Coy 392 – El rezago competitivo de la minería boliviana

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Cuando desde el Ministerio de Minería se dan ciertas señales de apertura hacia la inversión extranjera en minería, vale la pena poner sobre el tapete algunos de los problemas que son de inexcusable tratamiento sí, realmente, se quiere remover los obstáculos a la inversión minera. En ese sentido, interesa muy especialmente ver cómo compara Bolivia con otros países latinoamericanos. Al respecto, la Encuesta de Minería 2017, del Instituto Fraser de Canadá , contiene información valiosa. La encuesta del Fraser recoge las opiniones de expertos y ejecutivos de empresas. Su informe anual es considerado como la referencia más seria e influyente en información relativa al atractivo de los países para captar inversión en minería.

Desgraciadamente, la valoración de la situación boliviana no ha mejorado con relación a los años anteriores., y en algunos aspectos ha empeorado. Así, en el Índice de Atractivo de Inversión, el puntaje que obtiene Bolivia es, 48 puntos menos que Chile, 40 puntos menos que Perú,30 puntos menos que México, 23 puntos menos que Colombia, 22 puntos menos que Brasil, 19 puntos menos que Ecuador e incluso 3 puntos menos que Venezuela.

Otro indicador relevante es el Índice de Percepción de Políticas, que evalúa las políticas y los factores políticos que afectan a las decisiones de inversión. En esta segunda medición, Bolivia logra un puntaje que es 48 puntos menos que Perú, 40 puntos menos que Chile, 25 puntos menos que México, 15 puntos menos que Brasil, 4 y 2 puntos menos que Colombia y Ecuador, respectivamente.

El Índice de Atractivo de Inversión conjuga tanto el potencial minero de los países como la percepción de la aptitud de las políticas gubernamentales para captar inversiones, evaluándose aspectos tales como la regulación ambiental y laboral, el régimen tributario, las barreras arancelarias, la estabilidad política, el sistema legal y el grado de incertidumbre en la aplicación de las normas, la protección de los derechos mineros, la infraestructura, la información geológica, la habilidad y experiencia de la fuerza laboral. Se trata, entonces, de una medición que cubre el conjunto de condiciones esenciales para quienes toman decisiones de inversión.

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El informe Fraser refiere que la percepción de la calidad de las políticas mineras tiene una incidencia de más o menos 40% en las decisiones de inversión, mientras que el 60% reflejaría la valoración del potencial económico de los yacimientos mineros.

Inseguridad jurídica

Y si de barreras para la atracción de inversiones se trata, forzosamente se debe hablar del lastre de la inseguridad jurídica. Desde ya, en el indicador de Régimen Jurídico del ranking mundial 2017, Bolivia califica, una vez más, en los últimos lugares (el puesto 88 entre 91 países y distritos evaluados), y a considerable distancia de las posiciones que ocupan otros países sudamericanos. Lo cual sugiere la poca confianza que el sistema legal boliviano inspira, y que por cierto no debe sorprender a la vista del marcado contraste entre la legislación que aplican los países vecinos –con amplias garantías y facilidades para la inversión, sobre todo por la figura de la concesión minera-, y la situación prevaleciente en Bolivia de precarización y vulnerabilidad del derecho minero.

Por si fuera poco, en el índice de Regulación Laboral, Bolivia queda nuevamente rezagada a los últimos 3 lugares del ranking mundial 2017.

Baja rentabilidad de las operaciones mineras

Los costos emergentes del régimen impositivo vigente, que incluyen el IUE de 25%, la alícuota adicional al IUE de 12.5%, el IVA, IT y la regalía minera, determinan que la rentabilidad de las operaciones mineras en Bolivia sea mucho menos atractiva que en otros lugares de la región. Al respecto, Nogales (2015)2 realizó cálculos en base a los estados financieros de las empresas de la minería privada y halló que la utilidad neta (después de todos los impuestos) es 71% más alta en Perú; 57% más en México; y 31% más en Chile. Estos países, además de sus ventajas normativas y en seguridad jurídica, poseen un indudable atractivo desde la perspectiva de la rentabilidad minera.

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El informe Fraser corrobora esta impresión. Mientras Bolivia ocupa el puesto 88 en el Indicador de Régimen Fiscal, el vecino Chile califica en el número 20, Perú en el puesto 43, las provincias argentinas Salta y Jujuy en los puestos 43 y 51 respectivamente, México en el 73, Colombia en el 70.

Cerrar brechas con los países vecinos

A la vista de los datos anteriores, queda claro la inseguridad jurídica y los altos impuestos no solo que reducen la competitividad de la minería boliviana sino que son barreras formidables para captar el interés de las compañías internacionales. Son, qué duda quepa, cuellos de botella que hacen que la minería boliviana se sitúe desventajosamente con relación a la minería de Chile, de Perú de México o Brasil y también con países de menor tradición en la explotación de metales como son Argentina, Ecuador y Colombia, en el propósito de captar inversión minera.

Quizá ello ayude a entender por qué la corriente de inversiones sigue fluyendo hacia estos otros países, en tanto que en Bolivia son deficitarias y escurridizas.

Por cierto, las opiniones de los ejecutivos de compañías mineras no dejan duda en cuanto a que el factor primordial que ahuyenta las inversiones es la inseguridad jurídica y, ante todo, la precariedad extrema del derecho minero.

En ese sentido, si de verdad queremos unirnos al grupo de economías atractivas para la inversión minera, lo menos que debemos hacer es aproximarnos a la situación que exhiben estos países en cuanto a política minera y establecer un género de condiciones básicas que hagan que la minería boliviana pueda compararse y se ponga en un plano de mayor simetría en cuanto a ventajas y beneficios para la inversión minera. He aquí el gran desafío de la política minera nacional.

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