Bolivia enfrenta un nuevo escenario regional y mundial (con precios internacionales del petróleo menores), que obliga a reorientar la política sectorial desde la maximización de ingresos para el Estado a la apertura de mercados para el gas natural y la mayor inversión en exploración y explotación, como sus nuevos objetivos primordiales. Ello, además, en un contexto en el que los proyectos de industrialización del gas natural no aparecen como una posibilidad sustituta de generación de recursos fiscales para el país.