Bolivia invierte alrededor del 8% de su PIB en educación, uno de los porcentajes más altos de la región. Sin embargo, la crisis educativa es una cuestión crónica, que se refleja en el rezago de los aprendizajes, la baja cobertura en educación inicial, los altos índices de deserción en el nivel secundario, las brechas en el acceso a la tecnología, entre otras manifestaciones.
Una gran parte de los alumnos de primaria y secundaria no adquiere competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas; las falencias de aprendizaje son más dramáticas en las áreas rurales y en establecimientos fiscales y de convenio. Las escuelas adolecen de múltiples deficiencias de gestión pedagógica, lo que incide en la atención real que se brinda al aprendizaje.
La práctica docente gira alrededor de métodos transmisivos de contenidos y no de desarrollo de competencias. La preparación de los maestros no se adapta a las exigencias del mundo moderno, evidenciando falta de metodologías pedagógicas activas e incorporación de herramientas modernas. También la educación técnica y superior está lastrada por métodos anacrónicos y no se vincula lo suficiente con las realidades productivas y laborales locales, lo que incide en la calidad y utilidad de la enseñanza.
Estos y otros aspectos ponen de relieve el atraso educativo que se arrastra por décadas. A pesar de muchos cambios y de intentos de reformar el sistema educacional, la situación básicamente no se ha modificado. El rezago educativo es uno escollo formidable para el desarrollo nacional, así como para la reducción de la pobreza y la desigualdad social.
Compromiso del liderazgo político
Urge pues dar pasos firmes y certeros para edificar una educación moderna, del siglo XXI, tanto en sistema público como en la educación privada. Este es un desafío impostergable que debe convocar a toda la sociedad. Y, en primer lugar, a los candidatos presidenciales que intervienen en las elecciones de este año y que buscan el respaldo ciudadano para sus aspiraciones y planes de gobierno. Como líderes políticos, y como representantes de corrientes de opinión, tienen la responsabilidad de marcar la dirección y las pautas generales de la política educacional en el futuro inmediato.
Por ello, y recogiendo las recomendaciones del reciente Foro: Cambios en la política educativa. El reto de la calidad educativa , la Fundación Milenio insta a los candidatos presidenciales a tomar iniciativas y acuerdos para traducir su compromiso con la educación en un gran pacto político dirigido a mejorar la calidad educativa, que, sin duda, es el problema crucial de la educación boliviana.
Este pacto debe partir del reconocimiento de que la cualificación y el fortalecimiento del sistema educativo nacional es una cuestión vital y decisiva para impulsar nuestro capital humano, y, desde luego, para que las nuevas generaciones dispongan de oportunidades ciertas de desarrollar sus aptitudes y talentos y, consiguientemente, para aspirar a un futuro más próspero, de logros personales y realizaciones colectivas.
Constatamos que las ofertas electorales de los candidatos, más allá de sus diferencias, convergen en la identificación de muchos de los problemas en la educación boliviana, así como en determinadas líneas de acción. Estas coincidencias son plausibles, y pueden ser el cimiento de un acuerdo político al más alto nivel, para encauzar un proceso de cambios educativos como una política de Estado, arropada y sustentada por un amplio apoyo político y social.
Políticas prioritarias
Proponemos tres grandes políticas de mejora de la calidad educativa, en las cuales debería focalizarse el trabajo del Ministerio de Educación, y asignarse con prioridad recursos financieros públicos y los esfuerzos técnicos y profesionales, además de promoverse la coordinación y cooperación entre los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal.
1. Elevar la calidad de los aprendizajes:
– Aprendizaje y reforzamiento de la lectura comprensiva en todos los niveles educativos.
– Cambios curriculares que estimulen el uso de metodologías activas por parte de los docentes y de modo que los estudiantes adquieran capacidades de aprendizaje autónomo y en equipo.
– Un sistema de evaluación permanente de resultados académicos, con amplia divulgación pública y con medidas eficaces para retroalimentar las prácticas docentes y apuntalar la gestión educativa.
2. Ampliar la cobertura y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo:
– En la educación inicial, con apoyo del Bono Juancito Pinto a las familias.
– En el nivel secundario, con un enfoque productivo en la formación que ofrece el bachillerato humanístico e incrementando la oferta de bachilleratos técnicos.
3. Mejorar la formación docente:
– Cambios en los contenidos de la formación inicial y continua que actualicen los conocimientos de los profesores con los aportes de las neurociencias, las nuevas metodologías y las tecnologías digitales.
– Reorientación y ampliación de los incentivos para un desempeño eficiente de la profesión docente.
Estas y otras acciones pueden y deben ser llevadas a la práctica en el período 2025-2030. Su concesión y eficacia dependerá en gran medida de la calidad del liderazgo político y técnico en el sistema educativo nacional. No obstante, un acuerdo político podría ser la garantía de que los cambios habrán de darse y desenvolverse, avanzando en resultados y progresos acumulativos.
También debería una señal fuerte que movilice a la sociedad civil y la opinión pública, y en particular a los actores del proceso educativo: profesores, estudiantes, padres de familia y organizaciones educativas.
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