El ingreso de diversidad de productos que van desde motorizados hasta celulares, pasando por alimentos y medicinas, da una idea de la magnitud del problema. Estos dos factores se han convertido en las principales causas para que la industria y el comercio legal en Bolivia confronten dificultades económicas, tanto por la competencia desleal de los que evaden las cargas impositivas, como por una falta de comprensión ciudadana que adquiere productos ilegales.
Pese a los reclamos permanentes de los empresarios, la tolerancia hacia estas actividades irregulares se mantiene, no obstante, el daño que también sufre el Estado. Bolivia registra uno de los más altos índice de informalidad en Sudamérica y está situada muy por encima del promedio latinoamericano. De acuerdo con estimaciones recientes, la población ocupada en el mercado informal estaba en torno a 80 por ciento e incluso bordeando 10 puntos porcentuales por encima, según la Fundación Milenio.
En cuanto al contrabando, existen pasos fronterizos perfectamente identificados y lugares donde los contrabandistas reciben cobijo. En la frontera con Brasil hay decenas de puntos por donde se filtra el contrabando. Con Argentina son bien conocidos los lugares y los métodos, teniendo como punta de lanza a los llamados “bagayeros” que actúan sindicalmente en sus actividades. En la frontera con Perú, en el sur se trafica con productos diversos, desde plásticos hasta fruta y otros productos alimenticios, y en el norte se trafica con oro.
La mayor carga de contrabando viene de Chile, con más de un centenar de lugares utilizados por los contrabandistas. Según informe de autoridades, solamente el paso fronterizo entre Pisiga y Buena Vista, tiene ocho pasos de ingreso del contrabando. La Fuerzas Armadas identificaron 112 puntos de ingreso ilegal en 700 kilómetros de frontera con Chile con los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.
El contrabando se ha incrementado como consecuencia de los altos precios que se mantienen Bolivia, mientras en los países vecinos se abarataron los costos. Productos de toda clase se venden en los mercados, desde locotos (Rocotos) del Perú, uvas chilenas papa y verduras, hasta arroz, azúcar, conservas y otros, que llegan de Argentina y Brasil. El sector agroindustrial de Santa Cruz demandó con urgencia al Gobierno un conjunto de medidas de salvaguardia para proteger la industria nacional ante el creciente contrabando de alimentos, agravado por la devaluación monetaria en los países limítrofes.
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, los sectores productivos de Santa Cruz están ante la imposibilidad de competir con bienes que masivamente ingresan al país. El gobierno ha movilizado a la Aduana que recibe apoyo de efectivos militares para controlar algunos puntos fronterizos, y constantemente se anuncian acciones concretas. Desgraciadamente, la tolerancia al contrabando se incrementa.
En cada ciudad de Bolivia existen uno o más “mercados negros” donde se vende todo, desde alimentos hasta artículos robados; productos de alta tecnología, electrodomésticos computadoras, vehículos y toda una gama de ropa usada y nueva. Allí nadie pide factura. Todos los intentos por frenar esta práctica han fracasado, debido a que son simplemente acciones aisladas, ocasionales, que no desaniman a los contrabandistas, que algunas veces han respondido violetamente a las acciones legales de la aduana. Muchas veces las propias autoridades han denunciado que la gente de algunos pueblos fronterizos actúa en concomitancia con los contrabandistas o son parte activa de esta actividad ilícita. Varias instituciones internacionales dedicadas a los estudios económicos consideran a Bolivia como uno de los países de mayor evasión fiscal.
13 de julio de 2018
Fuente: Jornada
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