En el último tiempo se publican y se conocen algunas calificaciones de organismos internacionales, relacionados con índices de producción minera en Latinoamérica, también hay indicadores especiales sobre el funcionamiento de «Sistemas Legales» consignados en un ranking mundial relacionado con las actividades mineras que por supuesto consignan el importante movimiento de millonarias inversiones en este sector productivo.
Como lo señala la referencia con nuestro país, una de las barreras para la atracción de capitales es la inseguridad jurídica, «un lastre para Bolivia». A propósito del tema el ranking del Sistema Legal, sitúa a nuestro país entre los últimos lugares, el 79 entre 83 países evaluados a 4 del último y con mucha diferencia de posiciones que ocupan otros países sudamericanos y varios vecinos nuestros.
Una explicación a propósito del tema, muestra la poca confianza que el sistema legal boliviano inspira entre los inversionistas, añadiendo que este hecho no debe sorprender a la vista del marcado contraste entre los países vecinos, sus legislaciones y sus programas de geología regional, pero además deben considerarse elementos tales como las disposiciones regulatorias, el caso de orden tributario con impuestos competitivos, pero sobre todo la estabilidad de un sistema minero que ofrezca condiciones para alentar las inversiones especialmente en exploración minera y que no sean avasalladas.
Para que no existan dudas, una publicación de la Fundación Milenio incluye un reporte anual del Instituto Fraser de Canadá, que a su vez recoge las opiniones de expertos y de ejecutivos de empresas, clasificando a los países según su atractivo para captar inversión minera.
«La valoración de Bolivia en la última medición anual continua siendo tan mala como en los años anteriores», según el informe señalado, se ha vuelto poco atractivo y a nivel mundial se encuentra entre los últimos del ranking pertinente.
No hay decisiones
En lo que corresponde a las regulaciones sobre la materia, se recuerda que el sector empresarial de manera general, pero el de la minería especialmente han demandado al Gobierno la suficiente «seguridad jurídica» para que la inversión llegue al país, sin embargo no hay medidas concretas que demuestren esa intención que en algún momento se prometió aplicarla, pero no sucedió.
Entre resultados de las visitas que efectuó el Mandatario boliviano a varios países, ofertando condiciones propicias para las inversiones, tuvo una respuesta de la diplomacia europea que observó la ausencia de normas que permitan la llegada de inversiones. El Gobierno promulgó una Ley de Inversiones, como también promulgó la Ley 535 de Minería y en los hechos resulta que ninguna tiene su reglamentación apropiada, por lo mismo se insta al Ejecutivo trabajar en ese sentido para dotar al país de las condiciones más favorables para la atracción de inversiones.
Tratándose de inversiones mineras, la competitividad es muy amplia, permitiendo que gobiernos y empresas de los países vecinos tomen ventaja sobre el nuestro, ofertando atractivas condiciones y estímulos legales para interesar a inversionistas en la incursión de capitales y tecnología, situación que debe ser observada y en su caso imitada por nuestro sistema financiero para ser operable y abierto al interés nacional e internacional de inversiones.
10 de mayo de 2019
Fuente: La Patria
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