Urge sincerar la política económica, lo que hoy día no parece posible.
En su último informe sobre Bolivia, el FMI advierte que la economía ingresó en una fase de dificultades y riesgos; recomienda ajustes, en especial del gasto corriente e inversión pública, para reducir el déficit fiscal y contener la pérdida de reservas internacionales. El reporte coincide con el informe de la Fundación Milenio 2018. Ambos subrayan urgentes cambios en la política económica para prevenir que se agraven los desequilibrios macroeconómicos.
Para el FMI, Bolivia está en un momento muy complicado. Y si bien destaca que se aplicaron políticas fiscales y crediticias (como expandir la oferta monetaria) para frenar la desaceleración, este enfoque dio lugar a grandes déficit fiscales y externos en la cuenta corriente, lo mismo que a la pérdida de reservas internacionales y aumento de la deuda pública.
Milenio enfatizó la extrema vulnerabilidad de la economía a shocks externos de rebaja de precios de exportación. La caída de precios en 2014, 2015 y 2016 evidenció la fragilidad de los equilibrios macroeconómicos, y sobre todo los déficits externos y fiscales significativos, que se traducen en mayor endeudamiento y pérdida de reservas internacionales. En 2017, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a 6,4% del PIB, en tanto que el déficit del Sector Público No Financiero representó el 7,8%. Financiar estos déficits supuso subir el endeudamiento externo público de $us 2.160 millones, para un endeudamiento público total de $us 19,1 mil millones.
El FMI elogia la decisión de contener la inversión pública, que ayudaría a reducir el déficit fiscal en el mediano plazo, pero anota el poco impacto de esta medida, remarcando que “el gran déficit fiscal actual y la pérdida de Reservas Internacionales justifican un mayor ajuste de las políticas para restablecer el equilibrio externo y limitar la acumulación de vulnerabilidades”. Al FMI le preocupa que el rendimiento del gasto público tiende a ser decreciente. Como se sabe, el Gobierno optó por seguir estimulando la demanda agregada vía gasto fiscal, por la cual, y a pesar de una cierta disminución del gasto corriente y la inversión pública, forzada por la baja de ingresos de exportación, ambos ítems se mantienen altos, produciendo el elevado déficit fiscal de los últimos cinco años, y, por consiguiente, la pérdida de reservas internacionales y el aumento de la deuda pública, que son las formas de financiar el saldo deficitario de las cuentas del Estado.
El resultado de esto es que la economía crece a menor ritmo y con un costo fiscal cada vez mayor: a mayor déficit fiscal, menor crecimiento. Para el FMI, una parte importante del abultado gasto público está en los préstamos que el Banco Central por decisión política concede a las empresas estatales, y con rendimientos mayormente negativos, por lo que urge al Gobierno frenar los préstamos a empresas estatales y restablecer la independencia del BCB.
El FMI subraya los problemas de competitividad externa, en especial para las empresas nacionales, por el tipo de cambio fijo y el continuo y elevado incremento salarial. Milenio dice que dicho tipo de cambio generó una significativa apreciación cambiaria, restándole competitividad al sector productor, para el que es mucho más difícil competir con las importaciones y el contrabando e incursionar en mercados externos. Se suma la política de incrementos salariales sostenidos y el doble aguinaldo, que sobredimensionan los costos laborales sin la contrapartida de mejoras de la productividad laboral.
Milenio insiste en que más allá del efecto de la volatilidad de los precios de exportación, la economía empezó a evidenciar problemas estructurales de oferta en renglones productivos claves, como minería e hidrocarburos. “Incluso en un escenario de recuperación de los precios de exportación, no se puede subestimar la gravitación de factores estructurales que limitan sus efectos benéficos. Así, la falta de inversión en minería e hidrocarburos —un verdadero cuello de botella— conlleva el agotamiento de reservas mineras y de yacimientos hidrocarburíferos, determinando una severa restricción para la capacidad productiva de dichos sectores, cruciales por su contribución al crecimiento global de la economía”.
El FMI advierte que los principales riesgos se relacionan con la incertidumbre política en torno a las elecciones de 2019, la incapacidad de reducir la inversión pública según lo previsto y las conmociones relacionadas con el precio de las materias primas, incluida la falta de descubrimiento de nuevos campos de gas natural. Un ejercicio de proyección macroeconómica de Milenio para los próximos dos años muestra un panorama aún más delicado para la sostenibilidad fiscal, por la continua pérdida de reservas internacionales y el aumento de la deuda pública.
Henry Oporto es sociólogo
2 de enero de 2019
Fuente: La Razón
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