esta semana por la Fundación Milenio, que advierten sobre la penetración de intereses políticos y económicos en el Estado.
El informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, sostiene que estas actividades se expandieron entre 2006 y 2025 al amparo de un Estado capturado por distintos grupos de poder.
El documento identifica entre estos actores a facciones político-partidarias, organizaciones sindicales e intereses corporativos con influencia en los poderes locales, el tejido social y las instituciones.
El diagnóstico fue presentado junto con el estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, elaborado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.
Ambos trabajos coinciden en advertir que Bolivia presenta condiciones que favorecen la convergencia entre estructuras criminales, corrupción y formas de poder autoritario con alcance transnacional.
Expansión de las economías ilícitas
El informe sobre Bolivia señala que, entre 2006 y 2025, las economías generadas por actividades ilícitas ampliaron su presencia y capacidad de influencia.
El narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas forman parte de un entramado que, según los investigadores, encontró condiciones favorables debido a la debilidad de las instituciones estatales.
El resultado, advierte el estudio, es la consolidación de un “sistema de gobernanza autoritaria, criminalidad y corrupción”.
Entre los indicadores mencionados figuran al menos 17 clanes narcotraficantes identificados por las autoridades durante 2025, además de los escándalos relacionados con los denominados “narcogenerales” dentro de la Policía.
A ello se suma, según el informe, una administración de justicia vulnerable a la influencia política y penetrada por redes de corrupción.
El diagnóstico plantea que el problema no se limita a la existencia de organizaciones criminales, sino que involucra la capacidad de estas estructuras para aprovechar las debilidades del aparato estatal.
Instituciones debilitadas
El estudio regional “Grietas en el sistema” coincide con esta evaluación y señala que Bolivia mantiene instituciones que existen formalmente, pero que presentan limitaciones para ejercer sus funciones de manera efectiva.
Entre las principales causas identifica la presión política, la falta de recursos y la precariedad institucional.
El documento menciona, entre otros ejemplos, deficiencias relacionadas con mecanismos de ratificación legislativa, la Unidad de Investigaciones Financieras y la regulación del comercio de minerales.
Estas debilidades, según el análisis, pueden generar espacios aprovechados por redes ilícitas para operar, expandirse y establecer vínculos con actores económicos, políticos o institucionales.
La preocupación adquiere una dimensión regional debido a que las actividades criminales no se limitan a las fronteras nacionales. El narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y el tráfico de armas operan mediante redes transnacionales que requieren respuestas coordinadas entre los Estados.
“Lista gris”
Otro de los factores de preocupación señalados por el informe es el retorno de Bolivia a la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de 2025.
La inclusión respondió a deficiencias identificadas en los mecanismos destinados a prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Para los investigadores, este antecedente evidencia que las vulnerabilidades institucionales no solo tienen consecuencias en materia de seguridad, sino también en la capacidad del país para controlar los flujos financieros asociados con actividades ilícitas.
Los estudios plantean así un desafío que trasciende la persecución policial de organizaciones criminales: fortalecer las instituciones, reducir la captura política y mejorar los mecanismos de control financiero y económico.
El diagnóstico coloca a Bolivia frente a un problema estructural. La expansión de los mercados ilícitos y la debilidad institucional pueden reforzarse mutuamente, generando condiciones cada vez más favorables para la penetración del crimen organizado en distintos ámbitos de la sociedad y el Estado.
30 de agosto de 2026
Fuente: La Razón
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