Poco ha cambiado en el panorama de desigualdades económicas, sociales y culturales que presenta Bolivia, en términos de relaciones de género. El “Estado plurinacional” ha fracasado en el diseño y ejecución de políticas eficaces de promoción de la mujer y de igualdad de género. Hoy es evidente la necesidad de que el interés por la cuestión de la desigualdad adquiera un renovado impulso, a partir de la discusión de una nueva agenda de políticas públicas y con un enfoque fresco de ideas.
En el transcurso del proceso de desarrollo democrático en Bolivia, se han registrado sucesivos avances en los procesos de inclusión política de la mujer así como en la concienciación acerca de la necesidad de aplicar políticas y programas de género, unas en el ámbito de la lucha contra la violencia intrafamiliar y otras en la promoción de oportunidades de mayor equidad en el acceso a servicios y bienes públicos, además de ciertas reformas legales que han acompañado a dichos procesos, fortaleciendo los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres y, sobre todo, ampliando los espacios de participación femenina en las instancias de decisión del Estado.
Quizá el logro más rescatable de estas experiencias lo sea la instalación de la problemática de la mujer en el debate político y la agenda pública. A partir de lo alcanzado en estos años, en el país simplemente ya no es posible ignorar esta temática o soslayar las demandas y reivindicaciones de diversos colectivos de mujeres, que de una u otra forma han contribuido a enarbolar la cuestión de la equidad de género como un componente necesario de la construcción democrática y de la equidad social.
Dicho esto, no se puede desconocer que el balance entre expectativas y resultados es bastante pobre, especialmente en términos de cambios reales en las condiciones de vida de las mujeres bolivianas. Es cierto que actualmente hay muchas más mujeres ocupando importantes espacios de decisión política, pero ello no se ha traducido en más y mejores políticas a favor de la mujer y la equidad de género. Por el contrario, los problemas más acuciantes relacionados con el empleo y las condiciones laborales, la sanidad y la salud reproductiva, las oportunidades de educación y capacitación, el acceso a otros servicios básicos como el transporte público y la vivienda, la seguridad en el hogar y en las calles, las relaciones intrafamiliares, permanecen relegados y sin atención efectiva.
Se advierte, incluso, un considerable retroceso en varias de las políticas y programas que en años anteriores se pusieron en vigencia para atacar tales problemas. Un caso notable, en ese sentido, es el notorio debilitamiento en los esfuerzos estatales de lucha contra la violencia familiar. Los indicadores relacionados con este tipo de violencia son alarmantes y tienden a agravarse.