Los trabajadores bolivianos han llegado a este 1 de mayo en medio de la peor crisis económica provocada por la pandemia y con la tasa de desocupación más alta de los últimos años que a febrero alcanza a 8,93%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según la Fundación Milenio se perdieron 1.022.249 empleos de forma acumulada con base en datos de Fundempresa, el padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, la encuesta continua de empleo del INE, que registra una población ocupada de 5.856.606, y la encuesta a las micro y pequeñas empresas en los rubros de industria, comercio y servicios. La institución también cruzó la información de las Unidades Económicas Campesinas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que registra aproximadamente 788 mil unidades. Son, según los expertos, cifras históricas, que dan una idea de la magnitud de la caída de la actividad económica a causa de la pandemia.
Sin embargo, lo preocupante es el deterioro que esto significa para la calidad de vida de los bolivianos. El tema del empleo digno ha sido rehuido por décadas en el país; las fuentes de empleo que se consignan son generalmente eventuales y no se ha podido impulsar una política que saque de la precariedad y la informalidad a la mayoría de los bolivianos.
Con la pandemia la situación se ha agudizado en todo el mundo, y Bolivia no es la excepción. En julio del año pasado los niveles de desempleo treparon al 11,56%.
Muchas personas quedaron sin empleo, y una buena parte sufrió reducciones salariales. Las personas que perdieron sus empleos no logran encontrar nuevas fuentes de ingresos y frecuentemente pasaron a engrosar las cifras de la informalidad. Los más afectados con esta situación suelen ser los jóvenes que intentan ingresar al mercado laboral, y las mujeres, que tienen menos reconocimiento por su trabajo y sufren discriminación.
Es, como se puede ver, una situación alarmante. No sólo ha bajado la calidad del empleo, sino que el desempleo se ha masificado, sin que haya una política o propuesta de solución de parte de las autoridades. El incremento que se ha aprobado (2% al salario mínimo) es bajo, pero aún así los empresarios lo consideran excesivo y el diálogo tripartito, entre autoridades de Gobierno, empresarios y trabajadores, otra vez fue imposible.
Se ha venido diciendo desde hace años, pero este diagnóstico demuestra que es imperativo que el Gobierno se ocupe de este tema en estos momentos. Las alianzas público-privadas y la mejora de las condiciones de trabajo para los bolivianos son indispensables en tiempos de crisis.
4 de mayo de 2021
Fuente: Página Siete
