El sistema judicial cuenta con 436 juzgados asentados en las 10 ciudades principales del país, lo que se traduce en un juzgado por cada 26.604 habitantes, según estudio de la fundación Milenio • En las ciudades del eje central, el promedio anual de casos suman cerca de 500 cada por año.
El derecho de acceso a la justicia establecido y protegido por la normativa vigente no guarda relación entre las condiciones que se presta este servicio y las exigencias de la población. Mientras se acelera el aumento de las causas, el número de juzgados se mantiene por debajo de las necesidades reales sostiene un estudio recientemente publicado por la Fundación Milenio.
Según la estadística disponible al 2014, el citado documento refiere la existencia de 436 juzgados, asentados en las 10 ciudades principales del país, lo que se traduce en un juzgado por cada 26.604 habitantes. Además de este registro estadístico, debe considerarse que la población crece y consiguientemente aumentan las causas judiciales, mientras la cantidad de juzgados se ha mantenido igual por años, con el efecto de una preocupante sobrecarga procesal y acumulación de causas pendientes.
El análisis de Milenio da cuenta que el resultado de las actuales condiciones en que se desenvuelve el sistema de justicia hace que el número de casos por juez no haya dejado de aumentar, alcanzando un promedio nacional de 2.470 casos por juez, en la instancia de Instrucción Cautelar Penal. “Pocos países en el mundo deben presentar cifras de una concentración tan grande de causas en tan pocos funcionarios judiciales”, comenta el documento de Milenio.
Por otra parte, el número de fiscales en todo el país creció en 2%, insuficiente frente al crecimiento de las causas que aumentaron un 13.5%, durante ese mismo período (2014) según refiere el estudio.
“Como consecuencia del desbalance entre el crecimiento de las causas y el exiguo aumento de fiscales, el número de causas que debe atender un fiscal tiende a subir, hasta alcanzar proporciones irracionales. Así, el número de causas por fiscal (como promedio nacional), en las nueve capitales de departamentos, había subido de 165 a 179 causas”, señala el documento.
Por otra parte, un estudio realizado por la Fundación Construir, también citado por Milenio, estima que cada fiscal adscrito a una ciudad-capital, lleva en promedio 3.5 causas por semana, cifra que podría ser tres veces más, si se toma en cuenta que en las ciudades del eje central el promedio anual de casos suman cerca de 500.
DEFENSORES PÚBLICOS SOBRECARGADOS
Por la Ley de Defensa Pública, el Estado tiene la obligación de proporcionar defensa técnica penal a todo imputado carente de recursos económicos y a quienes no designen abogado para su defensa. Para ello se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, que está dedicado la prestación de este servicio en todo el país. Su existencia es de 66 defensores públicos.
Según datos del Consejo de la Judicatura, refiere Milenio, “las causas resueltas en todas las materias judiciales tan sólo alcanzan al 31% de las causas ingresadas, mientras que las pendientes llegan al 69%. O sea, de cada tres causas atendidas, al menos dos quedan pendientes. El aumento de causas pendientes es una tendencia constante, que en materia de Instrucción Cautelar puede llegar fácilmente a 85% e incluso por encima del 90% en las materias de Ejecución Penal y Administrativo-Coactivo Fiscal”.
Por otra parte, las imputaciones formales presentadas en 2017 alcanzaron a 20.670 en todo el país; las sentencias dictadas por los tribunales fueron de apenas 874; esta cifra representa un escaso 4% del número de imputaciones señala el mismo estudio. En este contexto, el trabajo de Milenio atribuye a esta deficiencia una de las razones del hacinamiento en las cárceles, llenas de gente carente de recursos para asumir su defensa en los tribunales de justicia y poder hacer valer sus derechos.
7 de febrero de 2018
Fuente: El Diario
