Un estudio de la Fundación Milenio advirtió que con el nuevo Sistema de Pensiones los trabajadores deberán aportar más, pero recibirán menos dividendos para su jubilación.
Milenio indica que la ley bajó el límite de 70 por ciento a 60 por ciento del salario para acceder a una pensión de vejez y la edad de 65 a 60 años, con la consecuencia de haber provocado un súbito aumento del número de jubilados, pero con pensiones más bajas.
En el período 1997-2010, con la entonces Ley de Reforma de Pensiones se jubilaron 29.745 personas (un promedio de 2.808 personas por año). Ya con la vigente Ley 065, hasta el año 2016, se han jubilado 102.546 personas; esto es, 72.801 entre 2011 y 2016 (un promedio de 14.560 personas por año). Esto significa que en los últimos cinco años el número total de jubilados se ha triplicado y el ritmo anual de jubilación es cinco veces más.
El Sistema Integral de Pensiones respeta los depósitos en la cuenta individual mientras se ahorra, pero el momento en que el asegurado necesita utilizar su dinero para poder jubilarse, su saldo acumulado es transferido a un fondo común para el reparto de pensiones.
La situación de la jubilación en el sector minero, sin considerar la comisión a la AFP, permite observar que el aporte al Régimen de Pensiones, para el caso de un trabajador minero que gana 15.000 bolivianos al mes, se ha incrementado de un porcentaje equivalente al 49,7 por ciento, subiendo de 2.013 a 3.013 bolivianos.
El fenómeno que experimenta el sistema de pensiones es la multiplicación acelerada del número de jubilados con pensiones financiadas por una bolsa común y de modo tal que la pensión ya no depende del ahorro previsional individual, según Milenio.
La preocupación que emerge se relaciona con la capacidad financiera del fondo común destinado al pago de rentas. Puesto que hay más gente que se jubila y que accede a los recursos del fondo, se plantea la duda razonable acerca de la capacidad del fondo puede soportar un incremento tan vertiginoso de obligaciones de pago de rentas, aun cuando el valor monetario individual de las rentas sea menor.
Observaciones de la Fundación Milenio
Milenio señala que el problema radica con el hecho de que la ley ha reducido el límite de 70 a 60 por ciento del salario para acceder a una pensión de vejez, lo mismo que la edad de jubilación: de 65 a 60 años.
El crecimiento del número de jubilados puede, eventualmente, afectar la sostenibilidad del fondo de pensiones. Si esta tendencia continúa, desde el punto de vista financiero la duración del fondo no está garantizada, a menos que un estudio matemático actuarial demuestre lo contrario.
Los riesgos de financiación del fondo común son evidentes, salvo que el Estado resuelva asumir la responsabilidad de hacerlo, repitiendo experiencias del pasado, como ocurrió con la mayoría de los Fondos Complementarios y en especial con el conocido caso Focsap que terminó incidiendo en un aumento del gasto público y que, al final, se tradujo en una presión sobre el déficit fiscal.
24 de diciembre de 2017
Fuente: Los Tiempos
