Un nuevo estudio de la Fundación Milenio “El capital constructivo, la inversión extranjera en Bolivia”, presenta una valiosa contribución al importante rol de la inversión del exterior en el país. Es un tema polémico, pues, la narrativa política boliviana de los últimos 80 años se ha basado en el mito de que somos pobres por culpa de los extranjeros que roban nuestros recursos naturales. Sin embargo, nuestro desarrollo estará siempre limitado si continuamos promoviendo el rechazo a la inversión, en vez de crear las condiciones adecuadas para atraerlas y que beneficien a Bolivia en su conjunto.
La misma fundación había presentado anteriormente un estudio sobre lo que llamaron el capital corrosivo, aquel que llega de empresas vinculadas a regímenes autoritarios para aprovechar nuestras debilidades institucionales y, mediante la corrupción, obtener ventajas a través de contratos públicos que les aseguran ganancias fáciles, a costa del erario público. Esta es una experiencia reiterativa en la experiencia cotidiana, aunque no se da solo con los extranjeros sino en prácticamente toda la relación entre el estado y sus ciudadanos, por lo que la causa es la falta de estado de derecho y de institucionalidad.
En este nuevo estudio Milenio nos habla del capital constructivo, aquel que se refiere a la “capacidad de implementar sistemas de gestión integral que articulan la dimensión económica-financiera con las dimensiones social y ambiental. Este enfoque de integralidad se refleja tanto en la misión y visión de las empresas como en la estructura organizacional y con la que manejan sus operaciones, configurándose un esquema de gobernanza empresarial eficiente”.
Lo cierto que es más allá del discurso político/estatista/populista, la inversión extranjera captada principalmente en los años noventa, ha sido el fundamento de la llamada bonanza económica que hemos experimentamos entre los años 2006-2014. Sin las reservas de hidrocarburos y los proyectos mineros que se desarrollaron en la última década del siglo XX, el supuesto milagro económico no hubiera tenido recursos.
Estas inversiones trajeron consigo múltiples ventajas, tales como la escala del capital disponible, especialmente el capital de riesgo para la exploración de minerales e hidrocarburos, la tecnología y el conocimiento, fundamental para el éxito en la búsqueda de nuevas reservas, y la generación de un complejo de empresas locales e internacionales que, alrededor de su actividad, crean empleos calificados, forman a nuestro talento humano y propician un ambiente de productividad y competitividad que se impregna de las mejores prácticas internacionales de calidad en la gestión empresarial.
No solo ello, el estudio destaca cómo la inversión extranjera en la adquisición de empresas privadas, que no tienen relación directa con alguna concesión estatal, sino que se desenvuelven en rubros competitivos del mercado, tales como manufacturas y productos de consumo masivo, han tenido un impacto positivo no solo en el crecimiento de estas unidades productivas y la satisfacción de la demanda interna sino en la apertura de mercados internacionales, que, al final debiera ser el principal objetivo de la atracción de la inversión internacional, desarrollar exportaciones que se constituyan en el fundamento de la creación de empleo de calidad para los bolivianos y el progreso de una economía sustentable por la competitividad y el desarrollo del capital humano.
Igualmente valioso, es el capitulo que estudia el caso del impacto positivo de la inversión extranjera en el sector de las oleaginosas, contribuyendo a la adopción de las mejores prácticas agrícolas por parte del conjunto de los productores agropecuarios, lo que constituye la base del crecimiento del sector en las ultimas décadas, generando cientos de miles de empleos y miles de millones de divisas, con un efecto multiplicador que beneficia a toda la economía nacional.
No se trata de realizar apología de la inversión extranjera sino de entender que sin ella nosotros mismo nos frenamos en nuestro desarrollo. Lo que necesitamos es construir una institucionalidad y un estado de derecho que ofrezca condiciones para atraerla, con reglas claras y estables, y, al mismo tiempo, vele que se desempeñen cumpliendo la ley y respetando al ciudadano.
7 de junio de 2022
Fuente:Página Siete
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