El economista Germán Molina advirtió que el segundo aguinaldo no solamente afectará al empleo, sino que precipitará el cierre de empresas, mientras que la Fundación Milenio evaluó que la medida beneficiará al 14 por ciento de la población asalariada, por lo que cuestionó su exiguo carácter redistributivo.
“Según principios y fundamentos económicos no correspondería la otorgación de un segundo aguinaldo, porque el país registra balances deficitarios que permanecen durante tres años seguidos y ponen en riesgo la estabilidad económica, vigente desde mediados de la década de los ochenta”, dijo Molina, en entrevista concedida a EL DIARIO.
De su parte, el ministro de Economía, Mario Guillén, minimizó el impacto de la medida en el sector productivo y sostuvo que el decreto 1802 dinamizará la economía, principalmente en el sector comercial.
Está pendiente una reunión entre la empresa privada y el presidente Evo Morales. Muchos sectores productivos señalaron que no hay margen a la negociación, porque el Gobierno asumió una decisión “política y electoralista” con el segundo aguinaldo, el pasado 1 de Mayo.
COSTOS
Molina añadió que, en el año en curso, los empresarios continuaron ajustando sus costos para atenuar la elevación de las planillas de sueldos y salarios, por los excesivos incrementos anuales, como el salario minino nacional y el segundo aguinaldo. En previsión de ello, despidieron personal, postergaron proyectos en ejecución y suspendieron definitivamente el estudio de nuevos proyectos, para mejorar su competitividad, tomando ventaja respecto a las empresas extranjeras y otros simplemente buscando sobrevivir.
Según el economista Gonzalo Chávez, el costo laboral se elevará este año en alrededor del 14 por ciento. El impacto neto en la planilla salarial del beneficio fue estimado en 8.33 por ciento. El asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio, José Gabriel Espinoza, explicó que el doble aguinaldo no es redistributivo, porque llegará a trabajadores ya beneficiados, ampliando la brecha existente en relación a los empleos informales o cuentapropistas.
SOLVENCIA, LIQUIDEZ Y UTILIDADES
Con relación al sector público, Molina señaló que sólo deberían beneficiarse las empresas públicas que tienen utilidades, solvencia y liquidez.
Ejemplificó que el sector minero estatal, que está con dificultades, no es racional que esté en condiciones de otorgar el beneficio, así como las instituciones pertenecientes a la administración central, así como las instituciones descentralizadas que se financian con impuestos, las cajas de salud que se financian con los aportes de los asegurados, las gobernaciones y municipios con impuestos, a la vez que sus cuentas fiscales no son suficientes para incurrir en un gasto adicional.
La aplicación generalizada de la medida, en la que se incluyen la mediana y microempresa, pondrán en riesgo la estabilidad económica del país, terminó exponiendo Molina.
25 de octubre de 2018
Fuente: El Diario
